En grave riesgo, la vida del preso político Efrén Cortés en Puente Grande, advierten

* Por problemas de salud, bajó de 75 a 40 kilos, informan *Demandan que se respete su derecho a la atención médica * Piden su traslado a Guerrero, así como de Angel Guillermo Martínez, “por razones humanitarias”

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) solicitó la intervención del secretario de Seguridad Pública Federal, Alejandro Gertz Manero, para que se atienda con urgencia el grave problema de salud de preso en Puente Grande, Efrén Cortés Chávez, sobreviviente de la masacre de El Charco, así como la petición de su retorno a Acapulco, lo mismo que del también preso político Angel Guillermo Martínez González, ambos acusados de tener vínculos con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Asimismo, en una petición dirigida al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, el 24 de enero, el mismo Centro Prodh demanda la intervención del ombudsman nacional ante las autoridades competentes para que se envíe a Puente Grande un visitador de la CNDH, “con el objeto de que se constate el estado de salud de Efrén Cortés Chávez, y de que tenga acceso inmediato al estudio y tratamiento médico adecuados, garantizando sus derechos humanos , conforme lo dispone nuestra legislación nacional y la internacional en la materia”.

El Prodh destaca que con la desatención a los problemas de salud de Efrén Cortés Chávez, “las autoridades están violando sus derechos humanos y ponen en riesgo su vida”.

En la solicitud dirigida a Gertz Manero, con fecha 29 de enero, firmada por la visitadora del Prodh, Lilia Moreno, se informa que Efrén Cortés Chávez “padece alguna enfermedad gastrointestinal con fuertes dolores de estómago, su capacidad de tomar alimentos ha disminuido, así como su peso, que era de 75 kilogramos el 6 de noviembre de 1999, cuando ingresó al penal, a 40 kilos actualmente”.

Señala que como tratamiento médico, en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, o Cefereso número 2, sólo le dan Melox y unas pastillas. Por ello, “su estado de salud se ha deteriorado y no se le han hecho los estudios que él solicitó desde hace ocho meses, bajo el pretexto de que el aparato está descompuesto”.

La visitadora del Centro de Derechos Humanos afirma que “con esta actuación las autoridades están violando sus derechos humanos y ponen en riesgo su vida”.

Explica que el 21 de junio de 2001, ambos presos solicitaron su traslado de Puente Grande a Acapulco, para poder tener la visita de sus familiares, quienes por falta de recursos económicos no puden estar viajando al estado de jalisco y a la fache no les han autorizado el traslado. Agrega que en ambos casos se requiere de la debida atención médica y el apoyo familiar, “pero para Efrén Cortés Chávez la situción es apremiante”.

En su petición del trasdado a Acapulco, la visitadora del Prodh argumeta “razones humaniatarias”, y considera que “cerca de sus familiares podrán tener mejores condiciones para recuperarse”.

Efrén Cortés Chávez, originario de Cruz Grande, en la Costa Chica, tiene 29 años, y fue detenido en El Charco, el 7 de junio de 1998, tras la masacre de 11 campesinos que participaron en una reunión de las comunidades de la región mixteca de Ayutla, a la que asistieron guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Está sentenciado por los delitos de portación de arma de uso exclusivo del Ejército e invitación a la rebelión.

Angel Guillermo Martínez González, de 42 años, está procesado por el atentado al regidor del PRD en Acapulco Marco Antonio López García, en el que murió su hijo, Marco Antonio López Hernández, al día siguiente de las elecciones municipales de octubre de 1999, y está sentenciado por acopio de municiones presuntamente del ERPI.

Efrén Cortés y Angel Guillermo Martínez González son parte del grupo de seis presos políticos que el 6 de noviembre de 1999 fueron trasladados del reclusorio de Acapulco al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, con el pretexto de que estaban planeando un motín de reos con el fin de fugarse. Tres presos de ese grupo, Benigno Guzmán Martínez, Bertoldo Martínez Cruz y Virginia Montes González, recobraron su libertad porque cumplieron sentencias en diferentes fechas, y Erika Zamora, también sobreviviente de la masacre de El Charco, fue trasladada en julio del 2001 al penal de Chilpancingo. En esa facha fue trasladada también Virginia Montes González, y sin explicación alguna dejaron en Puente Grande a Efrén Cortés y Angel Guillermo Martínez, a pesar de que las autoridades de reclusorios de Guerrero han dado la anuencia de cupo para el retorno a Acapulco, y las autoridades federales manifiestan que no tiene objeción para el traslado.

Los familiares de los presos, Virginia Montes González, esposa de Angel Guillermo Martínez González, y Jorge Cortés Chávez, hermano de Efrén, enviaron un documento al presidente de la CNDH, Soberanes Fernández, el 22 de enero, en el que piden “que se investigue la conducta omisa de las autoridades penitenciarias en la atención médica, así como para que se les proporcione la atención médica especializada”.

En entrevista, Virginia Montes manifestó el temor de los familiares por la vida de Efrén Cortés, y dijo: “Culpamos al gobierno del estado de la situación en la que se encuentra en Puente Granre, porque no ha sido trasladado a Guerrero”.

Explicó que los familiares que enviaron la petición a la CNDH y al Prodh se entrevistaron con la comisionada de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Celina Oseguera Parra, quien les informó que el traslado de los presos no se ha hacho porque se opone el gobierno de Guerrero, y que argumenta que son presos de alta peligrosidad.

Montes González señaló que además, la estancia de su esposo en Puente Grande viola el derecho que tiene a la justicia, pues se ha obstaculizado la defensa a que tiene derecho por el proceso a que está sometido en el fuero local en Guerrero por el atentado al regidor Marco Antonio López.

Señaló que es una más de las irregularidades que se cometen en este caso, así como el hecho de que las autoridades del gobierno de Guerrero no dieron entrada a la recomendación que emitió la Comisión de Defensa de los derechos Humanos (Codehum), el 10 de julio de 2000, por la detención arbitraria y tortura de ella y de su esposo.