Persiste el tráfico de influencias para el despojo de una octagenaria en Zihuatanejo, denuncian

El abogado de la señora Gertrudis García Mercado, de 82 años de edad, vecina de la colonia El Limón, en este puerto, sentenciada a desalojar la vivienda en la que ha vivido durante 40 años, Juan Cervantes García, dio a conocer que la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, regresó el expediente de este caso al juez primero civil de primera instancia en el distrito de Azueta, Darío Daniel Falcón Lara por estar mal integrado.
“Este hecho demuestra lo que hemos venido denunciando en los últimos meses, que ha habido tráfico de influencias para afectar a mi representada y despojarla de su patrimonio”, aseguró.
Hace tres semanas, Falcón Lara fue denunciado ante la judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero por retener de manera injustificada el expediente de García Mercado porque habían pasado ya 100 días hábiles desde que apelaron la sentencia del juez y éste no había remitido a la segunda instancia el expediente del caso.
Ayer martes, vía telefónica, el abogado de la octogenaria, Juan Cervantes, dio a conocer que “todas las irregularidades y omisiones que saltaban a la vista en agravio de mi clienta, salieron a relucir en la Segunda Sala del TSJ, el magistrado que está llevando el caso observó que el expediente fue mal integrado por parte del juez Darío Falcón por lo que le fue devuelto para que lo corrija”.
El abogado aseveró que esa situación, “nos hace que volvamos a tener fe en la justicia y esperamos que no lleguen hasta ese nivel las influencias del abogado Rodolfo Ortiz Anzo, quien es el defensor de las personas que quieren despojar de su propiedad a la señora Gertrudis, pero además, es regidor en el actual gobierno municipal, donde se supone que su deber es velar por el bienestar de la gente, no de perjudicarla como ha pretendido hacerlo a través del uso de influencias”.
El abogado enumeró cuando menos seis irregularidades en las que presuntamente ha incurrido el citado juez, “primero, no le acepta testigos fundamentales a Gertrudis en el acto de admisión de pruebas; pasa por alto las pruebas documentales que le acreditan una antigüedad de casi 40 años en su casa, y con lo cual no tenía impedimento legal para protegerla ante una evidente injusticia por despojo”.
“Luego, al fallecer el hermano, el juez y los abogados de la otra parte detienen el proceso por más de un año y medio y sólo aceptan reanudarlo hasta que aparecen unos sobrinos con un supuesto testamento, testamento elaborado por un notario familiar muy cercano al regidor Rodolfo Ortiz, y con el cual continuaron el proceso de despojo; desde la fecha de citación para oír sentencia definitiva, dejo pasar más de seis meses cuando la ley indica que debe hacerlo en los próximos 15 días”.
Y continuó, “por razones que hasta ahora sólo él conoce, el juez turnó el expediente a sus superiores sólo de manera obligada a través de una queja que presentamos ante la judicatura del TSJ, haciéndolo 100 días después, cuando la ley indica que debe hacerse en los siguientes cinco días; y ahora después de 100 días de retrasó en remitir el expediente, el magistrado de la Segunda Sala del TSJ se lo devuelve por mal integrado”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).