Alejandro Díaz Garay

Depredadores ambientales

En un foro sobre bosques y medio ambiente, un funcionario del gobierno del estado hacia un recuento histórico de las empresas explotadoras de los recursos forestales en Guerrero.

Primero se estableció en 1945 la empresa norteamericana, Land and Timber Compay; luego las empresas mexicanas Maderas Papanoa, Maderas del Río Atoyac, Chapas de Triplay, y la Industria Forestal Poniente, obteniendo concesiones gracias a las relaciones con los grupos de poder en el país que marginaron a la población de todo beneficio, aun y cuando esos bosques pertenecían a ejidos y comunidades de la región.

En los años 70 el gobierno federal creó el organismo público descentralizado Forestal Vicente Guerrero (Fovigro) que tendría la exclusividad, durante 17 años, en la concesión para explotar los bosques de Guerrero. La deforestación causada por Fovigro modificó drásticamente el paisaje de boscoso a desértico, sin que los ejidos y comunidades se beneficiaran, antes bien sufren la intimidación del Ejército en las zonas de explotación.

Para hacerle frente a la explotación inmoderada se crea en 1980 la Coalición de Comunidades Forestales de la Costa Grande teniendo como objetivo cancelar la concesión a Fovigro.

En 1995 el gobierno de Rubén Figueroa firmó un convenio con la empresa transnacional Boise Cascade, dándole pleno derecho de explotar los bosques de la Costa Grande en un total de 24 ejidos.

A pesar de que esta firma es de origen canadiense, sus leyes sobre bosques y conservación de la naturaleza no le permiten la tala inmoderada de árboles en edad adulta. Pronto, Boise Cascade absorbió los aserraderos de la región y empezó a pagar tres veces más el metro cúbico por rollo. Surgieron depredadores locales que acosados por la miseria y el hambre, contribuyeron a la tala de pinos y abetos, resolviendo en lo inmediato el problema de su pobreza pero heredando a sus hijos un desierto de lo que un día fue bosque; caciques como Bernardino Bautista Valle, quien dirige la Unión de Ejidos Rubén Figueroa Alcocer, se han beneficiado de la tala inmoderada de los recursos maderables de la entidad.

Para 1998 los propios campesinos crearon conciencia del riesgo que corrían sus tierras y formaron la Organización de Campesinos Ecologistas de las Sierras de Petatlán y Coyuca de Catalán, A.C., conocida mundialmente por las detenciones injustificadas de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, entre otras cosas, porque con sus medidas (de cerrar los caminos) lograron en ese mismo año el cierre definitivo de la transnacional.

La semana pasada un documental de Ricardo Rocha mostraba el tránsito de camiones cargados con madera en rollo, bajando de la sierra de Filo Mayor; decía el entrevistado que era incesante el ir y venir de los cargueros. Ejidos como El Mameyal y El Durazno, han sufrido talas irracionales sin tener conciencia del daño ecológico irreversible. Los ríos de El Mameyal, Frío, Petatlán y de la Hacienda de Dolores, han disminuido dramáticamente sus niveles de agua y han devenido en arroyos y bancos de arena; debido a los incendios en los bosques, a veces provocados por venganzas entre caciques y campesinos, o por utilizar garrapaticidas como forma de matar especies marinas; donde antes había truchas, camarones, langostinos, ahora son aguas contaminadas y tierras ribereñas infértiles.

La situación de los bosques de Guerrero es grave. El 54 por ciento (634 mil hectáreas) de la superficie regional ha modificado su uso de suelo con diversos grados de deterioro ambiental. A decir del gobierno federal Guerrero es uno de los estados donde existe ingobernabilidad ecológica. Confían en someter al orden ecológico antes del 2006. ¿No será demasiado tarde?

Por otra parte, la empresa Geo Carabalí, filial de Corporación Geo, S.A. de C.V. constituida en 1981, líder nacional de la industria de la construcción en el ramo de vivienda de interés social, cuyo presidente administrativo es Luis Orvañanos Lascurain, aunque su socio fundador fue el ya fallecido Hank González, ha invertido en Acapulco desde hace una década.

Uno de sus proyectos más fuertes lo constituye la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, asentada en Granjas del Marqués, en su edificación se tuvo que modificar radicalmente el uso de suelo en lo que antes eran huertas de mango y potreros, destruyendo el hábitat conformado en cientos de años, en las inmediaciones de la laguna de Tres Palos. Por cierto, fue modificado el Plano Urbano durante la administración de Rogelio de la O Almazán, para poder autorizar el uso de suelo para construcción de viviendas. Al margen de dramatismos, las consecuencias de este hecho, motivado por un interés económico avieso, traerá inevitablemente- una tragedia colectiva con torrenciales tipo Pauline.

Las jugosas ganancias de comprar tierras ejidales, con o sin violaciones a la ley agraria, para después construir casas de interés social, con materiales de muy baja calidad, a juzgar por las calles que se encuentran más cuarteadas que un mapamundi, en tan sólo cinco años de haberse pavimentado, han hecho que Geo continúe comprando ejidos en las inmediaciones del municipio de Acapulco, desforestando por completo las huertas de coco, mango y otros frutales, sin que medie una evaluación seria del equilibrio ecológico.

En los planes de construcción de vivienda para este año están siendo derribadas 40 hectáreas de palmas de coco en el ejido de Llano Largo, similar ocurre en el ejido de La Sabana y el de Cayaco. La pregunta es ¿y quién autoriza semejante genocidio ecológico? ¿Y quién lo impide?