Fiscalía especial antisecuetros, piden empresarios al procurador

* Propusieron también que la Policía Judicial realice funciones preventivas, porque la delincuencia ha superado a la policía municipal de Acapulco, dicen 

Alfredo Mondragón * Ante el procurador de Justicia, empresarios de la entidad manifestaron su “temor” por la ola de secuestros. Proponen la creación de una fiscalía especializada para el combate de este flagelo y que dicho delito pase del fuero común al federal. También solicitaron que la Policía Judicial del Estado (PJE) realice funciones de prevención del delito porque la “delincuencia ha superado” en Acapulco a la Policía Preventiva en materia de asaltos.

El sábado por la mañana, durante tres horas, en el hotel El Presidente, los empresarios se reunieron con el procurador de Justicia Rigoberto Pano Arciniega, el subprocurador de Procedimientos Penales, Miguel Barreto Cedello, Juan José Arciniega Cisneros y el director de Averiguaciones Previas, Salvador Calleja Paniagua.

Además, estuvo el delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Acapulco, Adolfo Van Meeter Roque, el comandante regional de la PJE en Acapulco, Guadalupe Herrera Sánchez el comandante de la Central, Javier Francisco Osorio y el titular de la Tercera Agencia del Ministerio Público, Jesús Estrada Soto.

El sentir de los empresarios

La presidenta de la Unión de Propietarios de Farmacias del Estado de Guerrero, Susana González Rojas, propuso que el delito de secuestro pase del fuero común al federal, la creación de una fiscalía especializada en el combate de este flagelo y que “se hagan a un lado nuestras policías judiciales y estatales porque es preocupante que en casos de delincuencia mayor haya involucrada gente del gobierno”

González Rojas manifestó que el sector empresarial y la sociedad están temerosos por la “inseguridad” en nuestro estado porque de cuatro secuestros sólo uno se denuncia: “Nosotros sentimos en carne propia los asaltos y secuestros, necesitamos hacer una alianza con el gobierno porque la delincuencia está sobrepasando a las corporaciones y ver qué podemos hacer para ayudar; no podemos esperar que el gobierno haga todo”.

La empresaria del ramo farmacéutico señaló que: “Se palpa que la delincuencia ha sobrepasado a nuestras autoridades en Acapulco y el Estado; no hay confianza en que puedan saber hacer las cosas (investigaciones) y para que nos sigan protegiendo. En el sector farmacéutico se supo de dos casos de secuestros y en todo el sector empresarial el año pasado supimos de 10 casos de los que sufrimos”.

La presidenta de Agentes Aduanales, Rosario Salgado Escobedo, criticó a la Comisión Regional de la Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por haber intervenido en la defensa e injerencia para que salieran en libertad los secuestradores de su colega Gabriel Ramírez Gatica, secuestrado el 21 de noviembre y cuyos restos fueron exhumados el pasado 14 de enero del 2001 en el poblado El Quemado.

Salgado Escobedo señaló: “Mi asociado tuvo la desgracia de ser secuestrado y asesinado. El no tuvo derechos humanos pero las personas que lo retuvieron si tuvieron derechos humanos y son la viva imagen de la impunidad que después de haberlos detenido, seis de ellos fueron liberados porque tenían derechos humanos, están libres seguramente secuestrando más gente”

La presidenta de los agentes aduanales indicó que los secuestradores de Ramírez Gatica “no sólo acabaron con la vida de mi colega sino con su familia entera porque viven una sicosis de amenaza hasta la fecha. ¡para qué se van a quejar! Derechos Humanos si vio por los derechos de los secuestradores”.

Apoyo para combatir el contrabando maderero, pide la CNIF

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Forestal, José Luis Armenta López, denunció y pidió apoyo al procurador para “el combate del contrabando de madera en la Sierra” y que la PGJE se coordine con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que se “identifique” la madera de procedencia legal y la ilegal. También propuso la creación de cuerpos de seguridad privada con permisos para portación de armas de fuego.

