Toman campesinos las instalaciones de la SSS Juan N. Álvarez en Chilapa

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*Priístas intentan desalojarlos, denuncian

 Oracio Lagunas Ramírez, corresponsal, Chilpancingo * Integrantes de la Sociedad de Solidaridad Social de Unidad y Producción Rural Juan N. Álvarez, de Chilapa, acusaron a priístas encabezados por el ex alcalde Saúl Acevedo Dionisio y el ex diputado local Eugenio Ramírez Castro de usufructuar los bienes muebles e inmuebles de la asociación, fraccionarlos y repartirlos como si fueran de su propiedad, pues cuentan con una escritura falsa elaborada en 1999.

El jueves de la semana anterior, unos 150 socios tomaron de manera pacífica las instalaciones y presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario y piden la disolución de la escritura apócrifa de 1999.

Dos días después de la toma, el sábado 13, un grupo de priístas armados con palos, piedras, machetes y hachas, encabezados por Donaciano Tolentino, pretendieron desalojarlos y sólo  provocaron destrozos en las puertas.

De acuerdo con declaraciones de Esteban Santos Tolentino, asesor jurídico y Neófito Temiquet Reyes, ex tesorero de la Triple S, el problema se inició tras la disolución, el 11 de abril de 1990, y por decreto presidencial, del Fideicomiso de la Palma (Fidepal), fundado en 1976 y se funda de la Sociedad de Solidaridad Social de Unidad y Producción Rural Juan N. Álvarez, para lo cual el 25 por ciento de las acciones del anterior organismo pasa a formar parte de la nueva organización, la cual cuenta con un padrón de 250 socios.

Durante los primeros cinco años, el comité de la Triple S trabajó de manera regular, pero en 1995, priístas encabezados por Eudocio García Gatica intentaron ingresar al Comité Ejecutivo.

Este grupo era y sigue auspiciado por el ex diputado local Eugenio Ramírez Castro; el ex alcalde Saúl Acevedo Dionisio; el delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, Juventino Trejo y el actual diputado local Gustavo Miranda González, todos ellos bajo las órdenes de la actual secretaria de Salud, Verónica Muñoz Parra.

Dos años después, argumentan, en 1997, se celebraron elecciones resultando como presidente Bernabé Bueno Casarrubias y Temiquet Reyes, y trabajaron en apego a la ley, pero en 1999, los priístas hacen una nueva elección pero sin convocatoria pública.

Sólo 50 socios, en realidad líderes seccionales del PRI, asisten a la elección y avalan con su firma al nuevo comité, cuando el padrón desde 1997 era de 408 socios.

Ese año, indican el asesor jurídico y el ex tesorero, ese nuevo comité manda elaborar una nueva escritura del predio donde se encuentran la organización y dos años después en febrero del 2002, se llevan a cabo otras elecciones para la dirigencia, pero también ahí con la asistencia de 101 dizque socios elaboran una acta constitutiva y le cambian de nombre a la organización, donde los beneficiarios son los Ramírez Castro, Acevedo Dionisio y Miranda González.

Con esta nueva figura y cambio de nombre a la Triple S, los ex alcaldes y ex diputados, ya se adjudicaron 40 máquinas para procesar sombreros y palma, mucha materia prima y objetos ya elaborados.

Las instalaciones las rentan desde hace dos años a la maquiladora del Grupo Libra por 30 mil pesos mensuales, lo que equivale a más de 700 mil pesos, además de la renta del estacionamiento y los sanitarios públicos que dejan semanalmente más de mil pesos, cuánto se han embolsado y a la fecha se niegan a rendir cuentas, añadieron.

Por ello decidieron tomar de manera pacífica las oficinas de la asociación y evitar este descarado usufructo, pero el sábado anterior un grupo de priístas llegó a las oficinas con la firme intención de liberar las instalaciones, pero debido al número ya no se atrevieron.

Lo que sí es cierto, dice, es que a partir de esa fecha, muchos de los dirigentes hemos recibido amenazas de muerte y en otros casos, como son el de Temiquet Reyes, Guadalupe Calderón García y Bernabé Bueno Casarrubias fueron citados al medio día de este lunes a la Agencia del Ministerio Público, para declarar en torno a la averiguación previa ALV/04/467/2003.

“Aquí vemos el claro manipuleo de esta situación, que el problema se ha convertido político por los ex alcaldes y ex diputados, pues el problema no es de carácter civil o penal, sino agrario, pero vemos que la titular del MP, Bárbara Karina Abarca Estrada, nos cita y pide que llevemos una identificación con fotografía y los documentos que avalen la propiedad denominada La Nueva Tejería, que es donde se asientan las instalaciones de la organización”.

Ante probables confrontaciones, dicen, optaron por presentar un recurso ante el Décimo Tribunal Unitario Agrario, donde pedimos tres cosas, primero, que se anule la escritura de 1999; segundo, que se anule el acta constitutiva de la nueva asociación fundada en febrero del 2002 y tercero, que se restituyan todos los bienes muebles e inmuebles a la Triple S Juan N. Álvarez y se entreguen a los campesinos, socios de la misma, para que continúen trabajando.

La tarde de este lunes, Santos Tolentino y Temiquet Reyes, acompañados por Ranferi Hernández Acevedo, líder del Movimiento Social de Izquierda, y un grupo de socios, entre ellos dos citados a comparecer ante el MP, solicitaron en la secretaría particular del secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, una reunión urgente, para resolver lo antes posible el problema. También solicitaron al Congreso local su intervención ante probables confrontaciones con consecuencias lamentables.