Eduardo Pérez Haro

La tierra y lo demás también

A la memoria de Raúl Contreras, El Chino

Todo mundo coincide y los hechos así lo confirman, que el Presidente fue comprometido con una reforma para el campo que no tenía contenidos precisos, y que se trataba de no hacer gala de desprecio por el sector rural subiéndolo al “carrusel de las reformas estructurales” con las que se acomodaban las intereses del régimen bajo la reiterada figura discursiva de la transformación de México.
No obstante, a unos días de su anuncio se consideró por parte de los hombres del régimen que podría servir para allanar los espacios de explotación que son de interés de las empresas extranjeras, especialmente las industrias mineras y las tan esperadas empresas ligadas al negocio de los hidrocarburos.
Ello implicaría regresar al artículo 27 constitucional y leyes secundarias para terminar de quitar obstáculos que se dejaron en la reforma de 1992 al poner como condición pasar por la Asamblea del ejido y la comunidad para la enajenación a la que a partir de entonces tendrían derecho sus integrantes.
Lo mejor sería que una oferta de enajenación por parte de los inversionistas pudiese “seducir” en lo individual a aquellos propietarios con mayores apremios detonando una corriente que terminaría por imponerse sobre el conjunto y “así la tierra pasaría a manos de explotaciones rentables para el crecimiento económico”.
Cuando se conoció de esta intención, la reacción de los campesinos no se hizo esperar y la cuestión creó preocupación al grado que el Presidente se reunió con varias organizaciones de productores en donde reafirmó que la reforma para el campo se llevaría a cabo, pero que no se tocarían los preceptos agrarios que dan seguridad a los propietarios de las tierras.
Ahora se ha reavivado el tema, y tal parece que en los contenidos de las leyes reglamentarias de la reforma energética se antoja colocar el punto, aunque se dice que no de manera generalizada sino sólo en aquellas áreas en las que el Estado puede llevar a cabo la expropiación con base en el “interés público”
El tema se complica y podría enredarse, pues ya no sabemos que es el “interés público” cuando no hay compromisos para el empleo y el ingreso, ni acuerdos sociales con el Estado que a través del gobierno sólo ofrece discursos de frases que no están ligadas a compromisos: “el crecimiento económico”, “la productividad”, “la competitividad”, “la transformación”, “la modernización”…
Es muy probable que sirvan para arengar actos oficiales, batear entrevistas con los medios, incluso girar instrucciones en las salas de juntas, pero tal vez no alcance para expropiar o arrebatar el último refugio de la pobreza de los núcleos agrarios o de los pueblos de pequeños propietarios minifundistas y pobres: la propiedad de la tierra.
La ausencia de una real estrategia para el desarrollo nacional complica las salidas de un problema sin crear otro, dicho sea para unos y otros. En la base del problema (1917) se reconoció el derecho a la tierra para los campesinos y la propiedad de los recursos del subsuelo y del agua para la nación porque ambos trabajarían por el desarrollo nacional que se materializaría en las mejores condiciones de vida de todos los mexicanos.
Empero, a cien años se han desdibujado los entendidos y los pactos, se han modificado los textos del acuerdo y el sentido de los términos. Efectivamente, la realidad ha cambiado y es entendible que cambien el significado de las palabras y los acuerdos mas no la filosofía de justicia y desarrollo que envolvió ese entramado, máxime cuando éste no se ha llevado a cabal cumplimiento.
Que el gobierno de la República crea que es de esa manera como se puede cumplir, es una cuestión que debe discutirse porque del lado de las sociedades de base que le conceden su presencia hay otro punto de vista, que puede no ser lleno de razón, tal vez, pero por lo mismo habrá que discutirlo.
La historia sociopolítica que viene de la revolución del 1910-1917 a nuestros días, transformó al México preeminentemente rural de un país atrasado y pobre a un país preeminentemente urbano atrasado y pobre, con la salvedad de su reestructuración social que permite reconocer a una élite de grandes y muy ricos empresarios que reemplazan a los muy ricos y decadentes hacendados de aquella época.
También existe una clase media que en aquel entonces era incipiente al igual que los obreros que ahora suman varios millones, pero los campesinos pobres se han multiplicado por cuatro, pues si a principios del siglo XX eran alrededor de 7 millones ahora a principios del siglo XXI son alrededor de 28 millones.
México es otro, pero no en el núcleo de su compromiso de desarrollo que llevaría a los mexicanos todos a mejores condiciones de vida. Así, mientras que en el mundo otras naciones sí han resuelto ese propósito, en México el gobierno no ha cumplido e infortunadamente muchos de los segmentos sociales que no hacen parte del gobierno sino de la sociedad civil se han vuelto cómplices de la ineficacia, la ineficiencia y el interés propio como prevalencia.
Ciertamente la tierra no es suficiente para generar riqueza y nunca se supuso que lo fuera. El compromiso es que el Estado coadyuvaría a hacer de la tierra una empresa productora de alimentos y materias primas y así lo entendió una vez que la revuelta y las gestas armadas cesaron. Así lo entendió y lo asumió el entonces Presidente general Lázaro Cárdenas, y lo puso en marcha con loables resultados hasta mediados de los años sesentas.
