Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Peña Nieto, derechos humanos y La Parota

El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 “coloca a los derechos humanos en el centro de todas las acciones del gobierno”, dijo antier el presidente Enrique Peña Nieto. Si es así, y si su gobierno se halla comprometido de veras en la consolidación del país “como un Estado democrático de derecho, que impulse y procure el pleno respeto y garantía de los derechos humanos”, como también dijo, Peña Nieto tiene a la mano en Guerrero una decena de casos en los que podría poner en práctica de inmediato ese compromiso.
Y si es firme su objetivo de “transitar del reconocimiento de los derechos humanos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos de las personas, a una política de Estado que garantice en la práctica, su efectivo cumplimiento”, entonces en cuestión de horas deberían quedar en libertad Nestora Salgado García,  Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Marco Antonio Suástegui Muñoz, presos en cárceles de alta seguridad por delitos ostensible y burdamente fabricados por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero en operaciones que contaron con la complicidad de las autoridades federales, si no es que desde allí fueron ordenadas.
El presidente presumió que “hoy se cuenta con nuevos instrumentos legales de avanzada que protegen el goce efectivo de los derechos”, y puso como ejemplo de ello “la nueva Ley de Amparo que incluye innovadores mecanismos de defensa y protección de los derechos humanos”. Pero quién sabe a quiénes estén destinados esos “innovadores mecanismos de defensa y protección” objeto del encomio presidencial, porque en Guerrero las autoridades, todas y hasta el juez responsable del caso, ignoraron con la mano en la cintura dos amparos que protegían a Suástegui Muñoz para que no fuera trasladado a algún penal fuera del estado, y pese a todo fue llevado a uno de Nayarit.
También dijo Peña Nieto que “sumando esfuerzos con estos mecanismos y con las organizaciones de la sociedad civil, el Estado mexicano seguirá combatiendo con determinación prácticas inaceptables, violatorias de la ley y los derechos humanos, como la tortura, las desapariciones o la trata de personas”. Pues en Guerrero no existe tal combate, porque la tortura es un método que la Policía Ministerial emplea cotidianamente, sobre todo para doblegar a líderes de movimientos sociales, y las desapariciones ocurren todos los días. Por ejemplo, Suástegui Muñoz fue torturado, y a una semana de su arbitraria detención es la fecha en que ni siquiera ha podido formalizar su denuncia por las golpizas que recibió, porque con su internamiento en un reclusorio de Nayarit le fue cortada la comunicación con sus medios de defensa. Y la desaparición del político indígena Longino Vicente Morales, ocurrida hace dos años, fue tratada con una indiferencia miserable por la Procuraduría General de Justicia del estado.
Dijo más el presidente Peña Nieto, en el plano del discurso puras palabras irreprochables. Pero es imposible dar crédito a tal discurso, si mientras las palabras resplandecen en el Palacio Nacional personas que no cometieron delito alguno se consumen en la cárcel por defender, irónicamente, los mismos derechos humanos que el presidente dice proteger.
El “reconocimiento de los derechos humanos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos de las personas”, que Peña Nieto se comprometió a fortalecer, tiene en el caso de la presa La Parota una oportunidad inmejorable para su aplicación. Sin embargo no existe hasta ahora el menor indicio de que el discurso presidencial vaya a ser puesto en práctica allí, donde en ejercicio de sus derechos –todos los mencionados por el presidente— las comunidades han manifestado su oposición a la construcción de la hidroeléctrica, lo que significaría la eliminación de sus tierras y el fin de sus pueblos.
Al contrario, todo sugiere que el gobierno federal pretende aplastar los derechos humanos de los habitantes de esa zona rural de Acapulco para imponer la construcción de la presa, combatida ejemplar y pacíficamente, a través de medios institucionales, por el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, el Cecop.
La inclusión furtiva de la presa como un proyecto más del Plan Nuevo Guerrero, sin que hubiera una explicación del tema, fue una primera señal inequívoca sobre la dirección que el gobierno federal quería darle a la reconstrucción del estado después de las lluvias del año pasado.
Y la detención de Marco Antonio Suástegui, que en el ámbito estatal es una venganza personal del gobernador Angel Aguirre Rivero, está motivada por ese interés federal de reactivar el proyecto. Pero ¿qué hará el gobierno de Peña Nieto para conciliar su prédica de respeto y protección a los derechos humanos, con la campaña que ha emprendido para reactivar e imponer la construcción de la hidroeléctrica? Si se juzga por los primeros efectos de su proceder, nada. Estigmatizará como delincuentes a los opositores y bajo esa premisa en el discurso oficial no habrá violación de derechos.
Con cuánta determinación se dispone la administración de Peña Nieto a retomar la construcción de la presa aun contra el rechazo de la población, es algo que puede medirse por la violencia con que fue tratado el dirigente del Cecop, la ligereza con la que se le imputaron delitos y la lluvia de órdenes de aprehensión (cinco) que fueron emitidas en su contra. Porque no hay correspondencia entre la fragilidad jurídica de las acusaciones y los hechos que se le adjudican, y la aparatosa movilización ejecutada por el gobierno en su contra como si se tratara de inmovilizar a un peligroso delincuente.
Es evidente que esta detención puso en marcha una estrategia gubernamental para debilitar el movimiento social contra la presa, con el fin de destruirlo por la vía de la fuerza. Cada obstáculo que enfrente la liberación de Suástegui, cada pretexto burocrático que impida su defensa y cada día que tarde en salir de la prisión, confirmarán la dimensión de la nueva batida que el gobierno federal ha emprendido para imponer la presa con el complaciente auxilio del súbdito de la monarquía priísta que despacha como gobernador de Guerrero.

“Puto” es un insulto

La palabra “puto” es una ofensa se emplee donde se emplee. La campaña de Televisa para justificar su uso en los estadios del mundial de Brasil por parte de los mexicanos, con el alegato de que es una inofensiva expresión de la idiosincrasia nacional, tiene el propósito de no molestar a los aficionados, que constituyen una sus clientelas más asiduas y quizás el más grande sus mercados. Por eso sus voceros se han entregado a la tarea de minimizar los reclamos que esos gritos han provocado en Brasil. Es por negocio, pues.
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