Tlachinollan, A.C.

*Los pueblos indios y las reformas del Estado

Las reformas del Estado que se han venido dando en América Latina expresan la intersección y el delicado equilibrio entre los requerimientos de la democratización (factor endógeno) y del ajuste estructural y social (factores exógeno y endógeno).

A nivel general, las reformas nos hablan de la transformación de las relaciones entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. El paquete de reformas está incluyendo medidas de reforma monetaria y fiscal, la liberalización, la privatización y la reforma de los sistemas electoral, judicial y educativo, acompañados por políticas de descentralización.

La agenda de la reforma de nuestro país refleja de manera muy peculiar, la correlación de fuerzas sociales y políticas que se encuadran dentro de una transición política, protagonizada por una gran riqueza de actores sociales, entre los cuales se encuentra el movimiento de los pueblos indígenas.

Los nuevos movimientos indígenas en nuestro continente, surgen en el contexto del agotamiento del modelo económico y político del estado nacional desarrollista que se institucionaliza en la posguerra. Su expansión y su fuerza se dan en el marco de las transiciones simultáneas hacia el neoliberalismo, por una parte y, por la otra, hacia la democracia.

En el caso de México, el proceso de reforma constitucional y de ingeniería institucional está relacionada con una transición del gobierno autoritario y la búsqueda de nuevas bases de legitimación. Se trata de un cambio hacia un nuevo modelo económico y una adaptación al cambiante orden económico y político global.

Los ajustes al nuevo orden global incluyen la absorción de algunas de las funciones del Estado por mecanismos trasnacionales. Ahora el Estado mexicano se transforma en un actor importante en la creación de ambientes atractivos para inversiones de capital externo en un marco de competencia global. Esto trae como consecuencia que se reduzcan las transferencias económicas al sector social y en contrapartida se multipliquen los incentivos a la privatización, el desarrollo de infraestructura para facilitar la extracción de riquezas naturales al más bajo costo.

Por otra parte los procesos de reforma son empujados por las demandas de la democratización, estamos ante una efervescencia política y ante una gran variedad de movimientos sociales que construyen nuevos espacios ciudadanos e inéditas maneras de reorganizar el poder local.

En esta perspectiva las reformas del Estado son, por un lado, una abdicación selectiva de sus obligaciones y por el otro, una remodelación de sus funciones, influenciadas por las exigencias ciudadanas de democratización y por los requerimientos del ajuste estructural.

Los resultados de las reformas son producto de la divergencia, convergencia y la negociación entre las diferentes fuerzas políticas y sociales que lógicamente no logran ser escuchadas en su sentido más profundo, porque en México estas voces y manifestaciones están mediatizadas y acotadas por la óptica y los intereses de los partidos políticos, que al final de cuentas imponen su voluntad, que no necesariamente es la voluntad popular, sino el cedazo político que filtra y escoge lo que es políticamente negociable. De este modo las reformas resultan ser documentos áridos e inconsistentes que tratan de aparentar la voluntad de cambiar, plasmando deliberadamente una reforma vaga y ambigua para que no genere un cambio de fondo.

La reforma constitucional en materia indígena, es una estafa a la voluntad popular, solo es un tenue reflejo y una caricatura de lo que son las profundas aspiraciones democráticas de una sociedad plural. Con actitudes arrogantes, mezquinas y racistas los legisladores abusando de sus atribuciones, ignoraron a los protagonistas de esta reforma y, en su nombre decidieron qué tipo de derechos se podían merecer los pueblos indígenas.

La medida y los límites de esta reforma no se encuentran en la homologación de nuestras leyes al derecho internacional, sino en el proyecto neoliberal. Lo importante no es garantizar o asegurar nuevos derechos, sino legislar para el mercado global, crear las condiciones jurídicas para que el capital trasnacional no tenga restricciones ni fronteras, por el contrario, propiciarle un ambiente de seguridad y confianza para que invierta en las regiones indígenas donde todavía se mantiene intacta la invaluable riqueza de la biodiversidad.

El neoliberalismo no se reduce a ser una doctrina económica, sino que cuenta con un proyecto cultural y una visión propia de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. El libre mercado es el eje del proyecto, que lleva aparejada una concepción de la democracia que se reduce a su mínima expresión y a un ámbito meramente procesal, donde la toma de decisiones a nivel macro es delegada a grupos de expertos, de administradores tecnócratas o de cúpulas de partidos apoyados por sus consultorías. Se empieza a desmantelar al Estado corporativo y benefactor para dar fuerza a un Estado aislado y blindado de “las indebidas” influencias sociales.

Apelando al principio de subsidiaridad el Estado empieza a prescindir de todo tipo de intervención, salvo en los casos en que no pueden ser atendidos por el sector privado. Al mismo tiempo que los mercados quedan desregulados con la eliminación de subsidios, las políticas sociales quedan subsumidas a la lógica del mercado. El Estado se reduce solamente a intervenir en “la lucha contra la pobreza extrema” para crear una “cancha pareja” entre los más pobres, con el fin de capacitarlos e incorporarlos al mercado competitivo.

Es claro que para el proyecto neoliberal los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos de solidaridad y de los pueblos no son parte fundamental dentro de las reformas constitucionales, se trata de meras readecuaciones que demanda el mercado global.

No obstante esto, las reformas constitucionales son en gran parte producto de la movilización social que condensa la esperanza del cambio profundo, que han logrado expresar con mucho simbolismo, las exigencias de una verdadera participación democrática, de inclusión social, de nuevas relaciones entre los distintos sectores de la sociedad y de la reafirmación de nuevos derechos.

Para estos nuevos actores la participación implica deliberar y tomar decisiones, revertir las tendencias a la concentración del ingreso y a la privación de derechos. Es luchar por la instalación en nuestra sociedad de la democracia directa y para demandar el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas.

*El presente texto forma parte de nuestro ultimo informe titulado “Sufrir la Ley. El Etnocidio Jurídico en La Montaña de Guerrero”.