Casos recientes evidencian que la Procuraduría sigue practicando la tortura, denuncian

Casos recientes evidencian que la Procuraduría de Justicia sigue practicando la tortura, denuncian

*En un foro del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el abogado Alejandro Ramos Gallegos citó el caso de Suástegui. Hay un contubernio entre agentes del Estado y grupos delictivos, sostiene el visitador de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés. Celebra la organización independiente diez años de existencia

Daniel Velázquez

Los casos de los detenidos por el asesinato de Raymundo Velázquez, de los policías ciudadanos de la UPOEG y de Marco Antonio Suástegui muestran que la tortura continúa siendo una práctica dentro de la Procuraduría de Justicia del estado, denunció el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
Para conmemorar su décimo aniversario el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad organizó un encuentro con defensores de derechos humanos en el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Sociales Derecho Acapulco, de la UAG, al que tituló “Tras una década en contra de la Tortura y la Impunidad, seguimos”.
Las actividades empezaron a las 10 de la mañana y concluyeron después de las 4 de la tarde y tuvieron como característica la indiferencia de los alumnos de la universidad, porque el auditorio tiene capacidad para 168 personas cómodamente sentadas, pero apenas llegaron unas 60 personas y al final sólo permanecieron 24 personas.
En su turno el abogado Alejandro Ramos Gallegos dijo que “últimamente es visible que la Procuraduría está torturando en su interior a través de tres casos, el primero, los detenidos por el caso del asesinato de Raymundo Velázquez que denunciaron que fueron torturados”.
Raymundo Velázquez fue encontrado muerto el seis de agosto de 2013 en un paraje de la colonia Fuerte Emiliano Zapata junto con Samuel Vargas Hernández y Miguel Ángel Solano Barrera; por este triple homicidio fueron detenidos el 23 de septiembre Daniel Ruano García, Uriel Ruano García, Rey David Galeana Pastrana, Salvador del Carmen Vázquez y Gabino García Avilés.
Otro de los casos que mencionó el abogado es el de los policías ciudadanos de la UPOEG que fueron detenidos el viernes 13 acusados de secuestrar a una mujer, por quien presuntamente pedían 3 millones de pesos como rescate pero fueron liberados el 19 de junio porque no se acreditó el delito.
El tercer caso es la detención del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, ocurrida el martes 17.
En los tres casos, dijo el abogado Ramos Gallegos, las víctimas han denunciado tortura y “es coincidente y es creíble”, porque los métodos de tortura son los mismos, “sabemos que sí hay para poder criminalizar principalmente a luchadores sociales”.
Desacreditó lo dicho por el procurador Iñaky Blanco Cabrera, de que no hay tortura contra los detenidos porque no hay un certificado médico que lo avale, porque dijo que la tortura no sólo es violencia física sino que puede ser psicológica y a través de otras formas.
También reprochó la actitud de Blanco Cabrera de defender a los policías ministeriales acusados de cometer actos de tortura en lugar de ofrecer investigar los hechos, “eso es preocupante”, porque lo que se busca es avanzar para erradicar la tortura y ya existen leyes para impedirla “pero para el estado esto es nada”.

“Guerrero vive en conflicto armado”

En un comunicado a propósito de su décimo aniversario, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad señaló que “Guerrero vive en conflicto armado, hay bandos enfrentados, muertos, heridos y desaparecidos, hay territorio en disputa, miles de desplazados, mientras los gobiernos simulan cumplir con promover y proteger derechos a través de programas que eternizan la pobreza y la dependencia y fortalecen el control social”.
“Llevamos dos gobiernos de izquierda que han defraudado a la población, en situaciones normales, en temblores e inundaciones. En el estado, donde defender al PRD costó la vida a más de 300 perredistas, ahora sus dirigencias se pronuncian por la presa La Parota, contra el Cecop, contra la CRAC, contra el movimiento magisterial y a favor de la reforma laboral del sector educativo. Cada vez hay más gente que piensa que gane quien gane no nos representan”, leyó Raymundo Díaz Taboada.
“Las instituciones simulan investigar, fabrican culpables mediante tortura y los derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad y al debido proceso legal son vulnerados, por ejemplo los detenidos de la CRAC y ahora del Cecop”, dijo.
Señaló que en Guerrero los luchadores sociales son judicializados, criminalizados, ejecutados, y persiste la impunidad.
Demandó “castigar a los culpables para terminar con la impunidad, sin olvidar garantías de no repetición y reparación del daño”.

