Niega el gobierno de Ángel Aguirre una ampliación de presupuesto a la Comverdad

*Informa la comisionada Pilar Noriega que el Congreso y las secretarías de Finanzas y de Gobierno les cerraron las puertas. Exponen en foro los abusos sexuales cometidos por soldados contra mujeres durante la guerra sucia

Daniel Velázquez

El gobierno del estado negó a la Comisión de la Verdad la ampliación de presupuesto que solicitó desde octubre del año pasado, informó Pilar Noriega García, integrante del organismo creado para investigar los crímenes de la guerra sucia.
Durante su participación en una de las mesas organizadas para celebrar el décimo aniversario del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, realizado en la Escuela de Ciencias Sociales de la UAG, Noriega García dijo que “el paso del tiempo va borrando las pruebas que se puedan obtener, el recuerdo de las personas, porque hay quienes no pueden precisar fechas con exactitud, pero eso no significa que no hayan sucedido los hechos”.
En la Comisión de la Verdad “consideramos que le han apostado a que el paso del tiempo, a que quienes sobrevivieron a la desaparición forzada transitoria o familiares y testigos de desapariciones forzadas están falleciendo”, expresó.
Otra de las limitantes a la que se enfrentan es la falta de presupuesto, debido a que prorrogaron seis meses más su trabajo, pues originalmente tenían un plazo de dos años, fecha que se cumplió el 17 de abril, pero al solicitar la prórroga su plazo vence el 17 de octubre.
“Lo que nosotros considerábamos que no iba a ser problema, ahora es un problema, porque nos niegan presupuesto, todavía no nos lo han comunicado por escrito pero verbalmente ya nos lo han dicho”, dijo Pilar Noriega.
La integrante de la Comisión de la Verdad lamentó que el 27 de marzo de este año, en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se haya expuesto ese problema porque pensaban que no tendrían problemas en la ampliación del presupuesto.
“Grave error haber confiado y no haber dicho en la Comisión Interamericana que todavía no teníamos claridad en nuestro presupuesto”, dijo.
Otra de las limitaciones son las cuestiones de seguridad, pues dijo que su oficina en Acapulco resultó con un vidrio roto, después el 28 de enero la camioneta en la que viajaba con Nicomedes Fuentes sufrió una agresión y temen que se ponga en duda la veracidad de ese ataque.
Además, otra integrante de la Comisión de la Verdad, Hilda Navarrete, sufrió una amenaza vía telefónica de alguien que se identificó como parte del cártel de La Familia Michoacana.
“Creo que el Estado que no nos dé ese presupuesto y al Estado tampoco le interese, nos deja a la deriva”, dijo.
Expuso que la desaparición forzada transitoria es un delito que no prescribe y quienes fueron víctimas por parte del Estado mexicano en la década de 1969 a 1979 tienen derecho a la reparación del daño.
Noriega García criticó que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), se dedicó a recabar pruebas de casos de abuso de autoridad para después decirles a las víctimas que el delito ya había prescrito, “fue una posición política de hacer y no hacían”.
Después en declaraciones a reporteros, Noriega García dijo que la recuperación del cuerpo de un guerrillero el pasado 12 de junio fue posible gracias al apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Explicó que desde el 3 de octubre del año pasado solicitaron a la Comisión de Gobierno del Congreso local la ampliación del presupuesto, y ahí les dijeron que para la ampliación de su periodo de trabajo por seis meses más le correspondía al gobierno del estado ampliar el presupuesto, y al hacer el trámite ante la Secretaría de Administración y Finanzas les pidió documentación que debían entregar en poco tiempo, pero después les dijo que no habría más presupuesto porque no habían hecho la solicitud a tiempo.
Luego acudieron a la Secretaría General de Gobierno, donde el martes les dijeron que no les van a ampliar el presupuesto.
Noriega García dijo que ya buscaron una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y están en espera de que el presidente de la comisión, José Enrique González Ruiz, sea atendido.
Agregó que comparado con el presupuesto que ejercen otras dependencias, con “un pelín” podría la Comverdad llegar hasta octubre, e incluso hacer ajustes en la propuesta que presentaron, pero les han cerrado toda posibilidad y por eso la duda de por qué no les quieren dar presupuesto, “¿qué es lo que está pasando?, ¿por qué el gobierno del estado y el Congreso del estado están ausentes a nuestro trabajo?”, manifestó.

Abuso sexual en la guerra sucia

En su exposición, la catedrática de la UAG Claudia Esperanza Rangel Lozano expuso que durante la guerra sucia, mujeres y niñas fueron víctimas de abuso sexual pues se les consideraba como una “extensión” de los campesinos que apoyaban a Lucio Cabañas.
Dijo que también hay casos de abusos sexuales cometidos contra hombres, pero que al igual que las violaciones a mujeres y niñas fueron callados por temor a la estigmatización que podrían sufrir al vivir en comunidades rurales.
Dijo que muchas mujeres y niñas que fueron víctimas de estos abusos por parte de los soldados del Ejército han preferido “borrar y olvidar lo sucedido”.
Dijo que ella sólo ha documentado dos casos de niñas que fueron víctimas de abuso sexual por parte del Ejército, pero hay casos de violaciones tumultuarias en las que toda la tropa abusaba sexualmente de una mujer o casos en los que la víctima era sometida al abuso frente a su marido.
“La andanada de violencia que se ejerció contra la población de Atoyac se centró, en el caso de las mujeres, en la violencia sexual”, dijo.
Explicó que la violencia sexual por parte del Ejército es un delito de lesa humanidad y debe ser asumido colectivamente.
Agregó que en otros países se investiga la violencia sexual que vulneró a mujeres en tiempos de las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y Jorge Rafael Videla en Argentina.
Por separado, Pilar Noriega confirmó que sí hubo casos de violencia sexual contra niñas durante la guerra sucia, e indicó que tienen dos casos y son casos difíciles por las condiciones en que se vivía en las comunidades de la sierra.
En su intervención, Julio Mata Montiel, en representación de la Afadem hizo una relatoría del caso Rosendo Radilla Pacheco, y mencionó las experiencias que vivieron para llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que aún siguen en espera de que el Estado mexicano cumpla con la sentencia.
Indicó que el Estado mexicano no ha cumplido con dos de los resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana, como es la implementación del debido proceso para la búsqueda de Rosendo Radilla y la sanción penal a quienes perpetraron la desaparición forzada.
Dijo que falta voluntad política para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana y reprochó al gobierno que no haya una investigación para localizar los restos mortales de Rosendo Radilla.
Acusó al Estado mexicano de “simulación”, porque no ha cumplido con la sentencia de la Corte Interamericana e insistió en que no se puede considerar cumplida hasta que se encuentre a Rosendo Radilla.