Interrogan a un preso ecologista por la muerte de siete judiciales federales

* Una agente del MP federal, mediante presiones, trató de obtener la declaraciones de Alfredo García Torres, con base en un documento que hace 15 días le presentó el equipo enviado por la PGJDF que investigón la visita de la abogada a la sierra de Petatlán

Un integrante del grupo de presos ecologistas del reclusorio de Acapulco, Alfredo García Torres, denunció que es hostigado por la Procuraduría General de la República, a raíz de las denuncias que ha hecho sobre el asesinato de la abogada Digna Ochoa.

Demandó la presencia de algún defensor de derechos humanos, gubernamental o no gubernamental, para plantear una queja formal por el hostigamiento de que es víctima dentro del reclusorio.

Informó que un interrogatorio que le hicieron el miércoles 23 de enero enviados de la Procuraduría General de Justicia del DF que investigan el asesinato de la abogada, dio lugar a la segunda visita, el miércoles 6 de febrero, de una agente del Ministerio Público Federal al reclusorio, que pretendía obligarlo a declarar sobre el asesinato de siete policías judiciales en Rancho Nuevo, sierra de Petatlán, el 3 de marzo de 1999, cuando llegaron a atacar esa comunidad por órdenes del presidente de la Asociación Ganadera Regional de Guerrero y ex presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Alvarez.

La base de este interrogatorio fue un documento, que obligado mediante torturas firmó García Torres en la agencia del MP federal de Zihuatanejo cuando fue detenido, el 18 de febrero de 2000, pero que no fue incorpodado al expediente del proceso por el que está sentenciado como responsable del homicidio de siste policías judiciales federales y madrinas.

Destacó que la primera vez que supo de la existencia de esa supuesta declaración fue cuando el agente del MP de la Procuraduría del DF, Franz Borges Velasco, que vino a Guerrero a investigar la visita de Digna Ochoa a la sierra de Petatlán, acudió al reclusorio y le mostró dicho documento.

Recordó que el miércoles 23 de enero, los enviados de la Procuraduría del Justicia del DF lo interrogaron en relación con la abogada asesinada el 19 de octubre del año pasado en la ciudad de México, pero también sobre la muerte de los siete judiciales federales en Rancho Nuevo, y con insistencia le preguntaban quiénes habían participado en los hechos de marzo de 1999 en la sierra de Petatlán.

Los agentes del DF le dijeron que volverían a hablar con él en 15 días, y en lugar de ellos, en ese plazo se presentaron al reclusorio de Acapulco la agente del MP federal, con un ayudante, y el defensor de oficio, Delfino Salvador Cortés Cortés.

A las 4:30 de la tarde del miércoles 6 de febrero, llamaron a Alfredo García Torres al área de gobierno del reclusorio, donde estaban los funcionarios del MP federal, encabezados por una agente mujer, cuyo nombre no recordaba el preso.

La agente le dijo que venían a tomar la ampliación de su declaración sobre la muerte de los siete judiciales federales y madrinas en Rancho Nuevo.

Por primera vez conoció lo que dice el documento; entre otras cosas, los nombres de varios habitantes de la comunidad, que aparecen como participanetes en la balacera en la que murieron los judiciales.

“Dice que yo digo que todos los de Rancho Nuevo participaron en la muerte de los judiciales, y da los nombres. Pero yo no di esa información ¿Cómo voy a decir algo así?, si ahí había mucha gente porque fue la velación por la muerte de Otoniel, y fue una balacera, no se podía saber quién mató a quién”, expresó García Torres.

Recordó que después de que fue detenido en Las Palancas, el 18 de febrero de 2000, en la sierra de Petatlán, fue trasladado a la agnecia del Ministerio Público Federal de Zihuatanejo, y ahí, la agente del MP, que era una mujer de la que no recuerda el nombre, le dijo que firmara una daclaración que “ya tenían hecha, a su gusto”, y por eso no firmó.

La funcionaria ordenó a unos agentes que lo llevaran a golpear, para que firmara. Y después de 15 minutos de golpes nuevamente se negó a firmar. Lo llevaron a torturar otros cinco minutos; además de los golpes amenazaban con caparlo, y le ponían una navaja entre las piernas. Así firmó, sin conocer el contenido del documento, que nunca fue utilizado por el MP en el proceso a que fue sometido por el homicidio de los siete judiciales, por lo que está sentenciado a 11 años por el juez segundo de Distrito con sede en Acapulco.

La agente que lo interrogó el miércoles 6 quería que dijera qué participación tenían las personas señaladas en el documento en la muerte de los judiciales. Alfredo García dijo que no podía declarar, porque cuando ocurrieron los hechos él estaba en El Camalote, poblado localizado a más de dos horas de distancia de Rancho Nuevo.

En la declaración falsa dice que de regreso a Rancho Nuevo se encontró a Zeferino Torres Yanes, quien le dio un rifle .22 con el que le disparó a un judicial por la espalda.

“Todo eso es mentira. Yo nunca declaré eso”, insistió ante la agente del MP federal, y trató de relatar los hechos como ocurrieron, pero la agente del MP se negó a asentar en el acta lo que el preso ecologista quería declarar.

El defensor de oficio que llegó con la MP, Delfino Salvador Cortés Cortés, que durante el interrogatorio estaba en silencio, al final trató de defender los derechos del interrogado.

Le pidió a la MP que asentara las declaraciones que García Torres estaba haciendo. Pero ella se negó en todo momento. “Ella anotaba lo que quería, y el defensor le dijo que tenía que anotar todo. Después, el defensor dijo que me quería hacer preguntas, me preguntó que si yo tenía conocimiento del documento, pero la agente del MP le dijo que no procedía esa pregunta”, dijo García Torres.

Señaló que después de esta discusión, él dijo que no tenía porqué hacer ninguna declaración, porque él ya estaba sentenciado por la muerte de los judiciales, y que en el proceso no había aparecido ese documento, y que apeló de la sentencia, y se la ratificaron, y pidió amparo y lo perdió.

Alfredo García Torres, por vía telefónica, dijo que el interrogatorio duró tres horas, y que lo consideró como un hostigamiento, porque no entiende el motivo, si ya está sentenciado.

Consideró que este hostigamiento de la PGR tiene que ver con las denuncias que los presos ecologistas han hecho por el asesinato de Digna Ochoa, y demandó la presencia de algún organismo de defensa de los derechos humanos.