A un año de la masacre en El Treinta persiste la impunidad, dicen los Torres

* Sobrevivientes aseguran que impera la zozobra y la desconfianza en la justicia porque las pruebas del asesinato fueron extraviadas

Maricela Santos * A un año del asesinato en el poblado del Kilómetro 30 de tres integrantes de la familia Torres a manos del entonces comisario priísta, Abel Arizmendi Flores, las investigaciones siguen estancadas, impera la impunidad, persiste la zozobra y hay desconfianza en la aplicación de la justicia porque las pruebas de balística y las fotos del peritaje aportadas para sustentar las investigaciones sobre la masacre fueron extraviadas, aseguran sobrevivientes de la masacre.

Tres flores rojas y tres veladoras blancas marcan el lugar donde perdieron la vida el primero de enero del 2001 Tomás Torres Abarca, de 67 años de edad; el profesor del Instituto Tecnológico de Acapulco Juan Torres Palacios, de 55 años, y el agente de la Policía Judicial del Estado adscrito a Coyuca de Benítez, Juan Torres Miranda.

Cinco impactos de bala cubiertos con tela adhesiva en el patio de la vivienda de los Torres –que está a 20 metros de la carretera federal México-Acapulco– dan cuenta además de disparos de armas de grueso calibre que hirieron al conductor de noticias de RTG, Jorge Torres Palacios, y a sus hermanos Carlos y Salvador, quienes sobrevivieron a la masacre de aquella mañana en El Treinta y que a la fecha exigen justicia a las autoridades, ante lo que parece una muestra más de impunidad, pues de las ocho órdenes de aprehensión liberadas, sólo fueron detenidos Adán Soto Reyes, quien fuera chofer de Abel Arizmendi, y Ramiro Castro Bautista, El King Kong. Este último fue aprehendido por delitos contra la salud, y una vez en el reclusorio se ejecutó en su contra la orden de aprehensión por su participación en la masacre.

En la casa de los Torres un gran altar con flores fue rodeado a las 16 horas ayer por mujeres que rezaban un rosario para pedir paz. Afuera de la casa, algunos más, con impotencia y en voz baja, recordaban los hechos, mientras otro grupo hacía los preparativos para la velada del cabo de año y la misa que tendrá verificativo hoy en la iglesia de Guadalupe del poblado.

Para Fermín Torres Palacios, las investigaciones sobre la masacre siguen estancadas, y tal pareciera que a un año del suceso la pasividad de las autoridades no arroja avances “a pesar de que se liberaron las órdenes de aprehensión contra los responsables, contra la gente que vino ese día, como Ricardo Jaramillo Valdés, El Gallito; Isabel Flores Arizmendi, El Chabelo; Edmundo Castillo, El flaco”, y otras personas más, vinculadas a Arizmendi Flores, a quien en el poblado se le relacionaba con la venta y distribución de drogas.

Nada les han informado de los resultados de las declaraciones rendidas por los Torres ante la PGR, ni se tiene conocimiento de que hayan incautado armas o investigado más respecto al uso de armas prohibidas y de uso exclusivo del Ejército que utilizó aproximadamente a las 7:30 horas del lunes 1 de enero del 2001 un comando armado (con fusiles AK-47, rifles de asalto AR-15 y pistolas calibre 9 milímetros y 38 súper) encabezado por el entonces comisario  municipal priísta del lugar, Abel Arizmendi Flores, y su hijo Abel Arizmendi Díaz, quienes llegaron al domicilio de los Torres en estado de ebriedad y, sin más, dispararon contra quienes desayunaban en el patio.

Para Fernando Torres Palacios –que saliera aquel día de la casa paterna 10 minutos antes de la irrupción–, lo más grave es que ha existido una fuerte resistencia al interior de la Procuraduría de Justicia del Estado y de la PGR para esclarecer los hechos y ejecutar las órdenes de aprehensión contra los que participaron en la masacre.

“Nos dimos cuenta de que no querían que se integrara una averiguación contra otras cuatro personas que se identificaron después y que participaron ese día… porque hicieron perdedizas las pruebas, e incluso tuvieron que volver a tomar fotos (del peritaje); se notaba que había posición a no sé qué intereses que quieren proteger, porque las órdenes están, pero hasta la fecha no los buscan, no hay avances, y el único que esta detenido es Ramiro Castro Bautista, El King Kong, que cayó por pura mala suerte porque andaba vendiendo cocaína en la (colonia Emiliano) Zapata y lo detuvo la PJE, y ya estando detenido se movió todo para que se cumpliera la orden de aprehensión que había por lo de la masacre”, dijo.

“La impunidad sigue”, dijo Fernando Torres Palacios, quien trabaja en el área administrativa del reclusorio del puerto, y quien dijo sentirse más seguro ahí que en ningún otro sitio, pues ahí mismo están encarcelados los dos implicados en la masacre, aunque Castro Bautista aún esta en proceso, pues no se sabe por qué no le ha sido dictado el auto de formal prisión.

Mientras las mujeres rezan al fondo y el olor a incienso se esparce en la casa, Fernando Torres Palacios, el hermano del conductor de RTG, Jorge Torres, e hijo del occiso Tomás Torres, exigió que se haga justicia y que se investiguen los nexos que el ex comisario municipal priísta tenía con el narcotráfico y con el uso de armas de alto poder, pues persiste la zozobra entre las familias de aquel poblado “porque nunca supimos qué fue lo que hizo que él (Arizmendi) actuara así”, sólo sabe todo el pueblo que el primero de enero del 2001, se dio en Guerrero una muestra de impunidad y poder político y económico, que “desde que cayó el director de la Policía Judicial, (Jaime) Figueroa, se está descubriendo que había complicidad con los comandantes (Fortunato) Zamora, (Fidel) Morales y (Víctor Manuel) Castro, porque eran la misma banda”.