Denuncias en la Codehum

Por su parte, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Hipólito Lugo Cortés, indicó que de 2005 al 2014 la Codehum ha recibido 101 quejas por casos de tortura, mil 445 quejas por detención arbitraria y 87 por desaparición forzada, y en 56 de estos casos han las quejas señalan que intervinieron agentes del Estado, el Ejército, policías federales y policías ministeriales.
Señaló que la mecánica de trabajo ha cambiado en el caso de las detenciones arbitrarias, pues en los últimos ocho años “hay contubernio” entre los agentes del Estado, los grupos delictivos y el órgano encargado de la investigación.
En su intervención, Hipólito Lugo habló sobre la nueva Constitución Política del estado, la cual dijo le da “supremacía” al Poder Ejecutivo y la Comisión de Derechos Humanos queda como organismo autónomo pero su presupuesto deberá pasar por el tamiz del gobierno del estado.
La sobreviviente de tortura de la masacre de El Charco, Ericka Zamora Pardo, con voz entrecortada por la emoción recordó algunas de las prácticas de tortura a las que fue sometida por el gobierno federal luego de la masacre de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998 y que todavía sigue en la impunidad.
También demandó justicia por el caso del asesinato del dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, y dijo que no hay avances en la investigación a pesar de que un testigo declaró ante un notario que el autor material e intelectual del crimen es el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, “esperamos avances y se castigue a los responsables”.

Un engaño la realidad de Acapulco

Entre los participantes también estuvo el párroco de la iglesia de San Nicolás de Bari, Jesús Mendoza Zaragoza, quien dijo que es “un engaño” pensar que Acapulco está bien porque ya no se registran los mismos homicidios, porque aún persiste el cobro de piso y las extorsiones y otras formas de violencia que no se han erradicado.
Dijo que las causas de la violencia no se han combatido pues el sistema político y el sistema económico que engendraron la violencia siguen vigentes y mientras esos persistan seguirá la violencia.
Mendoza Zaragoza dijo que el caso de los desplazados de Las Chacuitas, que llegaron a Acapulco, mostró la indolencia de las autoridades que no hicieron nada por atender a los vecinos que huyeron de la violencia.
Indicó que la iglesia católica trabaja en el acompañamiento a víctimas de la violencia, quienes después de un caso de violencia enfrentan miedo, enojo e ira y se requieren de procesos muy largos para enseñarles cómo manejar esas emociones y reincorporar a esas familias a una dinámica cotidiana porque algunas se aíslan.
En el foro “Tras una década en contra de la Tortura y la Impunidad” participó también Julio Mata Montiel, de Afadem.
Otro de los participantes fue el centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Saúl Badillo Chalqueño, quien mencionó los casos de criminalización de los luchadores sociales Nestora Salgado García, Gonzalo Molina, Arturo Campos y Marco Antonio Suástegui.
También señaló que sigue sin cumplirse a cabalidad la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se proceda al juicio político contra el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja.
El abogado Alejandro Ramos Gallegos dijo que es “triste” ver que los alumnos de la Unidad Académica de Ciencias Sociales no estuvieran participando en el foro.

Niega el gobierno de Ángel Aguirre una ampliación de presupuesto a la Comverdad

*Informa la comisionada Pilar Noriega que el Congreso y las secretarías de Finanzas y de Gobierno les cerraron las puertas. Exponen en foro los abusos sexuales cometidos por soldados contra mujeres durante la guerra sucia

