Pidió la Codehum a Miranda promover la legalización de la Policía Comunitaria

* La Comisión analizó quejas de personas sancionadas por la organización indígena, y concluyó que vulnera los derechos humanos de los detenidos 

De la corresponsalía, Chilpancingo * Desde diciembre del año pasado, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) envió una recomendación al secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, a quien le pide realizar las gestiones necesarias para que el Congreso local promueva una ley que dé vida jurídica a la figura de la Policía Comunitaria para que se regule la actuación de dicho cuerpo policiaco y evitar que cometa violaciones a las garantías individuales en agravio de habitantes de aquella región.

La recomendación señaló una fuente de este organismo de derechos humanos, no fue acatada por el funcionario estatal quien ya envió en esos términos la contestación a la Codehum.

La recomendación 042/2001 que envió la Codehum fue el resultado de la denuncia que interpuso ante este organismo Amado Cortés Mendoza quien señala al presidente de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas y comisario municipal de Pascala del Oro (del municipio de San Luis Acatlán) José Guadalupe Navarrete Chávez y Loreto Carvajal Eulalio, comandante de la Policía Comunitaria, de haber violado los derechos humanos de Federico Cortés Martínez y Raúl Luna Cipriano.

Ambas autoridades, dice el documento, fueron acusados de los delitos de detención arbitraria, allanamiento de morada y lesiones en agravio de Raúl Luna Cipriano y Federico Cortés.

El 30 de noviembre, Marciano Martínez Moreno, miembro del comité directivo de este cuerpo policiaco dio a conocer que uno de los detenidos se encontraba en varias comunidades de la Montaña realizando trabajos forzados como sanción que le impusieron al habérsele encontrado culpable y que obtendrá su libertad hasta que concluya su pena.

En la argumentación jurídica que presenta la Codehum sobre la ilegalidad en que opera la Policía Comunitaria en varios municipios de Guerrero, señala que en un país como el nuestro, donde se asegura que hay un Estado de derecho, no tienen cabida estos cuerpos policiacos.

La problemática de las policías comunitarias no estriba en su existencia misma, pues se entiende que su finalidad superior es el mantenimiento de la paz, el orden y la tranquilidad al interior de la localidad, lo que realmente trastoca el régimen de legalidad es el desempeño irregular de sus funciones autoencomendadas, dice el documento de la Codehum.

Y señala: “En un estado como el nuestro que asegura vivir bajo las cauces de la democracia, en estricto derecho la figura de la Policía Comunitaria es inexistente, ya que a dicha figura no le da vida una sola disposición legal”.

Indica que en estricta atención a los numerales trascritos, se tiene que en las detenciones y sanciones aplicadas por las policías comunitarias se vulnera la garantía de audiencia, puesto que a los individuos les es nugatoria la posibilidad de ser oídos y vencidos en juicio.

La recomendación de la Codehum afirma que muchas veces las policías comunitarias realizan sus acciones cometiendo ilícitos, su participación en la prevención de delitos, investigadoras de los mismos e impositoras de penas, haciendo las veces de agentes del Ministerio Público, jueces y encargados de la readaptación social, por lo que se torna urgente el adoptar medidas encaminadas a eliminar dichas prácticas en aplicación estricta del derecho.

Y el informe concluye diciendo que las detenciones de Amando Cortés Mendoza, Federico Cortés Martínez y Raúl Luna Cipriano son claras evidencias de que sufrieron violaciones a sus derechos humanos.

En la misma recomendación que le envió la Codehum a Miranda Añorve le pide su intervención ante la denominada Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas y Comité Ejecutivo de la llamada Policía Comunitaria para que en caso de que tengan privado de su libertad a Amando Cortés Mendoza sea liberado o puesto a disposición de la autoridad competente en el supuesto caso de que exista orden de captura.

La recomendación de la Codehum fue rechazada por Miranda Añorve, aunque esto no fue dado a conocer públicamente por dicho organismo.