Bajan indígenas a pedir la libertad de los policías comunitarios en San Luis Acatlán

* Seis horas de tensión por la vigilancia de policías judiciales del estado que dispararon un tiro al aire frente a los manifestantes * Los indígenas intentaron desarmar a un judicial, sin éxito * La corporación es ilegal, dice el alcalde Acevedo Rojas, pero reconoce que ha combatido la delincuencia

Maricela Santos, enviada, San Luis Acatlán * Más de 500 indígenas de 20 comunidades mixtecas, tlapanecas y nahuas en San Luis Acatlán marcharon este martes y permanecieron en mitin de más de seis horas frente al Centro de Readaptación Social y el Ministerio Público de esta ciudad, para exigir la libertad de cinco dirigentes de la Policía Comunitaria, detenidos el lunes, que ayer fueron liberados bajo caución.

El disparo de un judicial y un intento de desarmar a otro afuera de la agencia del Ministerio Público fueron parte de los momentos más tensos de la negociación para la liberación de los cinco dirigentes de la Policía Comunitaria, a quienes tras la movilización les tomaron sus declaraciones, con lo cual reconocieron que hubo irregularidades en la integración de la averiguación previa por parte del Ministerio Público (MP) que encabeza Felipe Quintero Campos.

Sin embargo, al cierre de esta edición, continuaban las negociaciones entre la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de la Montaña y Costa Chica, el MP, el juez mixto de Primera Instancia Jacinto Casarrubias Hernández y el alcalde de San Luis Acatlán, Abdías Acevedo Rojas, pues los cinco dirigentes salientes de la Policía Comunitaria se negaban a aceptar la libertad bajo caución y exigían que se revisaran a fondo otras 16 averiguaciones y órdenes de aprehensión contra miembros de esta organización indígena a fin de evitar nuevas aprehensiones injustificadas.

Desde las 8 de la mañana comenzaron a concentrarse en las oficinas de la policía comunitaria habitantes de 42 comunidades indígenas de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Azoyú.

Bajaron de sus pueblos debido a que un día antes seis efectivos de la Policía Judicial detuvieron con violencia en estas instalaciones a Leandro Calleja Natividad, Valente Laureano Arellano, Efrén Cortés Clemente, Alfonso Bello González y Celestino Bravo Carbajal, quienes entregaban en el momento de la detención las comisarías de las comunidades de Pueblo Hidalgo Arroyo Cumiapa y Mihuechán de San Luis Acatlán, así como de Potrerillo El Rincón y Tierra Colorada municipio de Malinaltepec.

La aprehensión de los cinco dirigentes de la Policía Comunitaria derivó de una demanda promovida por Constantina Moran Ramírez y Silvino Encarnación Gabino de la comunidad de Yoloxóchitl de San Luis Acatlán, que los acusaba de privación ilegal de la libertad porque en diciembre pasado, este último fue detenido por la organización indígena por intento de homicidio.

Los policías comunitarios nunca fueron citados a declarar en su defensa y rechazó el Ministerio Público de San Luis Acatlán la revisión del expediente integrado por la organización indígena en donde se probaban los delitos flagrantes en que incurrieron sus acusadores.

Por eso, y para evitar que Morán Ramírez fuese manipulada por el Ministerio Público, la Policía Comunitaria la llevó a las 10:50 horas de ayer a sus instalaciones acompañada de un niño de tres años que se negó a dejar en su casa, lo que impidió que fuera confinada al separo de la corporación indígena. Morán Ramírez permanecía al filo de las 21 horas de ayer en las instalaciones de la Policía Comunitaria.

A las 11 horas, los indígenas marcharon de las instalaciones de la Policía Comunitaria al Juzgado Mixto del de Primera Instancia del distrito judicial de Altamirano –a unos 200 metros– en donde exigieron que el juez Casarrubias Hernández explicara las condiciones en que giró las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes. Casarrubias leyó la demanda y reconoció ahí que sólo dictó la detención en base a la investigación del MP que sólo incluía a la parte acusadora.

Para entonces el reclamo generalizado de los policías comunitarios era que la ilegal detención fue por motivos políticos y que transgredió los derechos humanos y las garantías individuales de los policías comunitarios.

Decían que fue agresivo el ingreso de judiciales a las instalaciones de la organización indígena con el fin de atentar contra el proyecto de seguridad e impartición de justicia de la región que organizaron los indígenas ante las deficiencias de las autoridades de procuración de justicia.

Genaro Vázquez Solís invitó al juez a acompañar la marcha al MP, y el juez Casarrubias Hernández llegó con los manifestantes ante el MP y el Cereso en donde se efectuó una larga negociación, pues supuestamente se tomaría declaración a los detenidos enfrente de todos los manifestantes y delante del abogado del Instituto Nacional Indigenista, Valentín Hernández Chapa, pero como el agente del MP se negó a hacerlo, los cinco dirigentes indígenas fueron liberados bajo caución previa declaración al interior del reclusorio pero sin su abogado, quien se manifestó inconforme con el actuar de las autoridades.

Durante la negociación con el agente del MP exigió el desalojo de sus oficinas, y a las 14 horas llegaron seis judiciales con armas largas conocidas como AR-15, a uno de los cuales intentaron desarmar los indígenas sin lograrlo.

Al las 15:28 horas, los judiciales tiraron un balazo al aire, y uno de ellos señaló que se les escapó un disparo, con lo que revelaron que traían cortado el cartucho del arma.

A las 15:35 liberaron a los cinco dirigentes del reclusorio de San Luis Acatlán, y éstos se presentaron ante el MP para apoyar la protesta de sus compañeros que exigían la revisión de las otras averiguaciones.

A las 16 horas llegó al lugar el alcalde, Abdías Acevedo Rojas, quien reconoció la labor positiva de la Policía Comunitaria a la que le adeuda dos meses del apoyo económico que les comprometió “por falta de recursos”.

Acevedo Rojas dijo que aunque la policía comunitaria “es ilegal” no se puede negar que ha controlado la delincuencia y que es aceptada por la población, pero lamentó que no haya coordinación con el agente del MP de San Luis a quien convenció de dialogar con una comisión de indígenas ya que llevaba seis horas negándose.

El MP, Quintero López argumentaba en tanto que ya había hecho mucho por los dirigentes de la comunitaria al liberarlos “aunque tienen un delito grave, y a pesar de que dejamos en estado de indefensión a la parte agraviada”. “No puede prevalecer la tradición sobre la justicia”, expresó tajante el agente del MP, quien a pesar de que fue llamado vía telefónica por el director de gobernación del gobierno estatal Rey Hilario, hasta el cierre de la edición se negaba a revisar las 16 averiguaciones contra integrantes de la corporación indígena, que sólo exigía respeto a su organización y señalaba que con esta posición violaron el Convenio 169 de la OIT.