Al tiempo que México se desplegaba en su proyecto de transformación para convertirse en una nación industrializada, el mundo también se transformó y antes de que nuestro país pudiera consolidar su proyecto y entrar en competencia con las economías avanzadas entró en un túnel del que no ha podido salir hasta la fecha.
En ese trance la agricultura pasó a segundo plano y ahí se creó “el abandono del campo”, se perdió como factor de apalancamiento al desarrollo industrial y, la industria, al no estar consolidada, se desfasó de la competencia internacional y así, la economía no pudo hacerse cargo de solventar las necesidades de este sector para llevarlo a un plano de suficiencia y competitividad.
Impuesto a trasladar su apalancamiento al sector externo abrió las fronteras al comercio con Estados Unidos perfilando la venta de la industria automotriz y electropartes fundamentalmente y alineando todo lo que se pudiera en esta vertiente incluido el sector agropecuario. Estados Unidos, convertido ya en potencia agrícola no dejaría de tener escasez durante el invierno y México sería su proveedor más aventajado.
Las frutas y hortalizas se dispusieron a aprovechar esta ventana de oportunidad que por su escala de operación tenía sus principales agentes entre los grandes y medianos productores instalados en estas ramas de la producción. Y los granos que habían sufrido la desinversión de más de una década serían apoyados por los disminuidos recursos del Estado por lo que también se concentraron entre los grandes y medianos productores de riego y buen temporal, mientras que los demás casi 4 millones de pequeños productores minifundistas de temporal errático quedarían en “el abandono del campo”.
Empero, el mundo ha vuelto a cambiar y la producción rural alimentaria y no alimentaria es una oportunidad. Es decir, que la oportunidad que se perdió durante el periodo 1966-2006 está de regreso y aunque no para siempre sí durante un periodo considerable. El campo vuelve a ser rentable porque la capacidad de las potencias agrícolas, incluido Estados Unidos, no alcanza para cubrir la demanda y mientras no se cubra esta insuficiencia (esto es lo que, fundamentalmente –aunque no solo–, marca la duración del periodo) los precios serán elevados y el sector puede ser rentable, pero si no se toma este periodo desde la perspectiva de la producción entonces se tendrá que pagar a muy altos costos la importación de alimentos que se vuelve un contrasentido de los requerimientos en la economía de la industria y los servicios.
Esta parte debe entenderse y al parecer nadie le ha podido explicar esto al Presidente: que el crecimiento económico y mucho menos la transformación de México depende solamente de jalar inversión a las industrias per se que le han exigido las reformas estructurales. Estas, o sea las trasnacionales, vienen  por lo suyo pero el país es asunto nuestro y es más que lo que traen dichas reformas. Pero digámoslo de esta manera: la tierra es bastión no dable a cambio de palabras grandilocuentes y vacías. Pienso que los campesinos esta si no se la tragan, empero, la tierra, sin inversión no será suficiente para la empresa campesina que tiene una oportunidad en el tiempo actu@l, amén de la continuidad de la suerte especial de los grandes productores con quienes, a todo esto, no hay discusión.
Las organizaciones de productores, los campesinos, hombres y mujeres, tendrán que reivindicar su propiedad no sólo para evitar el despojo sino para propiciar la inversión en un sentido proveniente del Estado que debe recaudar-gastar para propiciar desarrollo y de otra parte, prepararse para establecer alianzas con el capital privado nacional o extranjero y es aquí donde la discusión no es sólo por la tierra sino por la inversión, el crédito, la infraestructura, la maquinaria y el equipo, la tecnología y la asistencia técnica. En otras palabras, hay que discutir y resolver en el marco de la reforma para el campo; no perder la tierra es la clave, pero también es menester no perder el presupuesto público y los criterios de asignación para darle progresividad a los subsidios aceptando los retos del mejoramiento productivo. Hay que recuperar el sentido de justicia y del interés público trayéndolo a las condiciones y exigencias actu@les.
Se trata de que el gobierno salga de la estrecha visión de hacer del petróleo una palanca unívoca del desarrollo porque a todas luces es insuficiente para una verdadera transformación estructural de la capacidad de producción-ingreso nacional y por tanto de un desarrollo con equidad. Pero también hay que evitar un lucha unívoca por la tierra cuando lo que se requiere es la tierra para producir lo que el país y el mundo demanda en materia alimentaria y no alimentaria y eso requiere, en principio, discutir el presupuesto público, la elegibilidad de sus beneficiarios y los componentes de aplicación que no son otros que los que se colocan como valores incrementales del cambio tecno productivo, algo de lo que poco se habla porque poco se sabe pero que hay que abrirlo y ponerlo sobre la mesa de la discusión.
Una defensa meramente agraria tiene su mejor horizonte en dejar las cosas como están ahora y las cosas no están bien. Es momento de poner el desarrollo del campo a discusión con sus diversos componentes y de esa manera puede obligarse a entender que el desarrollo nacional no se reduce a reformas de oportunidad en el interés de los de afuera, sino en movilizar las fuerzas internas hacia una transformación que exige cambios en los diversos sectores de la economía con base en nuevos entendimientos y acuerdos entre los representantes reales de cada caso.

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