Demandan parar la extracción de caliza del ejido de Santa María en La Unión

Maricela Santos * Ejidatarios de Santa María del municipio de La Unión denunciaron que aunque la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) constató la explotación irregular de roca caliza de su ejido y que ordenó la suspensión de estos trabajos, no aplicó la sanción correspondiente ni frenó la extracción del mineral.

Para el comisario ejidal de Santa María, Juan González Vázquez, la Profepa actúa con indiferencia ante la extracción irregular de material de roca caliza que realiza la empresa RYA, SA de CV, pese a que la actividad está alterando una cuenca de agua y deteriorando la flora en una superficie de 40 mil metros cuadrados.

Esto porque la dependencia federal realizó una inspección en materia de impacto ambiental el 25 de octubre del año pasado en el punto conocido como Cerro de la Campana, anexo al ejido de Santa María, que consta en el acta de inspección número IA-05-RZ/200, derivada de la orden número 012-068-2-2-IA-05-RZ/2001 girada por el actual delegado, Inocente León Pineda, luego de la presentación de una denuncia ante la dependencia por ejidatarios que se oponen a la extracción irregular de material.

En el acta asientan que la dependencia constató la extracción de roca caliza en una superficie de 40 mil metros cuadrados ocasionando “el deterioro de la vegetación” del lugar y “un cauce o cuenca natural de agua y una poza u ojo de agua siendo afectado…por el taponeo con escombro proveniente de la mina”.

En la inspección verificaron que en el denominado cerro de La Campana del ejido de Santa María extraen el mineral conocido como roca caliza por parte de la directiva ejidal que dijo presidir Maximiliano Andrade Alvarez, así como la empresa Constructores Industriales RYA SA de CV, que es la encargada de extraer y transformar la roca caliza.

De la extracción que hacen por medio de cortes de perfil de suelo, se calculan percepciones mensuales del orden de los 140 mil pesos, pero durante la inspección Maximiliano Andrade no mostró autorización de impacto ambiental sobre la extracción de minerales o sobre el cambio de uso de suelo “por lo que como medida de seguridad”, declararon “suspendida temporalmente la actividad de extracción de suelo mineral, incluyendo el funcionamiento de un tractor o trascabo por ser el medio directo relacionado con la extracción del suelo mineral motivo de la inspección, en tanto no se presente la autorización respectiva”.

Conminaban ahí a que los explotadores del yacimiento restablezcan el cauce natural dañado por el taponeo y en una declaración adicional de Andrade Alvarez reconoce que originalmente extraía roca caliza la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, SA (Sicartsa), pero que fue suspendida a raíz de una demanda promovida “por un grupo rebelde” encabezado por los ejidatarios Benito González Alvarez y Manuel González Vázquez.

Andrade revela que a pesar de la suspensión, Sicartsa reanudó la extracción en mayo del 2001 mediante una segunda empresa denominada RYA y que el taponeo del cauce fue una solicitud de la mesa directiva de mayo que según esto, era presidida por Manuel González Vázquez.

Pero el comisario ejidal de Santa María, Juan González Vázquez, el tesorero, Macedonio González Salmanca y el presidente del consejo de vigilancia, Manuel González Vázquez, denunciaron que los inspectores de la Profepa que se apersonaron al lugar, no procedieron “más que en el puro papel” a suspender las actividades, pues ni delante de ellos se frenó la extracción de caliza y ésta continuó hasta la fecha.

Asimismo denunciaron que tampoco hubo en lo físico el “aseguramiento” del tractor y a la postre, tampoco se ejecutó la liberación del cauce.

Aclararon que Maximiliano Andrade Alvarez no es el comisario ejidal, pues desde el año pasado había asumido el cargo Juan González Vázquez, y antes de él estuvo en el cargo Bulmaro González Andrade.

Pero además subrayaron que el núcleo agrario no autorizó la explotación por parte de la empresa RYA y que ni siquiera conocían su presencia en respuesta a un convenio con Sicartsa, pues la siderúrgica sigue extrayendo material.

En un oficio girado al delegado de la Profepa, Inocente León Pineda, por el ejido el 29 de octubre, denuncian además que las compañías “se han burlado de la suspensión provisional, decretada por la dependencia y continúan explotando actualmente los mantos de roca caliza” y solicitaron por ello el auxilio de la fuerza pública para que se haga respetar la ley.

Pero el oficio no ha tenido respuesta hasta ahora, dijo Juan González, quien mostró dos documentos del Registro Agrario Nacional, en donde acredita que quien se presentó como comisario fue dado de baja en una asamblea ejidal junto con el cacique del lugar, Martín González Alvarez, pero además mostró su credencial de comisario del RAN.

Exigió que la Profepa actúe “conforme marca la ley” para evitar la explotación de la caliza por parte de RYA y otros camioneros que actúan de manera clandestina con el aval de González Alvarez.