Nueve funcionarios y aspirantes a la AGE no cumplen los requisitos, advierte Salazar Marchán

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El integrante de la Comisión de Gobierno del Congreso local, el petista Jorge Salazar Marchán, informó que los funcionarios que aspiran al cargo de auditor general del estado entregaron su documentación acompañada de un organigrama para justificar que no pertenecen directamente a las dependencias de gobierno y no están impedidos para participar.
El diputado del PT reconoció que hay “muchos funcionarios” que entregaron su documentación al Poder Legislativo para participar al cargo de titular de la Auditoría General del Estado (AGE), después de que se publicara la convocatoria para suplir a Arturo Latabán López, que renunció en mayo pasado.
Señaló que pretenden justificar que no son funcionarios porque no aparecen en el organigrama, y con eso “ya no son funcionarios”, además de que se anticiparon entregando un documento, como el contralor Antonio Arredondo Aburto, que dice “no existe impedimento legal para que el contralor general sea designado titular de la AGE”.
El documento lo hacen acompañar de un organigrama general de la administración pública del estado, y dijo que los aspirantes que no están en el sector público tendrán que “recurrir a lo que sea su derecho”.
Pero advirtió que su partido considera necesario que el órgano técnico fiscalizador del Poder Legislativo “sea independiente, se maneje con autonomía y sobre todo reúna el perfil profesional”.
Finalmente fueron 30 los aspirantes que se registraron, de los cuales el diputado petista dijo que por lo menos nueve son funcionarios o están en cargos donde se ejercen recursos públicos.
No quiso decir los nombres de los funcionarios, pero dijo que ya ubicaron a nueve que no podrían ocupar el cargo de auditor.
Destacan?entre los funcionarios registrados el actual contralor del gobierno del estado, Antonio Arredondo Aburto, una funcionaria de recursos humanos de la Secretaría de Finanzas, Soraya Benítez Radilla, el vocero del gobierno, José Villanueva Manzanares, y el ex asesor de Arturo Latabán, Odiseo Rubio Vejar, así como el contralor de la SEG, Merced Valdovinos Diego, y la jefa del departamento de Relaciones Laborales de la Secretaría de Salud, Olivia Hidalgo Oliva.
Recordó??que una de las cláusulas de la convocatoria dice que no puede ser auditor quien haya sido titular de alguna secretaría de despacho?o entidad de la Administración Pública Estatal o Municipal, representante popular federal o estatal, titular de algún órgano constitucional autónomo, magistrado del Poder Judicial, Consejero de la Judicatura o titular de cualquier entidad fiscalizable, durante dos años previos a su designación.
Recordó que cuando se eligió a Arturo Latabán como auditor también llegó “a la recta final” un profesionista “independiente con un perfil muy interesante”, en referencia a Alberto Villegas Soto, a quien a través de un comunicado que recibieron algunos diputados, el colegio nacional de contadores públicos para respaldarlo “hace gala de un currículum interesante en términos de que ha auditado al propio PAN, a la UAG y a GEO cuando se declaró en quiebra”.
Pidió a los reporteros y en general a los medios de comunicación “que no suelten el tema” del proceso de selección de auditor, porque dijo que la situación por la que atraviesa el estado es por la falta de contrapesos y que eso debe ser el órgano fiscalizador dirigido por un profesional sin intereses políticos.