Imponer la presa, objetivo de la detención de Marco Suástegui, coinciden activistas

Daniel Velázquez

Defensores de derechos humanos coincidieron en que la detención del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La  Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, tiene la intención de imponer la hidroeléctrica.
En declaraciones por separado al concluir el encuentro de defensores de derechos humanos al que convocó el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Ericka Zamora, Pilar Noriega y Raymundo Díaz Taboada coincidieron con las apreciaciones del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El director del Centro Tlachinollan, Abel Barrera, dijo el martes que con la detención de Suástegui Muñoz el gobierno federal busca debilitar el movimiento opositor contra la presa La Parota.
La sobreviviente de la matanza de El Charco, Ericka Zamora, dijo que el encarcelamiento del vocero “es un mensaje para tratar de inhibir la lucha contra La Parota y es una advertencia para todo el movimiento para desmovilizarlo, y es un llamado para que estemos unidos contra esta represión”.
Pilar Noriega dijo que la detención “tiene un objetivo” y la hacen en el momento en que lo necesitan. Agregó que la lucha del Cecop contra la presa ha sido constante y tratan “de minar la resistencia  de los comuneros”.
Noriega dijo que si el Cecop es un movimiento colectivo va a permanecer aun con la detención de Suástegui Muñoz, porque esa es su fuerza, y podrá haber una desmovilización momentánea pero al final surgirá la fuerza de la comunidad.
Raymundo Díaz Taboada opinó que sí hay intereses políticos en la detención de Suástegui, “creemos que detener la oposición a la Parota” tiene como fin imponer la presa y el otro es castigar al vocero, porque siempre estuvo activo y respondió a la criminalización de la lucha social.
Opinó que se debe mantener la exigencia de la libertad de Suástegui, y el derecho a la consulta de la comunidad que ha dicho que no aprueban ese proyecto.
El Ejecutivo avasalla al Judicial

El visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Hipólito Lugo, dijo que la detención de Suástegui Muñoz es producto de una orden de captura y las autoridades están obligadas a respetar sus derechos fundamentales a un debido proceso, y en este caso al alejarlo del lugar donde está su causa penal se obstaculiza una defensa adecuada.
Denunció que hay avasallamiento del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, porque no toma en cuenta a los jueces para realizar el traslado de los presos aun cuando son ellos los facultados para autorizar el traslado de los detenidos, porque la autoridad ministerial pone a los detenidos a disposición de un juez.
Agregó, que algunos de los jueces “ni siquiera saben” que los reos puestos a su disposición fueron trasladados a cárceles fuera del estado.