Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro

Los derechos humanos y los acapulqueños.

 En días recientes el alcalde Zeferino Torre Blanca, firmó un convenio de coordinación y colaboración con el presidente estatal de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón, la finalidad de dicho convenio es establecer un vínculo entre las dependencias  “para planear, conducir y ejecutar acciones encaminadas a prevenir conductas que atenten contra los derechos humanos de los acapulqueños, así como promover su defensa y protección, incluyendo su calidad de ciudadanos y guerrerenses a los propios agentes”

Si bien dicho convenio significa un paso importante en el reconocimiento, defensa  y promoción de los derechos humanos en el estado, todavía queda mucho por hacer.  Un primer reto que tienen las autoridades del estado, es frenar la creciente práctica de la tortura; en un reciente informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con base a las denuncias recibidas y con base a las notas de prensa entre 1998 y el 2001 se encontró que  el estado de Guerrero, es el que mayor caso de torturas registra.

La tortura sigue siendo una práctica recurrente de los distintos cuerpos policíacos, militares y funcionarios públicos, quienes acuden a ella como un método de investigación policíaca principalmente, aunque también se aplica como castigo y como medida ejemplar en el contexto político. Es quizá la persistencia de una cultura en la que quienes ejercen la autoridad castigan y someten a sus detenidos.

A pesar de que el Estado mexicano ha ratificado y firmado diversos instrumentos de protección a los derechos humanos, como la Convención Contra la Tortura y Otras Penas y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, y además de existir una legislación interna que prohibe y sanciona la tortura, ésta prevalece.

En el estado de Guerrero, existen distintos factores que alimentan y permiten la práctica de la tortura, tanto en el ámbito de legislación como en el ámbito de prácticas, por ejemplo en el estado de Guerrero, no existe una ley que prohiba y sancione la práctica de la tortura.

Para los organismos de defensa y protección a los derechos humanos, existen tres fuentes fundamentales de impunidad en torno a las violaciones a los derechos humanos cometidas en México: en primer lugar, la manera en las que las Procuradurías están estructuradas y gestionadas, en segundo lugar, el hecho de que los jueces sigan aceptando como prueba, aquellas confesiones obtenidas bajo tortura y; en tercer lugar, el hecho de que los casos de militares involucrados en violaciones a los derechos humanos son remitidos y sancionados por el sistema de justicia militar.

Otros factores son la deficiente capacitación de los cuerpos policíacos, la sobrecarga de trabajo, la falta de metodología, técnicas y tecnología para la investigación, así como la inadecuada selección del personal encargado de la seguridad pública, los deficientes salarios y prestaciones, así mismo  la persistente corrupción entre los cuerpos policíacos y funcionarios encargados de garantizar el orden y la seguridad pública, pero sobre todo la creencia de que una mayor dureza contra la delincuencia o el descontento social permitirá la disminución de los índices delictivos o la protesta. La participación militar en tareas de seguridad pública y procuración de justicia también ha favorecido la práctica de la tortura.

Un auténtico compromiso con los derechos humanos tendría que reflejarse de manera inmediata, investigado y sancionando a todos los responsables de haber cometido violaciones a los derechos humanos, dichas investigaciones, además, tendrían que garantizar una correcta aplicación de la justicia de manera imparcial y pronta, así como la reparación del daño causado a las víctimas y sus familias. La difusión de una cultura de respeto a los derechos humanos, la atención a las recomendaciones de los organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas, así como el reconocimiento a la labor que desempeñan los defensores de los derechos humanos serían un ingrediente más a considerar en los convenios y compromisos asumidos por  las autoridades.

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