Encabeza la Organización Mundial Contra la Tortura campaña por la liberación de Suástegui

*Envían unas 200 organizaciones y defensores de derechos humanos una carta al Poder Judicial de Nayarit, donde está recluido. Envían copia a Aguirre, Martínez Garnelo y la presidenta del TSJE, Lambertina Galeana

Más de 200 organizaciones, defensores de derechos, activistas, académicos e investigadores encabezados por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), urgieron al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto, y al juez primero de Primera Instancia del Ramo Penal de ese estado, Nicolás Ballesteros Villagrama, que analicen el contexto político y la “larga lista de casos de criminalización de los movimientos sociales” en Guerrero, y otorguen la libertad al defensor de derechos humanos y dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, porque no hay pruebas para acreditar el delito de tentativa de homicidio.
“Es una oportunidad del Poder Judicial del estado de Nayarit para demostrar la independencia entre los poderes en este estado, a diferencia de lo que sucede en otros, como en Guerrero en donde dicha independencia se ve comprometida. Prueba de ello son las decisiones de traslado en este caso, emitidas por el Poder Ejecutivo del estado de Guerrero por encima de decisiones de autoridades judiciales, en quienes recaía dicha competencia”, señalaron.
En una carta abierta con copia al gobernador Ángel Aguirre Rivero, al secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y a la presidenta del TSJ del estado, Lambertina Galeana Marín, afirmaron que es de su conocimiento que Ballesteros Villagrama recibió el exhorto 82/2014 para que tome la declaración preparatoria de Suástegui Muñoz dentro del plazo constitucional, quien se encuentra en el CEFERESO 4 de Tepic, que dicho juez es el encargado de resolver su situación jurídica, y que el plazo constitucional concluye mañana viernes 27.
Insistieron en que el dirigente del Cecop fue trasladado ilegalmente a distintos penales “por cuestiones meramente políticas” y violentando su derecho a elegir su defensa bajo “un claro patrón de criminalización”, con el objetivo de debilitar el movimiento de la organización campesina contra el proyecto que fue incluido en el Plan Nuevo Guerrero del presidente Enrique Peña Nieto.
Expusieron que Suástegui Muñoz es el dirigente del Cecop, organización que desde hace más de diez años se resiste a la construcción de la presa en sus tierras ubicadas en el afluente del río Papagayo de Acapulco, y que el 17 de junio fue detenido en Acapulco y puesto a disposición del juez décimo penal de  Adolfo Vanmeeter Roque, pero trasladado al CERESO de La Unión, y el 23 de junio le fue tomada su declaración preparatoria cuando ya estaba en el penal federal de Nayarit.
Agregan que los traslados ilegales se dieron bajo “un claro patrón de criminalización” porque Vanmeeter estaba obligado a analizar exhaustivamente la legalidad del traslado y contravino la decisión del juez segundo de Distrito, Rogelio Josué Martínez Jasso, en el juicio de amparo 543/2014 del 28 de mayo, en el que concedió una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión decretada en contra del dirigente dentro del proceso penal 064-2/2014, “para el único efecto de que en caso de ser aprehendido, quedara a la disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en que fuera recluido en cuanto a su libertad personal se refiere”.
Además, previendo un traslado ilegal a un penal federal, el 17 de junio se interpuso un amparo que recayó en el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Acapulco bajo el número 649/2014-I y la jueza “concedió la suspensión de plano respecto a una orden de traslado”.
Ante este contexto, pidieron a Enríquez Soto y Ballesteros Villagrama, que al momento de resolver su situación jurídica, hagan “un análisis exhaustivo de los detalles de la causa” y le otorguen la libertad porque no hay elementos que comprueben el delito por el que “falsamente se le acusa”, porque en la misma causa penal Vanmeeter Roque decidió que “no hay pruebas para acreditar el delito de tentativa de homicidio” en el caso de la situación jurídica del integrante del Cecop y comunero José Palma Tornez.
“Estamos seguros de que sabrá apreciar los argumentos de esta comunicación y tomar la mejor decisión de acuerdo a lo que establece el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por nuestra parte, nos mantendremos pendientes de la resolución de la situación jurídica de Marco Antonio”, concluyeron.
La carta abierta está firmada por unas 220 organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos y del medio ambiente, coaliciones, federaciones y observatorios, como los Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, así como activistas, catedráticos e investigadores de la UNAM, el Sistema Universitario Jesuita, las universidades de Baja California, Chiapas, Morelos, del ITAM y la Iberoamericana. (Redacción / Acapulco)