Tlachinollan

Alerta máxima contra la presa La Parota

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Llegar a la región donde se encuentran asentadas las comunidades opositoras a la presa hidroeléctrica La Parota, en los afluentes  del río Papagayo, es entrar al apartheid del Acapulco rural, segregado socialmente por las elites políticas y económicas del Acapulco Diamante. Esta separación está marcada por la marginación social y la devastación ecológica. Las tierras comunales y ejidales de los campesinos han sido robadas por empresarios-caciques, que por más de cinco décadas se las han agenciado de manera ilegal, contando con la complicidad y corrupción de las autoridades agrarias y del medio ambiente. En esta zona se ubican tres grandes gravilleras: la de Humberto Marín, Arturo Valle y Javier Cadena, quienes con total impunidad han devastado los bienes naturales y sobre explotado los recursos pétreos del río Papagayo. Estos empresarios están acostumbrados a darles un trato indigno a los campesinos pobres; los  explotan y son objeto de muchas vejaciones. Recurrentemente son víctimas de golpes, amenazas, atracos y humillaciones, por parte de sus pistoleros, a cambio de un mísero salario.
En este submundo de la ignominia, donde los empresarios se han enseñoreado en la región  para instalar sus empresas de manera ilegal en las tierras comunales de Cacahuatepec, los gobiernos se han empecinado, por más de diez años, en imponer el proyecto  La Parota.
Desde el 2003, cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entró de manera ilegal a los territorios comunales de Cacahuatepec, para iniciar los trabajos de la presa, se gestó un gran movimiento protagonizado por los pueblos del río Papagayo, cuyos antecesores fueron indígenas pertenecientes al pueblo naua. La defensa del territorio fue la bandera que aglutinó a los campesinos en torno a lo que hoy conocemos como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop). Los miembros del Cecop saben muy bien cuáles son los daños ambientales, sociales y culturales que causaría la construcción de la presa y  ubican que este proyecto responde a los intereses del gran capital. Las agresiones y encarcelamientos que padecieron por parte de los gobiernos priistas y perredistas les ayudó a entender que las autoridades estatales de cualquier cuño partidista están para proteger y salvaguardar los intereses económicos de los empresarios y de las multinacionales.
El Cecop aprendió no sólo a movilizarse y a resistir ante las embestidas policiacas y militares, sino que supo manejar los recursos jurídicos para hacer valer sus derechos y  demostrar a los gobiernos que la razón ha estado siempre de su lado, al ganar todos los juicios agrarios que interpusieron  en los tribunales. Las asambleas que organizó la Procuraduría Agraria para obtener la anuencia de expropiación y la ocupación previa de las tierras, se realizaron con muchos vicios de origen, contraviniendo las normas estipuladas en la misma Ley Agraria. Por su parte la CFE acarreó y pagó dinero a un gran número de comuneros para que fueran a votar a favor de la expropiación. Mientras tanto,  Zeferino  Torreblanca se obstinó en imponer por la fuerza el proyecto, utilizando los cuerpos policiacos para reprimir a los miembros del Cecop. Nada pudo lograr con todo y sus tropelías y el manejo faccioso de las instituciones y las mismas leyes. El Cecop demostró su carácter vigoroso al resistir con inteligencia y sagacidad a las fuerzas represivas del estado y ganar a pulso su derecho a vivir dentro de sus territorios.
Estos triunfos a nivel local alcanzaron resonancia internacional, al grado que en el 2006, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su cuarto informe periódico sobre México, presentó el caso de La Parota y manifestó su preocupación por la falta de información objetiva, así como la falta de consulta a los pueblos.
En ese mismo año el relator de la ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, resaltó la violencia generada a causa del interés del gobierno por construir la presa, y el incumplimiento de las medidas judiciales decretadas por los tribunales, que ordenaban la salida de la CFE de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. El relator especial de la ONU sobre Vivienda, Miloon Kothari, quien también visitó la región, envió un escrito al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, donde expresaba sus preocupaciones sobre  las implicaciones ambientales, sociales y culturales del proyecto hidroeléctrico.
Por su parte el Tribunal Latinoamericano del Agua, un organismo de carácter moral, cuyo jurado lo integran personalidades de gran prestigio académico, declaró en su fallo que el proyecto La Parota debe cancelarse, porque no garantiza beneficios tangibles  a la población local, ni su contribución al desarrollo regional y a la protección al medio ambiente. Todas las instancias internacionales evidenciaron que tanto el gobierno federal como el estatal restringen derechos fundamentales de los campesinos que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica.
El movimiento ejemplar del Cecop propició la conformación de una plataforma de solidaridad nacional e internacional por parte de organizaciones civiles,  con el fin de difundir su lucha y apoyar las acciones orientadas a defender  sus territorios. La detención de Marco Antonio Suástegui ha reactivado esta red de solidaridad y ha puesto en alerta máxima a todas las organizaciones hermanas, para crear varios frentes de lucha  ante la embestida del gobierno priista de  imponer por la fuerza el proyecto hidroeléctrico, incluido por Peña Nieto en el Plan Nuevo Guerrero.
