Exigen justicia en la conmemoración del 19 aniversario de la matanza de Aguas Blancas

Asisten 800 personas y 25 organizaciones sociales a la conmemoración de la matanza de Aguas Blancas

*A 19 años del asesinato de 17 campesinos en la sierra de Coyuca de Benítez, los sobrevivientes y familiares exigen justicia. Destacan que tres de los oradores del año pasado fueron asesinados

Francisco Magaña

Coyuca de Benítez

En un acto, 25 organizaciones sociales recordaron ayer a los 17 campesinos asesinados el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas.
La conmemoración del 19 aniversario de la matanza se realizó en un acto de unidad.
En la conmemoración, denominada “La marcha de la justicia”, participaron más de 800 personas de 25 organizaciones sociales del estado y del país, que acudieron al memorial construido en el vado de Aguas Blancas.
Los 17 campesinos fueron acribillados por la Policía Motorizada cuando acudían a manifestarse al Ayuntamiento de Atoyac en contra de la alcaldesa del PRD, María de la Luz Núñez Ramos.
Las organizaciones participantes estuvieron encabezadas por la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, algunos de cuyos dirigentes junto con el de la Liga Agraria Emiliano Zapata, fueron oradores en el evento del año pasado y luego ejecutados.
El evento duró más de tres horas, e intervinieron 12 oradores.
La madre de unos de los asesinados, Sofía Ventura, agradeció a las organizaciones sociales su solidaridad a 19 años del hecho y que sigan ayudándolos en la exigencia de justicia.
Los representantes de las organizaciones participantes en el evento reprobaron que el hecho siga impune y sin ayuda a los familiares.
El vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, José Ángel Varón Venancio, reitero que la caída del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer “no fue un acto de justicia para los familiares”.
Insistió en la unidad y dijo que la lucha debe seguir, “ni una lucha más aislada, constituirnos nos hace más fuerte”.
La representante de la OCSS, Norma Mesino Mesino, reiteró que su organización demuestra que sigue viva a pesar de que su fundadora, su hermana Rocío Mesino, haya sido asesinada el año pasado.
Criticó que han pasado cuatro gobiernos federales, dos del PRI y dos del PAN, y no se ha hecho justicia por la matanza de los 17 campesinos.
Dijo que a 19 años se han sumado a la lucha 25 organizaciones del país para que no se siga repitiendo la represión como pasó en la llamada guerra sucia de los años setenta.
Destacó el esfuerzo de las organizaciones sociales por exigir justicia en lo que fue calificado como delito de lesa humanidad, como señala la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que no se acataron.
Norma Mesino dijo que se unen para que la impunidad no se siga enseñoreando en Guerrero, “que sigue amparando a los atrincherados en los gobiernos de todos niveles y los colores que siguen la línea del presidencialismo para asesinar a los opositores al viejo régimen y criminalizar la lucha social, seguimos en resistencia y construyendo nuevas formas de organización y lucha”.
Insistió que exigen la conformación de una fiscalía para que se investigue, se diga la verdad y se haya justicia en los asesinatos de cuatro de los oradores que estuvieron en el acto del año pasado, Rocío Mesino, Luis Olivares, Raymundo Velázquez Flores y Arturo Hernández Cardona.
Exigió además una ley de amnistía para los presos y libertad de los presos de conciencia Marco Antonio Suástegui, Nestora Salgado y los policías comunitarios de Aquila, Michoacán, los ecologistas y los maestros que defienden la educación.
Reiteró que seguirá insistiendo en ser libres a través del dialogo y respeto a los derechos humanos.
Ranferi Hernández Acevedo, del Movimiento Social de Izquierda, respaldó la petición de una fiscalía especial por la ola de asesinatos de los luchadores, y la ley de amnistía.
Reclamó que tres de los oradores que participaron en el acto del año pasado fueron asesinados y no se han informado los avances de las  investigaciones, por lo que se han sumado?a?la Caravana Nacional por la Libertad y Justicia.
