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Con su traslado se violaron los derechos de Marco Antonio Suástegui: Ezequiel Larumbe

Karla Galarce Sosa

El presidente del consejo directivo de la Barra de Abogados de Acapulco,? Ezequiel Larumbe Radilla, dijo que con el envío del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, al penal de máxima seguridad de Tepic,?Nayarit,?fueron violados sus derechos humanos.
“Se quiere justificar con el asunto de su seguridad personal o relativa, de que incide como factor social, de que los grupos que lo apoyan puedan realizar algún tipo de manifestaciones más violentas o más duras en función de que está preso aquí, pero de cualquier manera se tiene que sujetar a la ley; habrá que ver cómo motivaron ese traslado”, señaló en declaraciones a reporteros después de la sesión semanal en sus oficinas ubicadas en la calle Quebrada, en el puerto.
Explicó que la privación de la libertad está en base a las órdenes de aprehensión, y aseguró que “es totalmente legal”, sin embargo añadió que “sólo que habrá que ver lo del traslado”.
Advirtió que se violaron sus derechos “si no se le permitió el acceso a su abogado, si las declaraciones no se hubieran tomado sin asesoramiento, o si no se le permite tener acercamiento con sus familiares más cercanos”.
“El asunto del señor Marco Antonio Suástegui tiene dos vertientes, una que efectivamente, a lo mejor, en aras de una causa justa, una causa noble, hizo acciones indebidas, (pero) conforme a la ley, esas acciones son sancionables”, dijo.
Añadió que “cometió delitos que los jueces analizaron como tales, y libraron órdenes de aprehensión, que no conozco a ciencia cierta y desconozco el hecho puntual del que se habla; pero si los jueces lo hicieron así, es que encontraron elementos suficientes para acreditar los cuerpos de los delitos que le están imputando, y si es así, evidentemente tiene que ser juzgado conforme a derecho y en su oportunidad, dilucidarse si es o no responsable del delito que le imputan”.
Pero Larumbe Radilla consideró que “al margen del hecho relativo a las acciones y actitudes que le imputan como delito, se está operando una violación a sus derechos humanos porque también considero que no es correcto ni justo, que se le haya trasladado a un penal fuera de la jurisdicción donde se cometieron los delitos”.

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