“Apegado a derecho”, el desalojo de la Genaro Vázquez, dice Ramírez Ramos

* Niega el secretario general del ayuntamiento que hubiera robos durante la operación * Aumentan a 64 mil pesos las pérdidas entre machetes, palas, picos, barretas y otros enseres, calcula el líder perredista Fermín Morales

Maricela Santos * El ayuntamiento porteño actuó en apego a la ley al desalojar la madrugada del sábado a casi un centenar de precaristas liderados por el perredista Fermín Morales Saavedra, quienes el miércoles 23 se posesionaron de un terreno propiedad de César González Nava, sobre la carretera a Playa Bonfil.

Así lo manifestó ayer el secretario general del ayuntamiento porteño, Guillermo Ramírez Ramos, al término de la reunión que sostuvo con cinco de los precaristas que exigen ser reubicados por el municipio en otro terreno y que se les paguen las herramientas y los objetos que tenían en el terreno al momento del desalojo. Según cálculos de Morales Saavedra, esas pérdidas subieron ayer a 64 mil pesos, cuatro mil pesos más que los que estimó un día antes.

Morales Saavedra, asesor de los desalojados del asentamiento Genaro Vázquez Rojas, se quejó de que el ayuntamiento “pone oídos sordos” a sus demandas sin considerar que la invasión de las tierras la efectuó “gente necesitada”, que fue desalojada “en un operativo de seguridad aberrante y espantoso” efectuado por los gobiernos estatal y municipal “en complicidad”.

Al reunirse ayer a las 10 de la mañana con el secretario general del ayuntamiento, el dirigente perredista, que lidera también la invasión Lucio Cabañas Barrientos en El Pedregoso, pidió en reiteradas ocasiones la reubicación de la gente y la devolución de pertenencias, que, asegura, “se robó la policía”.

De las pérdidas que llevaron enlistadas al secretario general –entre machetes, palas, picos, barretas y otros enseres–, responsabilizan al alcalde Zeferino Torreblanca Galindo y a la titular de la Secretaria de Protección y Vialidad (SPV), María de los Angeles Nava Rojas.

“Porque son los que comandan la fuerza pública en el municipio. Los hacemos responsables de agresiones, y queremos que devuelvan lo robado, porque es parte del pueblo, y el pueblo se los va a reclamar en el voto, porque se acercan las elecciones y van a querer que los apoyemos, pero ya la gente ya no lo va a hacer porque no hay confianza en este gobierno”, amagó el perredista Morales Saavedra.

Rechazó la versión de dos policías que dijeron que hubo oportunidad de que los precaristas sacaran sus pertenencias, aunque al momento de la movilización policiaca él no estaba “en la toma de tierras”.

Inconforme porque Ramírez Ramos les dijo que analizaría el pago que plantean por la pérdida de sus herramientas, y que cotejaría esto con un acta circunstanciada levantada por la Dirección de Gobernación Municipal al momento del desalojo el sábado a las 4 de la mañana.

“Tendría que ver en qué los puedo ayudar”, fue la respuesta que el funcionario les dio cuando los acompañó a la salida de su oficina en el Palacio Municipal. Cuando la señora Ignacia Bazán Sánchez le dijo que había perdido una camita de campaña, un sillón, cobertores y herramienta, le dijo: “Ya ve, pues; estaba amueblando la casa antes de que la levantara”.

En entrevista posterior al encuentro, Ramírez Ramos dijo que el ayuntamiento actuó en consecuencia a una denuncia que recibió el jueves 24 de enero por parte del señor César González Nava, quien con documentación certificada acreditó ser el propietario del terreno invadido por los precaristas.

Dijo que el predio se ubica en la confluencia del bulevar de las Naciones y el entronque de la carretera a Barra Vieja, que lleva a playa Bonfil.

“Nosotros comprobamos que tanto en Plano Regulador como en Catastro hubiese coincidencia con las escrituras, y una vez hecho esto, nos apegamos a la ley, pues el Bando de Policía y Buen Gobierno establece en su artículo 32 que en caso de invasiones flagrantes el ayuntamiento implementará los mecanismos para efecto del desalojo y restitución de la propiedad y de la seguridad jurídica de los propietarios”, explicó.

“En este caso simple y sencillamente había una total flagrancia porque los desalojados en ningún momento acreditaron tener derecho alguno sobre ese predio en cuestión”, abundó Ramírez Ramos.

Desechó las acusaciones de robo argumentadas por los precaristas que bloquearon el domingo a las 11 horas el bulevar de las Naciones. Dijo incluso que antes de expulsar a los 80 ocupantes del predio, los convencieron de que el terreno es de propiedad privada.

Aunque aseguró que “en ningún momento hubo violencia”, reconoció que “hubo algunos empellones con algunos renuentes a desocupar el predio”, y “sus pertenencias les fueron entregadas de inmediato, pero no había propiedades de valor más que algunos machetes y clavos que tenían, para efectos de construir sus chocitas con madera que habían cortado de los árboles que existen en la propiedad. Ni siquiera había llevado alguna madera o láminas, o algo así”, concluyó el funcionario.

Cuando se le cuestionó sobre la rapidez con que actuó el municipio para este desalojo, dijo que se ha hecho lo mismo con otros predios, como el de Balcones al Mar, la vereda a Real Diamante y Piedra Roja, “porque así debería ser en esta situación de preservar la propiedad privada para efectos de no ahuyentar la inversión. Simple y sencillamente vivimos en un régimen de derecho y creo que debe ser siempre de esta manera”.

Alrededor de las 15 horas, vía telefónica, Morales Saavedra informó que los colonos acordaron entrevistarse hoy a las 10 horas nuevamente con Ramírez Ramos, y dijo que los desalojados encontraron un predio que expropia el gobierno estatal por aquel rumbo, cuyos propietarios están dispuestos “a llegar a un acuerdo” para que lo ocupen.