Convocó a la más amplia unidad y conformación de un solo frente para acabar con la represión política que hay en el actual gobierno hacia el movimiento social.
En nombre de la Caravana Nacional por la Libertad y Justicia participo Francisco Jiménez, quien destacó el camino de unidad política.
Hizo un llamado para que no haya más luchas aisladas, ni asesinatos de luchadores sociales, ni encarcelados.
“Porque si no nos unimos seguirá habiendo muertos, presos, perseguidos, a un año del gobierno federal son ya 13 luchadores sociales asesinados para imponer sus reformas que ya fueron aprobadas por el Congreso, y vienen a materializar el despojo de las tierras de los campesinos, y han concentrado la riqueza del país en un puñado de ricos, hoy más que nunca deben vivir en nosotros luchadores como Lucio Cabañas y Zapata”, expresó.
Por su parte, el representante del Cecop,?Felipe Flores, dijo que casi a un año de la muerte de tres de sus compañeros que estuvieron con ellos en el evento el año pasado, no se ha aplicado justicia.
Defendió que su organización desde hace 10 años ha emprendido una lucha de resistencia por defender sus tierras, “piensan que por haber detenido a Marco Antonio Suástegui se murió el Cecop, está más fortalecido porque es una causa justa”, en referencia a la oposición a la presa que el gobierno federal pretende construir en el río Papagayo, en la zona rural de Acapulco.
Comparó que los incongruentes son otros, “los gobiernos hablan con un doble discurso, venden y destruyen la naturaleza, dicen que les preocupa el calentamiento global, ellos piensan que encarcelándonos van a detener el proyecto”.
Pidió a las organizaciones que estén atentos a su llamado en las acciones que van a emprender para exigir al gobierno de Angel Aguirre Rivero la libertad de su compañero detenido por delitos que le imputaron, “al rato van a decir que él asesinó a Zapata, vamos a exigir un informe de cómo está nuestro compañero, que trasladaron a una cárcel de máxima seguridad cuando los asesinos se pasean escoltados en las calles”.
Dijo que el miedo del gobierno es que despierten la conciencia del pueblo y que estén unidos.
De igual manera el representante de la Policía Comunitaria de Tixtla, Samuel Delgado Nava, dijo que tras organizarse han sufrido represión y detención de sus compañeros, a quienes?envían a cárceles de exterminio violando sus garantías individuales.
Criticó que el gobierno confía que metiendo dinero a las policías rurales va a dividir su movimiento.
Dijo que la Policía Comunitaria ha pagado con sangre y detención de sus compañeros, “en el gobierno de Ángel Aguirre van 13 luchadores sociales muertos y varios detenidos, quiere descabezar el movimiento social pero la lucha va mas allá de pedir fertilizante, es justicia y libertad”.
Un estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, de nombre Alfonso, señaló que desde el gobierno del Ángel Aguirre en el 2011 perdieron dos compañeros y recientemente dos más fallecieron al ser atropellados.
Indicó que??“es tiempo de reorganizarse, a nosotros al igual que ustedes nos une la represión,?hambre y sed de justicia, los responsables de la muerte de nuestros compañeros son Ángel Aguirre y Alberto López Rosas, aquí hay orejas, que les digan que no claudicaremos en nuestra lucha de exigir justicia”.
Por último, la viuda de Luis Olivares Enríquez, María Elidia Reyes Ruano, denunció que el caso de su esposo ha sido tergiversado por el gobierno, que ha querido hacer creer?a la opinión pública que su muerte junto con la de su pareja, fue por causa del dinero que iba a recibir por parte del gobierno del estado.
Dijo que por ese hecho dos de sus hermanos, Uriel y Daniel Ruano, fueron detenidos y torturados.
Acusó que el asesino “es el gobernador que ha mandado a matar a luchadores sociales y encarcelarlos, pedimos justicia”.
Durante el acto un grupo de vecinos de lo alto de la sierra de Coyuca de Benítez pidió que se les permitiera pasar debido a que llevaban a una persona enferma, y se les permitió pasar.