Casos recientes evidencian que la Procuraduría de Justicia sigue practicando la tortura, denuncian

*En un foro del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el abogado Alejandro Ramos Gallegos citó el caso de Suástegui. Hay un contubernio entre agentes del Estado y grupos delictivos, sostiene el visitador de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés. Celebra la organización independiente diez años de existencia

Daniel Velázquez

Los casos de los detenidos por el asesinato de Raymundo Velázquez, de los policías ciudadanos de la UPOEG y de Marco Antonio Suástegui muestran que la tortura continúa siendo una práctica dentro de la Procuraduría de Justicia del estado, denunció el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
Para conmemorar su décimo aniversario el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad organizó un encuentro con defensores de derechos humanos en el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Sociales Derecho Acapulco, de la UAG, al que tituló “Tras una década en contra de la Tortura y la Impunidad, seguimos”.
Las actividades empezaron a las 10 de la mañana y concluyeron después de las 4 de la tarde y tuvieron como característica la indiferencia de los alumnos de la universidad, porque el auditorio tiene capacidad para 168 personas cómodamente sentadas, pero apenas llegaron unas 60 personas y al final sólo permanecieron 24 personas.
En su turno el abogado Alejandro Ramos Gallegos dijo que “últimamente es visible que la Procuraduría está torturando en su interior a través de tres casos, el primero, los detenidos por el caso del asesinato de Raymundo Velázquez que denunciaron que fueron torturados”.
Raymundo Velázquez fue encontrado muerto el seis de agosto de 2013 en un paraje de la colonia Fuerte Emiliano Zapata junto con Samuel Vargas Hernández y Miguel Ángel Solano Barrera; por este triple homicidio fueron detenidos el 23 de septiembre Daniel Ruano García, Uriel Ruano García, Rey David Galeana Pastrana, Salvador del Carmen Vázquez y Gabino García Avilés.
Otro de los casos que mencionó el abogado es el de los policías ciudadanos de la UPOEG que fueron detenidos el viernes 13 acusados de secuestrar a una mujer, por quien presuntamente pedían 3 millones de pesos como rescate pero fueron liberados el 19 de junio porque no se acreditó el delito.
El tercer caso es la detención del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, ocurrida el martes 17.
En los tres casos, dijo el abogado Ramos Gallegos, las víctimas han denunciado tortura y “es coincidente y es creíble”, porque los métodos de tortura son los mismos, “sabemos que sí hay para poder criminalizar principalmente a luchadores sociales”.
Desacreditó lo dicho por el procurador Iñaky Blanco Cabrera, de que no hay tortura contra los detenidos porque no hay un certificado médico que lo avale, porque dijo que la tortura no sólo es violencia física sino que puede ser psicológica y a través de otras formas.
También reprochó la actitud de Blanco Cabrera de defender a los policías ministeriales acusados de cometer actos de tortura en lugar de ofrecer investigar los hechos, “eso es preocupante”, porque lo que se busca es avanzar para erradicar la tortura y ya existen leyes para impedirla “pero para el estado esto es nada”.

“Guerrero vive en conflicto armado”

En un comunicado a propósito de su décimo aniversario, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad señaló que “Guerrero vive en conflicto armado, hay bandos enfrentados, muertos, heridos y desaparecidos, hay territorio en disputa, miles de desplazados, mientras los gobiernos simulan cumplir con promover y proteger derechos a través de programas que eternizan la pobreza y la dependencia y fortalecen el control social”.
“Llevamos dos gobiernos de izquierda que han defraudado a la población, en situaciones normales, en temblores e inundaciones. En el estado, donde defender al PRD costó la vida a más de 300 perredistas, ahora sus dirigencias se pronuncian por la presa La Parota, contra el Cecop, contra la CRAC, contra el movimiento magisterial y a favor de la reforma laboral del sector educativo. Cada vez hay más gente que piensa que gane quien gane no nos representan”, leyó Raymundo Díaz Taboada.
“Las instituciones simulan investigar, fabrican culpables mediante tortura y los derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad y al debido proceso legal son vulnerados, por ejemplo los detenidos de la CRAC y ahora del Cecop”, dijo.
Señaló que en Guerrero los luchadores sociales son judicializados, criminalizados, ejecutados, y persiste la impunidad.
Demandó “castigar a los culpables para terminar con la impunidad, sin olvidar garantías de no repetición y reparación del daño”.

Denuncias en la Codehum

Por su parte, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Hipólito Lugo Cortés, indicó que de 2005 al 2014 la Codehum ha recibido 101 quejas por casos de tortura, mil 445 quejas por detención arbitraria y 87 por desaparición forzada, y en 56 de estos casos han las quejas señalan que intervinieron agentes del Estado, el Ejército, policías federales y policías ministeriales.
Señaló que la mecánica de trabajo ha cambiado en el caso de las detenciones arbitrarias, pues en los últimos ocho años “hay contubernio” entre los agentes del Estado, los grupos delictivos y el órgano encargado de la investigación.
En su intervención, Hipólito Lugo habló sobre la nueva Constitución Política del estado, la cual dijo le da “supremacía” al Poder Ejecutivo y la Comisión de Derechos Humanos queda como organismo autónomo pero su presupuesto deberá pasar por el tamiz del gobierno del estado.
La sobreviviente de tortura de la masacre de El Charco, Ericka Zamora Pardo, con voz entrecortada por la emoción recordó algunas de las prácticas de tortura a las que fue sometida por el gobierno federal luego de la masacre de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998 y que todavía sigue en la impunidad.
También demandó justicia por el caso del asesinato del dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, y dijo que no hay avances en la investigación a pesar de que un testigo declaró ante un notario que el autor material e intelectual del crimen es el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, “esperamos avances y se castigue a los responsables”.

Un engaño la realidad de Acapulco

Entre los participantes también estuvo el párroco de la iglesia de San Nicolás de Bari, Jesús Mendoza Zaragoza, quien dijo que es “un engaño” pensar que Acapulco está bien porque ya no se registran los mismos homicidios, porque aún persiste el cobro de piso y las extorsiones y otras formas de violencia que no se han erradicado.
Dijo que las causas de la violencia no se han combatido pues el sistema político y el sistema económico que engendraron la violencia siguen vigentes y mientras esos persistan seguirá la violencia.
Mendoza Zaragoza dijo que el caso de los desplazados de Las Chacuitas, que llegaron a Acapulco, mostró la indolencia de las autoridades que no hicieron nada por atender a los vecinos que huyeron de la violencia.
Indicó que la iglesia católica trabaja en el acompañamiento a víctimas de la violencia, quienes después de un caso de violencia enfrentan miedo, enojo e ira y se requieren de procesos muy largos para enseñarles cómo manejar esas emociones y reincorporar a esas familias a una dinámica cotidiana porque algunas se aíslan.
En el foro “Tras una década en contra de la Tortura y la Impunidad” participó también Julio Mata Montiel, de Afadem.
Otro de los participantes fue el centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Saúl Badillo Chalqueño, quien mencionó los casos de criminalización de los luchadores sociales Nestora Salgado García, Gonzalo Molina, Arturo Campos y Marco Antonio Suástegui.
También señaló que sigue sin cumplirse a cabalidad la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se proceda al juicio político contra el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja.
El abogado Alejandro Ramos Gallegos dijo que es “triste” ver que los alumnos de la Unidad Académica de Ciencias Sociales no estuvieran participando en el foro.