Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Denuncian nuevas amenazas de militares contra la dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel

Denuncian nuevas amenazas contra la dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio

*Los amagos vienen de militares por las acciones de la organización me’phaa, en Ayutla, asegura la líder indígena

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Red Solidaria Década contra la Impunidad, que preside el obispo Raúl Vera López, denunció que no se han cumplido los acuerdos acordados con el gobernador Ángel Aguirre Rivero el 6 de junio pasado, y denunció nuevas amenazas contra la dirigente indígena Obtulia Eugenio Manuel.
Por las amenazas vía telefónica contra la dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), la Red responsabilizó al gobierno del estado de su integridad, porque en los últimos años han ocurrido 13 homicidios de luchadores y defensores de derechos humanos en la entidad, que siguen en la impunidad.
En conferencia de prensa, la secretaría técnica de la Red, Magdalena López, solicitó a organizaciones de derechos humanos internacionales no perder de vista la trayectoria de la dirigente indígena, para quien se instruyeron medidas de seguridad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en 2009.
Magdalena López también informó sobre la siguiente visita del obispo de Saltillo a Guerrero, el 30 de julio, en el séptimo aniversario de la huelga de los mineros de Taxco.
Sobre los compromisos de la reunión con el gobernador, dijo que les preocupa que ofreció empleos temporales para los mineros de Taxco que en este momento necesitan de ingresos por las clausuras de sus hijos, lo que no se ha cumplido.
Recordó que entre los temas de la reunión con el gobernador llevaron el incumplimiento de la sentencia de la Coidh, por el caso de Inés Fernández (violentada por soldados), de seis integrantes de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso presos en el penal de Acapulco y la impunidad en los atentados contra luchadores sociales.
Además, se solidarizó con el Consejo de de Comunidades y Ejidos Opositoras a la Parota (Cecop), por la detención del dirigente Marco Antonio Suástegui, que fue trasladado a un penal federal fuera de Guerrero, y declaró que no deben ser alejados del estado, deben ser puestos en libertad inmediata.
Sobre los atentados contra los luchadores sociales, la regidora Sofía Mendoza Martínez, de Iguala, recriminó que las investigaciones del asesinato del dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, siga impune, a pesar de que hay un testimonio de un sobreviviente que señaló al alcalde José Luis Abarca Velázquez como el responsable directo.
Mientras, Obtulia Eugenio Manuel denunció que las amenazas en su contra vienen de militares por las denuncias de amenazas y hostigamiento que han presentado en distintas instancias.
Explicó que este lunes a las 5:57 de la tarde, cuando se encontraba en una reunión con integrantes de la Red y otras organizaciones en Acapulco, contestó una llamada en su celular y una voz de mujer dijo “que dejara de chingar a los gobiernos, porque ellos ya saben dónde estoy”.
Incluso señaló que quince días antes también recibió una amenaza similar, después de que denunció en la ciudad de México que unos 20 militares armados fueron a las oficinas de la OPIM en Ayutla para hacerle una notificación oficial.
Explicó que los soldados llegaron a las 9:30 de la noche, y aunque no se encontraba en el lugar, la comunicaron por teléfono con alguien que se presentó como agente del ministerio público militar, que le iba a notificar por escrito que su denuncia se trasladaría a la Procuraduría General de la República (PGR).
Ella respondió que no eran horarios para hacer notificaciones, con gente armada para amenazarlos.
Indicó que al siguiente día presentó la queja vía telefónica en la ciudad de México y luego vino otra llamada telefónica a la oficina de la OPIM, para preguntar por el también dirigente de la organización, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, “que dónde andaba, porque esa mujer sabía dónde estaba, y dice la mujer, ustedes no dejan de estar chingando al gobierno”.
Ramírez Rodríguez aclaró por su parte que las amenazas se han dado de manera sistemática, se suspenden unos meses y luego regresan, y aunque tiene medidas provisionales de la Coidh, éstas no se han cumplido totalmente.
Los dirigentes, que ya tienen acompañamiento policiaco, indicaron que las medidas también establecen una red de teléfonos satelitales que comuniquen a las localidades con la oficina de la OPIM en Ayutla, pero que no funcionan por falta de antenas, así como la instalación de cámaras de vigilancia que comenzaron a funcionar el año pasado.
Además, indicó que las medidas provisionales incluyen a 60 miembros de la organización me´phaa y a integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan a quienes no se aplicaron.
Informó que las medidas incluyen averiguaciones previas de las personas que los han hostigado, pero como sólo son amenazas se turnaron al juez de paz, que sólo impone una sanción económica. Recriminó que las autoridades esperan que alguien más muera para actuar.
Sobre el acoso a la organización indígena señaló a grupos paramilitares de El Camalote, liderados por Remigio Cantú, y dijo que vinculan la muerte del hermano de Inés Fernández con la desaparición y tortura de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce, incluso con el ingreso de médicos del sector salud para la esterilización con engaños de 14 personas.
Insistió en que esos grupos siempre han estado protegidos por la autoridades municipales y militares que acusan a integrantes de la organización de ser guerrilleros o encapuchados.
Sobre los acuerdos con el gobernador sobre la sentencia de la Coidh, indicó que el año pasado se debió concluir el Centro de Atención a la Mujer, con 9.5 millones de pesos que etiquetó  la federación al gobierno del estado, y la obra sigue incompleta.
Asimismo, señaló que el gobernador se comprometió a surtir de medicamentos las casas de salud, y a resolver el problema de una primaria, donde el director fue cambiado de escuela por acuerdos del sindicato y autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero, y eso tampoco se atendió.

468 ad