Aprueban los diputados sin discusión la negativa a la paridad de género y diputado migrante

*Después de unas 14 horas de reunión de la Comisión de Justicia, se votan en el pleno también los candados a los candidatos independientes y el calendario para la elección de 2015

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La madrugada del domingo, el pleno del Congreso del Estado aprobó sin discusión las reformas a las leyes en materia político-electoral que regirán las elecciones constitucionales de 2015, y lo único que las diputadas obtuvieron a favor de las mujeres fue que se destine el 5 por ciento de las prerrogativas de los partidos para su capacitación.
La sesión empezó al filo de la medianoche, después de unas 14 horas de que iniciara la reunión de la Comisión de Justicia, en la que se discutían las reformas, adiciones y derogaciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (LIPE) y la segunda propuesta de crear una nueva legislación en la materia.
A pesar de que en la Comisión de Justicia las diputadas a través de su compañera del PVEM Karen Castrejón Trujillo que insistió en la paridad en las candidaturas a los ayuntamientos, para que los partidos políticos estuvieran obligados a garantizar la mitad de sus candidaturas a mujeres y la mitad a hombres, no lo consiguieron.
El dictamen salió en contra de la paridad de género, y a pesar de que se esperaba discusión en el pleno, donde las diputadas defendieran el 50 por ciento de las candidaturas a las alcaldías para mujeres, finalmente cedieron a la propuesta del panista Jorge Camacho Peñaloza y del priista Héctor Astudillo Flores a cambio de un incremento del 2 al 3 por ciento en el presupuesto de los partidos destinado para la capacitación de las mujeres, que finalmente a través de una reserva de ley se incrementó al 5.
En la reforma quedaron establecidos los tiempos electorales, donde se indica que el proceso iniciará la primera semana de octubre del año anterior a la elección, y se establecieron las fechas para realizar los procesos internos de los partidos políticos para selección de candidatos que varían según se trate de la elección de gobernador, diputados locales y federales, así como ayuntamientos.
Cuando se trata de elegir gobernador, el proceso interno será en la primera semana de enero, con una duración de 51 días que representa las dos terceras partes del plazo de la campaña electoral, mientras que las correspondientes a diputados y ayuntamientos se llevarían a cabo en la cuarta semana de enero, con una duración de 28 días.
Establecieron que el registro de candidatos será del 1 al 15 de marzo para gobernador, y las campañas comenzarán el 19 de marzo y concluirán el 3 de junio del próximo año.
Para los diputados de mayoría relativa y ayuntamientos, el registro es del 3 al 18 de marzo; para los de representación proporcional será del 16 al 30 de abril de 2015, y sus periodos de campaña son del 22 de abril al 3 de junio.
En la cuestión de la paridad de género, según el dictamen, se garantizan los principios de igualdad de oportunidades en el registro de candidaturas a diputados por ambos principios: mayoría relativa y representación proporcional, planillas de ayuntamientos y regidurías de representación proporcional.
Pero se aclara que es “conservando la disposición constitucional ya existente en Guerrero, desde 2008”, la cual se ha violentado. En este punto hubo inconformidad de las diputadas que pedían que quedara establecido que los partidos políticos tienen la obligación de registrar la mitad de las planillas encabezadas por mujeres, lo que no permitieron los hombres en el Poder Legislativo.

Guerrero, el estado “más machista”

