Las corporaciones policacas no han erradicado la tortura: Juan Alarcón

* Es práctica característica de corporaciones como la Policía Judicial, porque “en la Policía Preventiva se ha avanzado”, señala el ombudsman

Nelly Bello * El alcalde Zeferino Torreblanca Galindo firmó un convenio de coordinación y colaboración con el presidente estatal de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández.

Además de los testigos de honor, como la secretaria de Protección y Vialidad, María de los Angeles Nava Rojas, y el secretario técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Leonel Villalobos Chávez, el personaje que llamó la atención fue el ex priísta Antonio Valdés Andrade.

Al término del evento en el que Alarcón Hernández culpó a los agentes de la Policía Judicial de seguir promoviendo la tortura, Valdés Andrade saludó al alcalde. “Gusto en verlo”, respondió el edil al saludo rápido.

–¿Viene como asesor del sindicato de policías de Tránsito? –se le preguntó a Valdés Andrade.

–No, vengo porque me invitaron.

En el presidium, además de funcionarios que ocuparon sillas, estuvieron el secretario de Seguridad Pública, Luis León Aponte; el delegado de la PGJE, Adolfo Vanmeeter –quien aguantó junto con los comandantes de la Judicial los señalamientos de la Codehum–; el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Luis Walton Aburto; el magistrado José Luis Bello, y el delegado del Cisen, José Luis Valle López, entre otros.

El acto fue en las instalaciones de la Secretaría de Protección y Vialidad, y no en el salón de un hotel, como es habitual. Pero, a diferencia del anterior titular, Nava Rojas preparó la explanada con adornos de plantas, presidium con toldo, todo en su lugar.

El convenio es para establecer un vínculo entre dependencias “para planear, conducir y ejecutar acciones encaminadas a prevenir conductas que atenten contra los derechos humanos de los acapulqueños, así como promover su defensa y protección, incluyendo su calidad de ciudadanos y de guerrerenses a los propios agentes”.

Alarcón Hernández, luego de hacer una remembranza sobre el inicio de la defensa oficial de los derechos humanos en el país, dijo que los altibajos de la dependencia son por circunstancias no propicias, pero que hay un avance por la presencia de la Codehum en el estado y la avanzada cultura de la denuncia.

Reconoció que las prácticas policiales de la tortura no se han erradicado, pero disminuyó por el trabajo frontal y vigoroso pero acusó que las prácticas son características de corporaciones policiacas, como la Policía Judicial, porque “en la policía preventiva se ha avanzado”.

Nava Rojas hizo un balance de los cuatro meses –como hace en todo evento donde el municipio entrega equipo– sobre los avances de la corporación.

Al momento consignó ante el Ministerio Público a seis agentes preventivos, cuatro de Tránsito y dos de la Policía Preventiva Turística; dio de baja a 67 elementos por faltas en el servicio. Además recuperó 31 vehículos y detuvo 474 ciudadanos por la comisión de delitos en flagrancia, y amonestó a 7 mil 130 por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Informó que además de la firma del convenio, el municipio haría la entrega formal de equipo, entre el que destacó dos camionetas cerradas para la transportación de detenidos con el respeto a sus derechos humanos.

El alcalde destacó los beneficios laborales y salariales de los policías, así como el equipo entregado, pero advirtió su aversión hacia actos de corrupción, abusos y tortura de la corporación policiaca hacia la ciudadanía, pero “también es cierto que este gobierno se debe preocupar día a día más por los agentes”.

Añadió: “No sólo dotarlos de equipo ni con buenas intenciones, hemos puesto el esfuerzo para que brinden mejor servicio. No queremos más prácticas de comandantes vendiendo uniformes, plazas, porque pobre del que siga callando en este gobierno democrático”.

Aseguró que la selección del nuevo personal no habría recomendados y reiteró la enérgica disposición para no tolerar abusos, prepotencia y desviaciones en corruptelas. “Podrán engañar una vez, dos o tres, pero cuando lo pillemos tendrá que irse a la calle, porque no permitiré esas prácticas nocivas”.

Envió el mensaje de disposición para coordinar esfuerzos con el gobierno del estado por medio de León Aponte.

Aseguró que aun con recortes federales a los recursos para seguridad pública del fondo 4 del Ramo 33 los salarios serán pagados y “no le quedarán deudas a la próxima administración, las finanzas sanas han permitido cumplir los compromisos”.