Recuento de los negocios turbios y la riqueza de un cacique ejidal

¿Quién es Martín González Alvarez? Fue el comisariado ejidal de Santa María que firmó el contrato con Sicartsa en 1984, y desde ahí se manejó como asesor de todos los comisariados ejidales subsecuentes “mangoneando” a quien asumiera el cargo, pues siempre fue directamente él quien llevó la contabilidad y las relaciones directas con la empresa extractora.

Es cacique del ejido con el respaldo del grupo de Tapia Abarca. Posee huertas de aguacate en Uruapan y grandes extensiones de mango en La Unión. Tiene por lo menos cinco carros, dos tráiler, tres torton, una residencia en Lázaro Cárdenas en el pleno centro y un restaurante “lujoso” en la playa de Petacalco.

Fue ejidatario hasta el 18 de marzo del 2000, cuando los ejidatarios lo destituyeron junto con 20 más, acusados de un fraude cometido en agravio del núcleo agrario, por el manejo de los recursos de la asamblea.

Esto porque en el convenio con Sicartsa, firmado cuando él era comisario ejidal, el núcleo se constituye como persona moral para efectos de pagar impuestos ante Hacienda, pero de 1993 a 1996 cuando González Alvarez se asume por segunda vez como comisario, deja de aportar las cuotas del 15 por ciento de Impuesto al Valor Agregado (IVA) ante Hacienda en el año de 1995. La cantidad adeudada asciende a 6 millones 163 mil 884 pesos, pero no informa al ejido.

Los ejidatarios se enteran del adeudo en marzo del 2000, siendo comisario Bulmaro González Andrade, quien es destituido cuando se da cuenta la asamblea del adeudo porque el Servicio de Administración Tributaria requirió el 24 de febrero del 2000 la cantidad antes citada.

El 18 de marzo del 2000, Martín González Alvarez propone que toda la asamblea pague de común acuerdo la deuda argumentando que el adeudo se debía a que camiones que no eran de Sicartsa trabajaron sin que se lograra retener el IVA. Ahí se designa a Juan González Vázquez como comisario.

El 13 de mayo del 2001, la asamblea general de ejidatarios de Santa María –conformada por 82 personas– separa formalmente de sus derechos agrarios a Martín González y 20 de sus seguidores por el fraude, y esto se hace del conocimiento del RAN que ya lo acredita en sus registros actuales.

Dos meses después de la destitución, entra a terrenos de la señora Petra Salamanca armado con escopetas, AR-15 y pistolas .38 súper para extraer roca caliza y amenaza con pistola en mano a las autoridades ejidales que se apersonaron a petición de la señora de 75 años. El presidente del Consejo de Vigilancia, Manuel González Vázquez, solicitó el apoyo de militares del destacamento de Zacatula, pero cuando supieron que era González Alvarez el que traía las armas se negaron a acudir al llamado del ejido.

De este hecho se desprende la demanda 19/2001 por robo y encumbrimiento de receptoria del material extraído del ejido por la empresa RYA propiedad de Mario Rangel Antimo quien adquiría la piedra caliza robada por el cacique y sus cómplices.

González Alvarez argumentó que estaba en tierras de uso común del ejido, pero sin ser ejidatario porque fue el 15 de mayo del 2001 que el RAN lo da de baja y reconoce sólo la existencia de 54 ejidatarios.

Para el 4 de junio, acreditado el delito, se gira la orden de aprehensión contra González Alvarez, pero el comandante de la Policía Judicial del Estado, adscrito entonces a esa plaza, sabiendo del robo y de la orden de aprehensión, en lugar de aprehenderlo le brindaba protección y asigna a un grupo a resguardarlo.

Los ejidatarios solicitaron la intervención de la Policía Motorizada quien detuvo a dos personas que encontró dos operadores de máquinas de la compañía RYA extrayendo material, en el terreno de Petra Salamanca y los pone a disposición del MP, Ulises López Olivera Arasen quien integra una nueva averiguación, “por evadir consignarlos por la causa penal existente”, según reveló el comisario González Vázquez.

Sin embargo, las dos personas son liberadas esa noche porque el presidente municipal de La Unión, Servando Ayala, acude a la agencia exigiendo que los dejaran ir argumentando “órdenes del secretario general de Gobierno”.

Iniciaron entonces una nueva averiguación contra González Alvarez por el fraude, pero el MP no la quiso aceptar diciendo que no le correspondía, pero los ejidatarios fueron a hablar a la PGJE con el secretario particular del procurador, Rigoberto Pano, quien vía telefónica pidió la integración.

González recurrió al amparo pero le fue negado aunque continúa sin ser detenido.

De acuerdo a las versiones de los ejidatarios González “continúa atropellando los derechos de los campesinos, tumbando cercas a los habitantes y extrayendo la piedra caliza sin que lo paren las autoridades porque creemos que les está dando dinero, mencionó el comisario ejidal de Santa María, Juan González Vázquez. (Maricela Santos)