Carlos Pérez Aguirre

Represión social y anuencia delincuencial
El gobierno de Ángel Aguirre, atendiendo los requerimientos del gobierno federal, ha desatado prácticamente una cacería contra luchadores sociales que en varios casos ha terminado en su encarcelamiento, como es el caso entre muchos otros, de Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Marco Antonio Suástegui. Sabemos que los “delitos” por los que se les acusa se circunscriben a la defensa de sus comunidades y poblados contra mafias institucionales y fácticas que quieren apoderarse de sus tierras, de sus bienes y de sus vidas, unos invocando un cuestionable interés general y otros el interés particular o de sus grupos delincuenciales.
Ante ello el gobierno del estado en vez de analizar las razones que han llevado a esos personajes a mantener una organización beligerante y de defensa comunitaria, como un recurso ante la incapacidad gubernamental, actúa contra ellos, no obstante de existir legislación que legitima la creación de policías ciudadanas.
En el caso de los defensores de sus tierras contra el proyecto hidroeléctrico de “La Parota”, a pesar de que existe suficiente información que cuestiona la forma en que se les quiere arrebatar sus terrenos, independientemente de que los beneficios argumentados hasta ahora no cuentan con sustentación real.
Por otra parte resulta realmente preocupante la persecución que se hace de aquellos que protestan contra la problemática que afecta a la sociedad. Diversos luchadores sociales durante este gobierno han sido asesinados sin que hasta la fecha las autoridades judiciales o el mismo ejecutivo hayan por lo menos resuelto un solo caso y esto lo podemos atribuir no solo a la ineficacia de los organismos gubernamentales, sino también a su falta de interés por hacerlo.
Recordemos que esta espiral inició en el anterior gobierno del estado con el artero asesinato del presidente del Congreso estatal y el más viable candidato y con mayor posibilidad de triunfo para la izquierda, Armando Chavarría Barrera.
Esa candidatura –recordemos– cayó por alguna razón en manos del derechista que en ese momento se acomodó un antifaz de izquierda: Angel Aguirre, quien con sus prácticas demagógicas, corrupción y nepotismo ha construido una gestión de gobierno contrario a la aspiraciones de la gente –ya no se diga de la izquierda–, sumando un gran desprestigio.
Pero la represión contra dirigentes sociales ha corrido paralela con la impunidad de los grupos delincuenciales que actúan a sus anchas. Pioquinto Damián sufrió recientemente un atentado que costó la vida de su joven nuera. El dirigente, denunció por diversos medios y en diversas formas la enbestida de la delincuencia en la zona centro del estado, sin que se le prestara mucha atención de parte de la autoridad; tenía que suceder ese desafortunado atentado para que se moviera la autoridad, pero la inseguridad y la impunidad con que actúa la delincuencia no cesa, muy por el contrario, se nota un incremento que por fortuna ha despertado a otros sectores organizados para repeler esta ola de inseguridad.
Pero la represión contra dirigentes sociales y la benevolencia hacia la delincuencia parecerían ser partes de una sola estrategia, o por lo menos el descabezamiento de liderazgos ciudadanos que se oponen a que la ciudadanía siga siendo agredida.

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