Rechazan los priístas incluir a la Policía Comunitaria en la nueva Ley de Seguridad

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * La Policía Comunitaria que en Guerrero ha sido ejemplo del combate a la delincuencia y administración e impartición de justicia, ayer fue soslayada por la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado y rechazó su inclusión en la aprobada Ley de Seguridad Pública del Estado propuesto por la bancada del PRD.

Reacios los priístas a los razonamientos de los diputados perredistas encabezados por su coordinador parlamentario, Octaviano Santiago Dionicio, y Severiano Prócoro Jiménez, se opusieron incluso a que el dictamen de la Ley de Seguridad Pública fuera regresado a comisiones para que analizara la posibilidad de incorporar la figura de la Policía Comunitaria.

Eran las tres de la tarde y en el orden del día de la sesión plenaria se incluyó el punto de discusión y en su caso aprobación del dictamen y proyecto de Ley de Seguridad Pública.

Fue en la discusión en lo general del dictamen donde el coordinador parlamentario del PRD, Octaviano Santiago, subió a tribuna para solicitar que el documento regresara a comisiones.

Dijo sobre el dictamen: “Es un documento pobre comparado con la magnitud del problema, la inseguridad pública”.

Y criticó la “incongruencia” del discurso priísta de apertura y de democracia al no permitir el reconocimiento de la Policía Comunitaria, “mientras que la delincuencia crece y se desarrolla. Y la respuesta del Congreso y los poderes Judicial y Ejecutivo están por debajo de ese crecimiento”.

Dio a conocer que de plano se ignoró la propuesta perredista de incorporar la Policía Comunitaria a la nueva Ley, aun y cuando está demostrado que ese cuerpo judicial de acuerdo a la media delictiva es más eficiente.

Octaviano Santiago reconoció que el problema de la policía comunitaria es que asume la responsabilidad de policía, Ministerio Público y juez. Pero destacó que es el medio de organización que la población encontró frente a la delincuencia en sus regiones, donde la corrupción y la extorsión “se utiliza como método vil de atención a la denuncia”.

Mientras que el diputado perredista, Severiano Prócoro Jiménez, antes de tomar su turno en el micrófono, en tribuna pegó un cartel en protesta a la actitud priísta: “Repudio a la no inclusión de la Policía Comunitaria”.

Y dijo que los priístas sólo construyeron una imagen “para quedar bien y hasta crearon una Secretaría (de Seguridad Pública y Protección Ciudadana) que no sirve para nada”.

Recordó que la discusión en comisiones fue mínima en torno a la Policía Comunitaria y que tampoco se quiso consultar sobre la misma para conocer sus alcances y potencialidades contra la inseguridad pública.

Terminando su participación el presidente de la Mesa Directiva por el mes de enero, el diputado priísta Oscar Rangel Miravete ordenó al oficial mayor del Congreso, Luis Camaco Mancilla, que retirara el cartel (debió pedírselo a los miembros de seguridad del Congreso).

Presto Luis Camacho cumplió la orden ante el regocijo de los diputados del PRI, y el grito en segundo plano del ex alcalde de Acapulco Juan Salgado Tenorio: “Pégaselo a él”. Pidiendo que el oficial mayor le pusiera el cartel al diputado perredista.

Y los argumentos de los priístas, fueron primero del diputado Jorge Figueroa Ayala quien tal y como lo previó en su argumentación el perredista Octaviano Santiago dijo que la Policía Comunitaria es inconstitucional debido a que cumple el papel de Ministerio Público y de juez.

Mientras que el diputado priísta Roberto Torres Aguirre criticó que los perredistas no acudan a las sesiones de las comisiones donde pueden hacer sus propuestas y esperan hasta el último para que en tribuna lleven la discusión.

Dicho eso, se sometió a votación el dictamen y los priístas no hicieron caso a la petición perredista y aprobaron la nueva Ley de Seguridad Pública de la cual no dieron copias a la prensa y se desconoce su contenido.

Sin que se conozca los nombres de los magistrados, los priístas los exoneran

En otro punto del orden del día, se presentó el dictamen de valoración previa, por el que se argumenta que el quejoso (se desconoce el nombre) sólo argumentó daños particulares y no públicos para que pudiera proceder su denuncia de juicio político en contra de los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal superior de Justicia del Estado (TSJE).

En el dictamen no aparecen los nombres de los magistrados ni de quienes interpusieron la queja. Mucho menos quisieron dar copias del dictamen, lo que provocó que la prensa exigiera a gritos los nombres de los magistrados. Hubo caso omiso a la petición y los reporteros abandonaron la sesión ante la indiferencia de los diputados.

Los nombres de los magistrados exonerados fueron proporcionados por el director del Comunicación Social, Noé Mondragón, y estos son: el hermano del secretario general e gobierno, Marcelino Miranda Añorve, Rufino Miranda Añorve, Edilberto Calderón y José Luis Bello Muñoz.

Otro caso que tienen pendiente de dictaminar los diputados contra los mismos magistrados, es el de haber dejado en libertad a un estafador también en la Costa Chica.

Los reporteros no pudieron saber el porqué de la exoneración. Mientras que los diputados del PRD se abstuvieron de votar.

Y el diputado del PRS, Demetrio Saldívar Gómez, antes de votar se solidarizó con los reporteros de la fuente y dijo que se abstendría por desconocer los nombres de los diputaos exonerados.

Condena al homicidio del diputado local de Yucatán Pánfilo Novelo

El diputado del PRI Roberto Alvarez Heredia dio lectura a un punto de acuerdo por el que condenan el asesinato del diputado del PRI del Congreso local de Yucatán, Pánfilo Novelo Martín, y su hijo, Miguel Novelo Burgos, así como de Pedro José Jam Pech, ocurrido el pasado 9 de enero.

Además exhortaron a las autoridades de Yucatán para que profundice en las investigaciones al respecto, que permitan dar con el paradero y aprehensión de los culpables.

Y en otros asuntos, los diputados aprobaron regresar a comisiones los dictámenes sobre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de la Ley Estatal de Bibliotecas, para un nuevo análisis e incorporar nuevos elementos.