María Luisa Garfias Marín

Atolito con el dedo

En marzo del 2001, dieciséis partidos políticos, el ejecutivo  y el legislativo anunciaron el  reinicio de los trabajos para la reforma política en nuestro estado de Guerrero e instalaron la mesa central para la discusión y análisis de los trabajos, coordinada por un secretario técnico.

De la temática presentada por los actores políticos organizadores de dicho proceso, la equidad de género fue considerada como algo aparte y no como parte de las propuestas a analizar. Reflejando con ello la ignorancia existente en torno a los derechos de las mujeres o bien como una muestra de poder patriarcal de los representantes políticos. A pesar de ello, diversas mujeres organizadas e independientes: académicas, políticas, dedicadas al hogar, estudiantes, escritoras, funcionarias, diputadas, etc., acogimos con seriedad  la convocatoria de la mesa central y participamos activamente, organizamos diferentes eventos de mujeres para analizar, discutir y proponer reformas a las leyes para construir nuevas relaciones entre hombres y mujeres basadas en la equidad, y con ello sentar las bases para un nuevo estado de Guerrero.

En dichos eventos consideramos fundamental establecer en la Ley Electoral medidas o acciones que garanticen una mayor participación de mujeres en las candidaturas a cargos de elección popular – sin que esto significara la no discusión de otras leyes- para garantizar la presencia de un mayor número de mujeres en los órganos de poder, tanto el legislativo, como en los municipales, para desde ahí apoyar, impulsar y aprobar un mayor número de políticas y programas encaminados a mejorar la vida de las mujeres y de las niñas. Por lo que nuestros resolutivos exigían a las y los representantes de los partidos políticos en el Congreso Estatal, la aprobación de estas reformas al Código Electoral para que el partido político postulante registre en las candidaturas a diputados y ayuntamientos a un porcentaje de 50% de hombres y un 50% de mujeres: de igual manera para la integración paritaria de los órganos electorales.

Estas propuestas fueron entregadas en tiempo y forma al H. Congreso del estado, para su análisis, discusión y aprobación, con el objetivo de que fueran incorporados a la ley electoral que regirá el proceso de elección que inicia en abril de este 2002, y en ese mismo sentido el 23 de diciembre del año próximo pasado (2001) la diputada Generosa Andraca presentó al congreso estatal una iniciativa de decreto. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de las propuestas presentadas en los foros de análisis para la Reforma Política han sido discutidos, mucho menos aprobados, incluyendo claro está lo relacionado con el sistema electoral y la equidad de género. Hoy, los medios de comunicación informan que el gobernador envió una iniciativa relacionada con la equidad de género, estoy segura será analizada y aprobada, y qué bueno que así sea, pero ello queda claro una vez más que el “gran legislador”  sigue siendo el ejecutivo. Dejando a las mujeres y la sociedad en su conjunto con un palmo de narices.

En torno al debate sobre si hay o no tiempo para reformar la ley electoral, considero que si bien es cierto, el artículo 144 de dicho código no precisa fecha para el inicio del proceso electoral ordinario, ya que sólo establece el mes de abril del año en que deben iniciarse las elecciones locales, esto no significa que por ello, la Legislatura local convierta a la Reforma Electoral en Rehén de los intereses de los partidos políticos mayoritarios -PRI y PRD- y pretendan imponer sólo sus propuestas  sin tomar en cuenta la de los participantes de la sociedad civil y organizaciones sociales. Por otro lado, aprobar la Reforma Electoral implica también la Reforma a la Constitución Política local, para establecer la creación del instituto electoral, su integración y elección de consejeros; la reglamentación del referéndum, la equidad de género en los organismos electorales y en las candidaturas a diputados y ayuntamientos. Por lo tanto, el proceso legislativo para aprobar dichas reformas no es tan simple como lo quieren dar a entender algunos diputados, sobre todo cuando ellos como parte del órgano impulsor para la reforma política, se comprometieron con la sociedad guerrerense a realizar una profunda reforma democrática de las instituciones y el marco jurídico del estado de Guerrero, para consolidar la democracia en todos sus ámbitos; replantear los objetos, responsabilidades y metas de las instituciones, a fin de mejorar los niveles de bienestar de la población, con seguridad, justicia y equidad.

Por ello, considero que las y los integrantes del Congreso Local deberían ser claros con las y los guerrerenses, y no pretender darnos atolito con el dedo. El tiempo para aprobar una reforma seria y justa se les ha terminado.