Y antes de que se votaran en lo general todas las reformas, la diputada perredista Abelina López Rodríguez, a nombre de las nueve legisladoras subió a tribuna para reprochar la “misoginia” de los diputados.
Dijo que a lo largo de la historia la mujer se ha enfrentado con los obstáculos de las desigualdades, desde las religiones, “sólo pedimos el reconocimiento de nuestros derechos humanos” y recordó las luchas del género para que se respeten sus derechos laborales, a votar y a decidir sobre su cuerpo, en lo que dijo han tenido avances.
Pero en el ámbito político, lamentó que los derechos de las mujeres se sigan violando, manipulando la ley “a antojo de intereses mezquinos de quienes no han permitido el reconocimiento de la mujer en plenitud y se han escondido en interpretaciones ambiguas de la ley”.
Recriminó la poca efectividad de las políticas públicas patriarcales en México, que a 200 años no han logrado la igualdad entre hombres y mujeres, “hoy se busca la paridad de género, es decir, la igualdad en los espacios de representación popular” y lamentó que esté establecido en la Constitución, pero los diputados hombres no lo quisieran incluir en las leyes secundarias.
La diputada preguntó a sus compañeros varones porqué no quieren contribuir al desenvolvimiento de las mujeres en la política y les dijo que Guerrero, además de ser uno de los estados con mayor inseguridad, pobreza y alfabetismo, debe agregársele que es la entidad de la república “más machista, entonces estamos hablando de que en Guerrero no hay democracia, sino sólo en los discursos”.
Pidió a los hombres en el poder que no pongan obstáculos ni candados a las leyes, “para querer extinguir algo que ya no se puede detener y es la paridad de género”.
Les recordó que no estaban mendigando nada, ni pidiendo que les regalen nada, “¿que no hay mujeres? ¿Que no hay mujeres? Porque ese es el lema de los partidos políticos, si somos el 52 por ciento de la población” y les dijo que tienen en Guerrero un millón 743 mil mujeres para elegir a sus candidatas.
Entonces reprochó a los partidos de izquierda, como el PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, que sean “de avanzada” en algunos temas y en otros no, en referencia a la iniciativa para despenalizar en aborto en el estado.
“Basta ya de leyes que se presten a interpretaciones misóginas”, insistió la diputada perredista y demandó a sus colegas hombres dejar de “vivir en el pasado”.
Les dijo que no tiene sentido una reforma político electoral, si en sus leyes secundarias no se incluye la paridad de género, y en cuanto a los ayuntamientos “debe haber la mitad de candidatas mujeres a las alcaldías”.
También la diputada panista, Delfina Concepción Oliva Hernández, presentó una reserva de ley para modificar el dictamen en el que se establecía que los partidos políticos destinen el 3 por ciento a la promoción y capacitación de las mujeres.
En la comisión lograron pasar del 2 por ciento al 3, pero la panista con el respaldo de las otras ocho propusieron que se incrementara al 5, lo cual fue aprobado como consuelo después de que no les garantizaron el 50 por ciento de las candidaturas a las alcaldías.
Cuando la panista presentó la propuesta, su correligionario Jorge Camacho Peñaloza le reclamó y le dijo que porqué no le habló de su propuesta para que él la respaldara, la diputada se encogió de brazos y le dio la espalda en su curul, a pesar de que fue la comisión que preside la que decidió sólo darles el 3 por ciento.
También el diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, dijo lo mismo; además de otros diputados que sólo lo murmuraron.

Diputado migrante hasta 2018, se confirma

El priista Héctor Astudillo Flores presentó otra reserva, en la que pedía que la figura de diputado migrante entrara en vigencia desde la próxima elección, en 2015, pero el PRD respaldado por Movimiento Ciudadano la mayoriteó y por mayoría los diputados decidieron que quedara como decía el dictamen, el que apunta que hasta 2018 entrará en vigencia esta nueva representación.
Se sabe que los grupos internos del PRD no quieren perder espacios, porque el partido con mayor número de diputados plurinominales debe dar una de sus curules al nuevo legislador.
Astudillo defendió en tribuna que en las elecciones de 2015 participara la figura del diputado migrante, pero de los 35 diputados asistentes, 19 se opusieron y dos se abstuvieron.
También aprobaron que los candidatos independientes deben tener el tres por ciento de respaldo de los nombres que integran el listado nominal, haciendo más difícil el registro a los ciudadanos que aspiran a un cargo de representación popular sin el respaldo de un partido político.