El industrial de la madera también criticó a la Comisiones de Derechos Humanos por “defender a delincuentes, sólo por el simple hecho de que un policía lo empujó ya dicen que se les violaron sus derechos pero a las víctimas ¿quién las defiende?”. Armenta López señaló al procurador que el asalto a mano armada es el delito que más está sufriendo los industriales de la madera, que incluso dos empresarios han muerto en estos casos y el secuestro que ha sido “común” en la Costa, Atoyac, Tecpan y Petatlán pero, acotó que “ahorita tenemos la impresión de que ha bajado este delito de un año para acá, tal vez se deba a los retenes que han puesto el Ejército y la Procuraduría General de la República (PGR).”

Canaco: Más de tres millones y medio de pesos al año paga a seguridad privada

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Acapulco Alejandro Martínez Sidney, indicó que “falta un trabajo más concreto por parte de la Policía Preventiva porque a raíz de esto se ha tenido que pagar seguridad privada y que se hace un gasto de más de 3 millones y medio al año en este rubro”.

Martínez Sidney dijo que “es preocupante que la prevención nos esté fallando en Acapulco, aunque hemos visto una reducción en secuestros pero en asaltos vamos arriba, tan sólo la Canaco registró 437 asaltos a empresas en el 2001, en las áreas suburbanas y urbanas con pérdidas mayores de cuatro millones de pesos”.

El presidente de Canaco solicitó facilidades y agilidad al procurador para que la PGJE “investigue los antecedentes penales de los colaboradores más cercanos de los empresarios porque muchas veces los delitos contra este sector provienen de esta gente”

Martínez  Sidney, aunque reconoció y aclaró que no era ámbito de competencia de la  PGJE sino de la Policía Preventiva,  solicitó a Pano Arciniega que la PJE realice recorridos nocturnos para coadyuvar en la prevención de delitos como asaltos a negocios, secuestros y robos a casa habitación porque en Acapulco “estamos fallando” y el número de asaltos se “ha incrementado”.

Agregó que los asaltos nocturnos a negocios, el robo a casa habitación  y el secuestro son los dos temas preocupantes para el sector empresarial. Pidió a Pano asesoría  en materia de prevención de delitos y mesas de trabajo más frecuentes con el sector empresarial.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Bungalos de Acapulco, Leandro Oropeza Hernández del actuar de la PGJE en materia de seguridad en carreteras federales tras los asaltos registrados recientemente porque “cada turista que se va descontente son nueve los que no regresan”. También preguntó que está haciendo la PGJE en materia de despistolización en la ciudad porque “finalmente son la gente que asalta en carreteras, camiones urbanos, taxis y a la ciudadanía”.

El empresario en bungalos y hoteles, pidió al procurador la elaboración de programas de conscientización para la ciudadanía con el objetivo de que tenga conocimiento hacia dónde dirigirse ante un caso de secuestro, asalto u otro tipo de delito “porque aveces arremetemos contra la autoridad estatal y nos olvidamos que la autoridad municipal es la responsable en prevenir este tipo de delitos”.

Colaboración interestatal vs delincuentes, solicita Canirac

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria y Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Alfonso Saucedo Cobos, pidió a Pano Arciniega, colaboración con las procuradurías de los estados cercanos a Guerrero para crear un banco de datos de las bandas de delincuentes. “Sobretodo” con la de Morelos porque ahí “hay de toda índole” y combatir con mayor eficacia el asalto a autobuses en carreteras federales.

La presidenta de la Unión de Ferreteros del Estado, Laura Estrada Higuera, solicitó al procurador mayor supervisión, disponibilidad, sentido humano y facilidades de trámites del personal de las Agencias del Ministerio Público para la integración de las denuncias, porque “se encuentra uno con incongruencias, un viacrucis,  preguntas innecesarias que retrasan la indagatoria”

Estrada Higuera también apoyó la propuesta para que la policía judicial realice funciones de prevención del delito porque “no sé si hay falta de policías preventivos o tal vez no estén bien asignados ya que no se ve ni se siente que estén cuidando a la ciudadanía”.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias del Estado de Guerrero, Patricia Segovia Téllez propuso que el secuestro sea un delito federal y que los agentes del Ministerio Público,y la  PJE, estén especializados en el combate de este flagelo porque “no es posible que por una averiguación mal elaborada los secuestradores salgan en libertad