Daniel Velázquez

El gobierno del estado negó a la Comisión de la Verdad la ampliación de presupuesto que solicitó desde octubre del año pasado, informó Pilar Noriega García, integrante del organismo creado para investigar los crímenes de la guerra sucia.
Durante su participación en una de las mesas organizadas para celebrar el décimo aniversario del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, realizado en la Escuela de Ciencias Sociales de la UAG, Noriega García dijo que “el paso del tiempo va borrando las pruebas que se puedan obtener, el recuerdo de las personas, porque hay quienes no pueden precisar fechas con exactitud, pero eso no significa que no hayan sucedido los hechos”.
En la Comisión de la Verdad “consideramos que le han apostado a que el paso del tiempo, a que quienes sobrevivieron a la desaparición forzada transitoria o familiares y testigos de desapariciones forzadas están falleciendo”, expresó.
Otra de las limitantes a la que se enfrentan es la falta de presupuesto, debido a que prorrogaron seis meses más su trabajo, pues originalmente tenían un plazo de dos años, fecha que se cumplió el 17 de abril, pero al solicitar la prórroga su plazo vence el 17 de octubre.
“Lo que nosotros considerábamos que no iba a ser problema, ahora es un problema, porque nos niegan presupuesto, todavía no nos lo han comunicado por escrito pero verbalmente ya nos lo han dicho”, dijo Pilar Noriega.
La integrante de la Comisión de la Verdad lamentó que el 27 de marzo de este año, en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se haya expuesto ese problema porque pensaban que no tendrían problemas en la ampliación del presupuesto.
“Grave error haber confiado y no haber dicho en la Comisión Interamericana que todavía no teníamos claridad en nuestro presupuesto”, dijo.
Otra de las limitaciones son las cuestiones de seguridad, pues dijo que su oficina en Acapulco resultó con un vidrio roto, después el 28 de enero la camioneta en la que viajaba con Nicomedes Fuentes sufrió una agresión y temen que se ponga en duda la veracidad de ese ataque.
Además, otra integrante de la Comisión de la Verdad, Hilda Navarrete, sufrió una amenaza vía telefónica de alguien que se identificó como parte del cártel de La Familia Michoacana.
“Creo que el Estado que no nos dé ese presupuesto y al Estado tampoco le interese, nos deja a la deriva”, dijo.
Expuso que la desaparición forzada transitoria es un delito que no prescribe y quienes fueron víctimas por parte del Estado mexicano en la década de 1969 a 1979 tienen derecho a la reparación del daño.
Noriega García criticó que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), se dedicó a recabar pruebas de casos de abuso de autoridad para después decirles a las víctimas que el delito ya había prescrito, “fue una posición política de hacer y no hacían”.
Después en declaraciones a reporteros, Noriega García dijo que la recuperación del cuerpo de un guerrillero el pasado 12 de junio fue posible gracias al apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Explicó que desde el 3 de octubre del año pasado solicitaron a la Comisión de Gobierno del Congreso local la ampliación del presupuesto, y ahí les dijeron que para la ampliación de su periodo de trabajo por seis meses más le correspondía al gobierno del estado ampliar el presupuesto, y al hacer el trámite ante la Secretaría de Administración y Finanzas les pidió documentación que debían entregar en poco tiempo, pero después les dijo que no habría más presupuesto porque no habían hecho la solicitud a tiempo.
Luego acudieron a la Secretaría General de Gobierno, donde el martes les dijeron que no les van a ampliar el presupuesto.
Noriega García dijo que ya buscaron una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y están en espera de que el presidente de la comisión, José Enrique González Ruiz, sea atendido.
Agregó que comparado con el presupuesto que ejercen otras dependencias, con “un pelín” podría la Comverdad llegar hasta octubre, e incluso hacer ajustes en la propuesta que presentaron, pero les han cerrado toda posibilidad y por eso la duda de por qué no les quieren dar presupuesto, “¿qué es lo que está pasando?, ¿por qué el gobierno del estado y el Congreso del estado están ausentes a nuestro trabajo?”, manifestó.

Abuso sexual en la guerra sucia

En su exposición, la catedrática de la UAG Claudia Esperanza Rangel Lozano expuso que durante la guerra sucia, mujeres y niñas fueron víctimas de abuso sexual pues se les consideraba como una “extensión” de los campesinos que apoyaban a Lucio Cabañas.
Dijo que también hay casos de abusos sexuales cometidos contra hombres, pero que al igual que las violaciones a mujeres y niñas fueron callados por temor a la estigmatización que podrían sufrir al vivir en comunidades rurales.
Dijo que muchas mujeres y niñas que fueron víctimas de estos abusos por parte de los soldados del Ejército han preferido “borrar y olvidar lo sucedido”.
Dijo que ella sólo ha documentado dos casos de niñas que fueron víctimas de abuso sexual por parte del Ejército, pero hay casos de violaciones tumultuarias en las que toda la tropa abusaba sexualmente de una mujer o casos en los que la víctima era sometida al abuso frente a su marido.
“La andanada de violencia que se ejerció contra la población de Atoyac se centró, en el caso de las mujeres, en la violencia sexual”, dijo.
Explicó que la violencia sexual por parte del Ejército es un delito de lesa humanidad y debe ser asumido colectivamente.
Agregó que en otros países se investiga la violencia sexual que vulneró a mujeres en tiempos de las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y Jorge Rafael Videla en Argentina.
Por separado, Pilar Noriega confirmó que sí hubo casos de violencia sexual contra niñas durante la guerra sucia, e indicó que tienen dos casos y son casos difíciles por las condiciones en que se vivía en las comunidades de la sierra.
En su intervención, Julio Mata Montiel, en representación de la Afadem hizo una relatoría del caso Rosendo Radilla Pacheco, y mencionó las experiencias que vivieron para llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que aún siguen en espera de que el Estado mexicano cumpla con la sentencia.
Indicó que el Estado mexicano no ha cumplido con dos de los resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana, como es la implementación del debido proceso para la búsqueda de Rosendo Radilla y la sanción penal a quienes perpetraron la desaparición forzada.
Dijo que falta voluntad política para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana y reprochó al gobierno que no haya una investigación para localizar los restos mortales de Rosendo Radilla.
Acusó al Estado mexicano de “simulación”, porque no ha cumplido con la sentencia de la Corte Interamericana e insistió en que no se puede considerar cumplida hasta que se encuentre a Rosendo Radilla.