Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Las elecciones del 2015 y La Parota

Por una superficial cobertura periodística, la semana antepasada pareció que Cuauhtémoc Cárdenas daba sorpresivamente y sin más su apoyo a la construcción de la presa La Parota, pero si se realiza una revisión cuidadosa de sus palabras se encontrará que a pesar de que dijo que es una obra necesaria y en algún momento se va a hacer, advirtió que para ello antes “tienen que resolverse los problemas de orden social, no se puede proceder de forma arbitraria”. Es decir, Cárdenas en ningún momento se traicionó, pues condicionó la viabilidad del proyecto al consentimiento de las comunidades asentadas en la zona que sería afectada.
En ese procedimiento que parece tan simple, “no proceder de forma arbitraria”, se estancó el proyecto de la hidroeléctrica, planeado en los gobiernos del PRI y hecho suyo por el PAN durante sus dos periodos presidenciales. En más de una década, el tradicional autoritarismo del PRI ha sido el criterio para tratar de impulsar la construcción de la presa, autoritarismo que el PAN reprodujo con absoluta fidelidad. Con esa visión, los pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec han sido considerados un estorbo que debe eliminarse. Una muestra primaria de esa actitud es la ridícula oferta de pagar 90 centavos por cada metro cuadrado de las tierras que los comuneros perderían, propuesta imposible de considerar seria. Ahí empezó la inconformidad social, y desde entonces el gobierno no ha abandonado la arbitrariedad con que trata a los habitantes de esa zona rural de Acapulco.
De prosperar la obra, unas 50 mil personas serían expulsadas de sus comunidades, 47 pueblos desaparecerían y 17 mil hectáreas serían inundadas. Hoy sólo en China se realizan operaciones tan depredadoras sin contemplación alguna para las personas y el medio ambiente. Es posible que Cárdenas tenga razón y que la presa resulte necesaria para el desarrollo del país, pero en todo caso eso es discutible y hay voces calificadas que cuestionan esa postura. El ayuntamiento de Acapulco, por su parte, ha visto siempre en esa obra la posibilidad de resolver el problema del abastecimiento de agua para el puerto. Pero era de sentido común que un proyecto de tales dimensiones requería de una sensibilidad extraordinaria, y las autoridades, del gobierno federal al gobierno del estado, fueron incapaces de ofrecer un entendimiento racional a los dueños de la tierra.
En consecuencia les asiste la razón a los pueblos que se oponen a la hidroeléctrica, que son la mayoría y están agrupados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), pues su resistencia se funda en la defensa de sus derechos fundamentales, derechos que les han sido reconocidos por cinco resoluciones emitidas por los tribunales agrarios en respaldo a su negativa a la presa.
Las cosas seguirían en el estado latente en el que habían permanecido durante más de diez años, pero el regreso del PRI a la Presidencia produjo un reposicionamiento de los fuertes intereses económicos que gravitan en torno a La Parota. A pesar de que la decisión de los pueblos contra la hidroeléctrica ha sido validada por las instituciones agrarias y en un auténtico Estado de derecho eso sería suficiente para poner fin al conflicto –lo que el gobierno federal no se había atrevido a vulnerar–, la administración de Enrique Peña Nieto se ha envalentonado con la aprobación de la reforma energética en el Congreso y parece dispuesto a relanzar el proyecto cueste lo que cueste. El presidente halló una oportunidad en la crisis provocada por las lluvias en septiembre del año pasado, e introdujo la presa en el paquete de obras para la reconstrucción del estado. Escondida en los documentos, La Parota figura en la lista de obras de infraestructura a ser financiadas con los 67 mil millones de pesos presupuestados por el gobierno federal para ser ejercidos entre este año y el 2018. Ya en el presupuesto federal para este año le habían sido asignados 410 millones de pesos; y aunque en otras ocasiones le habían reservado dinero, esta vez la asignación parece más decidida.
Sin embargo, otra vez nadie preguntó a los habitantes de Cacahuatepec si están de acuerdo, ni se sabe de ninguna iniciativa emprendida por el gobierno para buscar el consenso social que Cárdenas reclama para la construcción de la presa. Al contrario, y por eso mismo adquiere crucial relevancia, la mayor noticia generada por las autoridades federales y estatales sobre el tema es la detención de Marco Antonio Suástegui Muñoz, uno de los líderes del Cecop a quien el gobernador Ángel Aguirre Rivero le había dicho que lo quería mucho.
Es evidente que el relanzamiento de La Parota se ha producido exactamente de la misma forma que al principio: haciendo a un lado a los habitantes de la zona. Quizás amparado en que la supuesta utilidad pública justifica todo, no le importa al gobierno federal –ni al estatal– el parecer de los comuneros, y la única comunicación que concibe con ellos son las órdenes de aprehensión. En ese contexto, el gobierno perredista de Ángel Aguirre asumió ya una definición al encargarse de la detención de Suástegui Muñoz mediante la fabricación de delitos a partir de hechos controversiales en los que ha participado el Cecop, que de ninguna manera tienen el impacto ni el significado que la Procuraduría General de Justicia del Estado les atribuye.
Se trata, en resumen, de una estrategia oficial cuyo objetivo es pulverizar la oposición social a La Parota mediante el empleo discrecional y abusivo de los instrumentos que la ley pone en manos del gobierno. No es que sea algo nuevo, pero hay un factor que no estaba presente en la historia anterior del conflicto: el regreso del PRI al poder. El Cecop y los pueblos de Cacahuatepec habían hecho resistencia a gobiernos del PAN, pero los inventores y expertos en las artes del autoritarismo moderno son los priístas. Esta circunstancia hace prever la evolución del conflicto hacia un escenario impredecible y peligroso, que por lo tanto exige claridad, perseverancia y sensatez extrema al movimiento social. No se puede ignorar, además, que este nuevo ciclo comienza en el momento en el que se decidirá la gubernatura del estado. No cabe duda que Aguirre se despedirá entregando La Parota al gobierno de Peña Nieto, hasta donde pueda o le sea exigido, y presionará para que su sucesor sea un partidario de la presa. Es decir, las elecciones y La Parota son ya una sola cosa.

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