Segovia Téllez consideró que el plagio debe ser de competencia federal “porque a mí no me importa que sea una banda de Guerrero o Chiapas sino la agresión; el secuestro acaba con la tranquilidad de todas las familias de la sociedad y considero que los secuestradores poseen una infraestructura impresionante que rebasa los cuerpos de seguridad porque es un negocio lucrativo y está alejando las inversiones en la entidad”

La respuesta de Pano a los empresarios

El procurador dio a conocer a los empresarios las estadísticas de los delitos cometidos en la entidad y aseguró que “el índice delictivo va a la baja” incluido el secuestro: “En 1998 se cometieron 45 plagios; en el 2000 registramos 47 y en el 2001 sólo 37” y que en el año pasado 100 plagiarios fueron detenidos e internados los penales.

En materia de secuestros el procurador pidió a la ciudadanía que “denuncien este delito para que pueda actuar la PGJE y si no hay denuncia es probable que quede impune para siempre y sea una invitación para seguir cometiendo reiteradamente este delito” pero acotó que son respetuosos con los familiares de las víctimas cuando no quieren la intervención de la dependencia para salvaguardar la integridad física de los secuestrados.

Pano Arciniega aclaró a los empresarios que la prevención del delito “legalmente” es competencia de los ayuntamientos mediante su Policía Preventiva porque a la PGJE constitucionalmente le corresponde investigar, perseguir el delito y ejecutar las ordenes de aprehensión, pero acotó que están  colaborando en coordinación con 17 ayuntamientos en prevención de delitos como las Base de Operaciones Mixta ubicadas en la Sierra.

El procurador explicó a los empresarios que en materia de seguridad pública hay cuatro esferas de competencia, la primera, indicó es la prevención del delito que corresponde a los ayuntamientos; la segunda, la procuración de justicia que corresponde a la PGJE; la tercera la administración de justicia que corresponde al Tribunal Superior de Justicia y la cuarta, la readaptación que corresponde a los centros penitenciarios y depende de la Secretaría de Gobernación.

Pano Arciniega comentó a los empresarios su asistencia a la convención de procuradores de justicia del país en el que analizaron la creación de la Coordinadora Nacional Antisecuestros, también del convenio de colaboración e información con las siete procuradurías aledañas al estado de Guerrero para el combate del secuestro, robo de vehículos y asaltos.

El procurador señaló que en materia de averiguaciones previas iniciadas en todo el estado por la PGJE en 1998 fueron de 25 mil 285; en el 2000 fueron 28 mil 432 y en el 2001 se registraron 25 mil 359  y “la lectura que sacamos de aquí es que en el 2001 iniciamos menos averiguaciones que los años anteriores y nos da una idea de que el índice delictivo no se ha incrementado sino que va a la baja”.

Las averiguaciones consignadas en 1998 fueron 6 mil 701, dijo;   en el 2000 fueron 8 mil 582 y el 2001 registró 9 mil 545, la lectura que podemos sacar de aquí es que los esfuerzos de la PGJE se están consolidando cuando menos en este renglón en que hay mayor número de consignación (a los juzgados). En materia de vehículos recuperados en 1998 tenemos 743; en el 2000 fueron 674 y en el 2001 registró 883. En materia de homicidios explicó que en 1998 fueron mil 386; en 2000 mil 46 y en el 2001, registramos 786 homicidios. “Que lectura damos, no una actitud de triunfalismo, pero para la PGJE es que va a la baja”.

En el caso de Acapulco, también dijo que el índice delictivo va la baja porque en año 2000 iniciaron 13 mil 718 y en el 2001 fueron 12 mil 838, es decir un 6. 41 por ciento menos; averiguaciones consignadas (a los juzgados) 2 mil 42 en el año 2000 y 3 mil 438 en el 2001, es decir, 20.97 más.