Son mujeres el 43 por ciento de los migrantes de Guerrero, entre ellas jóvenes embarazadas, informa Tlachinollan

*De 2007 a la fecha han documentado 17 muertes de menores en campos agrícolas, dice la coordinadora del área de Migrantes, Isabel Margarita Nemecio. Los gobiernos tienen políticas que favorecen la movilidad de los jornaleros para que los exploten, denuncia

Alrededor del 43 por ciento de los migrantes de Guerrero a 17 estados del país, son mujeres, la mayoría jóvenes de entre 15 y 30 años de edad, y es muy frecuente que estén embarazadas, informó la coordinadora del área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Isabel Margarita Nemecio Nemesio.
En la presentación del informe La Montaña de Guerrero tierra de mujeres Migrantes en la Casa de la Cultura, la defensora de derechos humanos indicó que hay un registró similar de menores de edad (42 por ciento), donde se cuentan mujeres embarazadas de 13 y 14 años, que no recibirán una vivienda digna, acceso a la salud, guarderías o estancias infantiles en los campos agrícolas. Al contrario, las tienen en condiciones de hacinamiento y explotación.
Aclaró que no hay una estadística exacta de las mujeres embarazadas, que sí debe tener el sector salud, pero son muy visibles en los surcos de los campos agrícolas, “en un grupo de 25, hay tres o cuatro embarazadas, en diferentes periodos de gestación”.
Aclaró que una política laboral no sólo es que les impidan trabajar; como parejas o hijas de jornaleros asalariados, deben tener garantías. Además, señaló que en las empresas que tienen servicios médicos, los horarios no son flexibles y cuando los jornaleros buscan atención, el personal se ha ido y recurren a médicos particulares, porque los servicios de salud están supeditados a que tengan seguro popular o lleven documentos personales, entre otros requisitos.
También informó que de 2007 a la fecha, han documentado 17 muertes de menores en campos agrícolas, el último caso ocurrió la semana pasada en Silao, Guanajuato, una niña de 4 años, cuyos padres son originarios de Cochoapa El Grande. Pero, aclaró, deben ser muchos más.

Presentan testimonios de discriminación

En la presentación del informe que también contiene un video con testimonios de discriminación por ser mujeres y migrantes, un jornalero indígena denunció que en el Campo El Dorado, en Guasave, Sinaloa, hay más de 2 mil trabajadores, que ya no caben en los cuartos, donde meten 10 o 12 personas. “Las familias se enciman, hay dos o tres familias por cuarto”.
Añadió que en esas condiciones las mujeres no pueden preparar comida, tienen que levantarse con mucha anticipación para preparar alimentos, o dormirse más tarde que los demás.
Asimismo, denunció que la empresa sólo quiere recibir a dos niños por familia y sólo 12 en el camión que los traslade, pero señaló que los menores no pueden quedarse en Guerrero porque no hay quien les dé de comer; “se va toda la familia, la empresa exige que no lleve niños”.
Además, señaló que en los campos no hay atención a las mujeres embarazadas, ni les permiten volver a sus casas para aliviarse.
Margarita Nemecio explicó que como El Dorado operan casi todos los campos agrícolas, donde los contratos no son regulados por la autoridad, “en este caso sí es competencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las secretarías estatales, verificar a las empresas y sus condiciones laborales por temporadas”.
Consideró que si hubiera contratos regulados por el gobierno, los jornaleros tendrían un salario justo, una jornada apegada a la ley y todo lo que tiene que ver con prestaciones, como aguinaldo y pagos para el retiro.
Pero al contrario, dijo que hay retrocesos. Por ejemplo, informó que antes les permitían descanso en días de festivos, pero en esta temporada ya no.
Señaló que son frecuentes las quejas por la falta de pagos de tres días o hasta la mitad de su paga, si no cumplieron los requerimientos del corte de productos, y hay casos más serios de adeudos de una o dos semanas de salario, y otras asociadas a la falta de servicios, acceso a la salud y traslado de enfermos.
Informó que Tlachinollan está acompañando una demanda de 37 trabajadores que hace más de dos años no recibieron su salario de entre mayo y junio, en Guasave, Sinaloa. Explicó que se interpuso una acción urgente, para que las autoridades pusieran atención.

Mano de obra especializada y explotada

En la actividad, se mencionó que Guerrero ocupan el quinto lugar nacional de migrantes que cruzan la frontera, y el primero de los que salen a otra entidad, aunque Margarita Nemecio aclaró que no hay registros fidedignos.
Explicó que de septiembre de 2013 a enero de 2014, Tlachinollan registró que 9 mil 300 migrantes salieron de La Montaña, pero el Consejo de Jornaleros en Tlapa tiene reportes de 18 mil jornaleros, y considerando las cifras oficiales, estimó que en total, hay 35 o 40 mil personas que salen de sus comunidades por empleo. Tiene registro de jornaleros agrícolas en 17 entidades, en el noroeste, centro y bajío.
Puntualizó que la población jornalera de Guerrero es mano de obra especializada, barata que puede ser explotada. Cumplen con los requerimientos mínimos para cortar un tipo de producto, pero también se adapta a condiciones climáticas y genera mecanismos de explotación.
Indicó que pueden trabajar en un invernadero en 35 o 40 grados centígrados de temperatura, en Baja California bajo el rayo del sol, sin equipo de trabajo ni protección, saben que van a ser enganchadas por 120 pesos al día y si se enferman por exposición de agroquímicos durante 15 o 20 años, la empresa ni el gobierno asumen alguna responsabilidad.
Cuestionó que el papel de las autoridades sea certificar el trabajo de los jornaleros, sin verifica sus condiciones laborales y de acceso a la salud.
Asimismo, denunció que los gobiernos tienen políticas que favorecen la movilidad de los jornaleros para que los exploten, cuando los propios migrantes se convirtieron en agencias de colocación, y el sistema de explotación se sigue reproduciendo con la anuencia de programas sociales. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).