Signos de que camina la demanda del caso Aguas Blancas: Hilario Mesino

* El dirigente de la OCSS informó que entregará a la PGR en dos semanas las listas de los familiares de los deudos, de los lesionados y de los campesinos que estuvieron presentes en la masacre del 28 de junio de 1995

Hay signos de que comienza a caminar la reapertura del caso Aguas Blancas, después de casi tres meses de que la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) presentó la demanda formal a la Procuraduría General de la República, informó uno de los dirigentes y fundadores de esa organización, a la que pertenecían las víctimas, Hilario Mesino Acosta.

Entre esos signos, que calificó de alentadores, señaló que el lunes 14 de enero, la PGR le pidió la lista de todos los afectados, con sus datos personales, de las comunidades de Atoyaquillo y Paso Real, en la sierra de Coyuca de Benítez.

Entrevistado en Acapulco, explicó que esa lista servirá de base para especificar en la demanda la reparación del daño a los afectados, que son los deudos de los 17 campesinos muertos, los 28 heridos y los que estuvieron en el vado de Aguas Blancas en el vehículo que fue baleado por policías del estado, Motorizados, el 28 de junio de 1995.

Recordó que la OCSS demandó justicia, lo que significa, en primer lugar, la reapertura de la investigación para conocer la verdad y castigar a los responsables intelectuales y materiales, y la reparación del daño, entendida ésta como un acto de justicia.

Informó que con los encargados de analizar la demanda en la PGR establecieron un plazo de dos semanas para entregar las listas de los afectados, para lo que el propio Hilario Mesino está visitando dichas comunidades de la sierra de Coyuca de Benítez.

Informó el dirigente, que paralelamente a los avances en la reapertura de la investigación de la masacre, en la misma PGR hay funcionarios que aprovechan esta demanda de la OCSS para hostigar a sus dirigentes.

Hilario Mesino señaló el caso de una llamada telefónica que recibió en la ciudad de México, el 10 de enero, de un comandante de la Policía Judicial Federal que está adscrito a la Delegación de Guerrero, en Acapulco, quien lo citó para que estuviera en Atoyac o en Acapulco, porque quería platicar sobre la demanda en la PGR del caso Aguas Blancas. Hilario Mesino consideró esta llamada como “un acto intimidatorio”.

El dirigente, originario de El Escorpión, en la sierra de Atoyac, explicó que le dijo al comandante que está de acuerdo en ir a una cita, pero que sea formal, y por los cauces institucionales de la PGR, porque la forma como se estaba comunicando generaba desconfianza.

Dijo que después preguntó en la PGR y confirmó que la persona que llamó por teléfono es un comandante adscrito a Acapulco.

Hilario Mesino recordó que en noviembre pasado, el gobierno mexicano se comprometió a reabrir el caso Aguas Blancas, en una reunión en Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde 1997 recomendó reanudar la investigación de la masacre de 17 campesinos para castigar a los responsables materiales e intelectuales, encabezados por el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

El dirigente recordó que en esos días, el gobernador René Juárez Cisneros se reunió con deudos de los campesinos muertos y con lesionados, y les entregó 20 mil pesos a cada uno, con la declaración de que se había reunido con los afectados “sin intermediarios”, en referencia a los dirigentes de la OCSS.

Mesino teme que con el pretexto de que ya entregó dinero a los afectados, el gobierno del estado trate de obstaculizar la reparación del daño como un acto de justicia. Aclaró que para la OCSS, el dinero y los recursos que el gobierno de Guerrero ha entregado a los afectados por la masacre de Aguas Blancas no son un acto de justicia, sino un acto político, un intento de coptar a los afectados para obstaculizar la justicia.

“Independientemente de que por sus intereses políticos el gobierno dé recursos a los afectados por la masacre, que son campesinos pobres que necesitan el dinero, está vigente la demanda de justicia, conforme a la ley, y como lo plantea la CIDH”.

El 27 de octubre de 2001, dos dirigentes de la OCSS, Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez Flores, presentaron formal denuncia ante la PGR para que se investigue la masacre de Aguas Blancas y se castigue a los funcionarios del gobierno de Guerrero a quienes la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló como responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron el 28 de junio de 1995 y a otros que resulten responsables.

Es la primera denuncia formal ante la PGR por la matanza de 17 campesinos de la sierra de Coyuca de Benítez, y su presentación fue paralela a la declaración que hizo el gobierno mexicano ante la CIDH, sobre su intención de reabrir la investigación de esa masacre y así cumplir la recomendación que hizo ese organismo de la OEA y que no ha sido cumplida.