El Cecop, en medio de las tormentas de septiembre y el desbordamiento de la presa La Venta, que dejó sin tierras y sin viviendas a muchas familias asentadas en los márgenes del Papagayo, se mantiene en pie de lucha. En contrapartida, las autoridades del estado y del municipio de manera deliberada han dejado en el abandono a las comunidades opositoras a la presa. Su lucha implica mayores sacrificios; ahora tienen que sobrevivir con los pocos frutos que cosechan. Con esa precariedad económica sostienen su movimiento de resistencia.
La indolencia gubernamental ha alentado  los conflictos intracomunitarios, sobre todo los que tienen que ver con los empresarios de las gravilleras, que continúan apropiándose de tierras comunales y devastando el río Papagayo. Nada han hecho las autoridades agrarias para detener las compras ilegales de tierras. A los verdaderos dueños de estas tierras se les niega cualquier información sobre las concesiones que Conagua  ha otorgado a los empresarios para la extracción de material pétreo. Ninguna autoridad verifica si están cumpliendo con todas las normas ambientales y si se están extrayendo los volúmenes autorizados. ¿Cómo se explica que los gravilleros tengan grandes propiedades a lo largo del río Papagayo  y se asuman como dueños exclusivos de estas tierras comunales, cuando no son comuneros ni avecindados? ¿Por qué se dan el lujo de subyugar a los trabajadores, de causar graves daños  a las tierras comunales y de usarlas para la engorda de ganado?
Para las autoridades de los tres niveles de gobierno esta situación irregular es normal entre las comunidades pobres, máxime si se trata de campesinos que se oponen al desarrollo capitalista, como los de Bienes Comunales de Cacahuatepec. Para los empresarios no hay normas jurídicas que les impidan acceder a bienes inmuebles o tierras comunales para el usufructo privado. El dinero y las amistades con los poderosos hacen posible todo. Esta predilección de clase  les garantiza inmunidad y protección ante  cualquier acción de los campesinos que ponga en riesgo sus propiedades que han obtenido mediante el despojo y la rapiña. Sus amigos de la Procuraduría de Justicia, de Seguridad Pública y de Casa Guerrero estarán prestos para defender sus bienes mal habidos, ya sea enviando policías y militares a la zona o fabricando delitos, como sucedió con José Palma Tornez y Marco Antonio Suástegui, que fueron acusados de tentativa de homicidio contra familiares de Domingo Baylón, quien realiza el trabajo sucio del empresario Humberto Marín. El 4 de abril, Domingo fue detenido junto con otras personas, por el delito de tentativa de homicidio contra miembros del Cecop, sin embargo, las autoridades le allanaron el camino para que saliera bajo fianza, sin que importara el estado de salud de uno de los agraviados.
Ahora resulta que los invasores de las tierras comunales, los depredadores del río Papagayo, los capataces y agresores de los campesinos, son las víctimas de las supuestas agresiones de los miembros del Cecop. Mientras tanto, las autoridades del estado se asumen como los defensores a ultranza  de los empresarios gravilleros. Para ello planearon con gran perversidad la arremetida   contra el líder del Cecop; le fabricaron delitos, lo torturaron, lo incomunicaron, le negaron una defensa adecuada y lo trasladaron a un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, para aislarlo y doblegar su espíritu indómito.
Es inconcebible que el gobierno del estado envíe a un penal de máxima seguridad a un líder campesino, a quien le fabricaron un delito del fuero común que la misma Procuraduría no acreditó. Por lesiones agravadas que supuestamente Marco Antonio cometió cuando se encontraba en una reunión con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todo el aparato de seguridad y de justicia del estado fue puesto al servicio del empresario, para darle el gusto de detenerlo, silenciarlo y encerrarlo en un penal federal.
No fue casual que los empresarios agradecieran públicamente a las autoridades el gran favor que les hicieron de encarcelar a Marco Antonio fuera del estado. Hay una alianza de facto entre los empresarios depredadores y las autoridades fabricadoras de delitos para diezmar la combatividad de Marco Antonio Suástegui y destruir al Cecop.
Este domingo el Cecop reemprendió la lucha contra los gobiernos anti campesinos y anunció la reactivación de las plataformas de solidaridad. Saldrá a las calles a exigir la libertad de Marco Antonio y emplazará al gobernador del estado a que respete los Acuerdos de Cacahuatepec que él mismo firmó. En esta asamblea, recordaron a las autoridades que sus derechos no son de papel, como sucedió con la pomposa presentación del Plan Nacional de Derechos Humanos,  sino que los derechos del pueblo se conquistan y se ejercen en las luchas diarias. Se defienden en el campo, en los ejidos, en las calles exigiendo justicia y libertad por sus presos políticos y en los tribunales demandando respeto al debido proceso. Con el rotundo ¡No a la Parota! el Cecop ha sabido defender su derecho al territorio, a la alimentación, a la vivienda y a la vida del pueblo indígena y campesino de Guerrero.