Alfredo Arcos Castro

Legitimidad y poder político

A través de la historia a quedado demostrado que los gobiernos autoritarios que basan su dominio en la fuerza no pueden durar, tarde o temprano caerán. Todo poder fundamentado en el derecho del más fuerte, puede ser efectivo, pero no legítimo, es decir, aceptado consciente y voluntariamente por los súbditos o el pueblo.

La fuerza como principio legitimador del poder público no es suficiente para que los gobernadores acepten obedientemente su dominio, es necesaria su justificación jurídica y ética.

Los principios de legitimidad política adoptados a lo largo de la historia han sido varios, algunos favorecen al mantenimiento del statu quo, están al servicio de los gobernantes, están orientados al cambio, responden a los intereses de los gobernados, están de parte del pueblo; el principio teocrático, plantea que el origen del poder es producto de una voluntad superior o divina; el principio naturalista, que funda el derecho de mandar y obedecer en un hecho natural independiente de la voluntad humana, en este entendido, hay hombres que por naturaleza son aptos para mandar y otros para obedecer; el principio de la tradición , instituye que el poder del soberano deviene de las generaciones pasadas (por herencia), o por un principio general de derecho, apoyado en el uso que se trasmite en el tiempo, tal y como se obtiene la propiedad o cualquier otro derechos; por último el principio democrático, que legitima el poder político por medio del consenso de los ciudadanos.

Actualmente las sociedades modernas postulan que el poder deriva del pueblo, se basa en el consenso verificado de los ciudadanos, no aceptan el poder de la fuerza o de la tradición. Las elecciones libres y recurrentes son el mecanismo legitimador, el pueblo es el titular del poder.

En el sistema político democrático las elecciones permiten la posibilidad de que la ciudadanía elija a sus representantes al poder. La legitimidad de los representantes políticos electos libre y directamente por los ciudadanos contribuyen a mantener la estabilidad política, pues a mayor participación ciudadana en las elecciones mayor conformidad.

La legitimidad de un gobierno democrático no sólo depende de las elecciones libres y transparentes. Es cierto, permite elegir libremente a nuestros gobernantes con un amplio consenso, promover la sucesión del poder en forma pacífica y ordenada, mantener la estabilidad política y contribuir para la paz social. Pero también es cierto, que si los gobernantes no cumplen con las demandas ciudadanas y hacen uso arbitrario del poder, éste perdería su razón de ser. La legitimidad del poder político democrático no sólo tiene que ver con la legalidad (ajustarse a las reglas electorales), su objetivo va más allá, su fin es ético, moral.

Con estas reflexiones podemos afirmar que el gobierno federal cumplió con el principio de legalidad, el 2 de julio del 2000 los ciudadanos y ciudadanas a través de un amplio consenso y en forma  pacífica eligieron a Vicente Fox como presidente de la República, sin embargo, a un año y medio las demandas de la ciudadanía no se han resuelto, de ahí, el desencanto de la democracia. Por lo tanto, el ejercicio de poder está en entredicho, el pueblo ha sido defraudado, son otros los beneficiados.

Para concluir, en Guerrero las cosas no están mejor, tenemos un gobierno ilegítimo de origen y un ejercicio de poder de bajo perfil, por eso, el inmovilismo es total, los cambios ofrecidos nunca llegaron, lo que tenemos son sólo discursos y lamentaciones.