Silvestre Pacheco León

CRONICA MUNICIPALISTA

  Zihuatanejo ¿Y la participación social?

Un gobierno municipal que responda a las expectativas del cambio quizá es “difícil de describir pero fácil de imaginar”, como sucede con las jirafas, parafraseando a mi amigo, Juan Castaings. De lo que deducimos que es más fácil coincidir en lo que no queremos que en lo otro.

Si nos atenemos estrictamente a lo que ofrecieron en sus campañas los candidatos hechos gobierno, sus informes nos sirven para evaluar su desempeño, de manera tal que puede constatarse a través de ellos su cumplimiento o incumplimiento.

Lo anterior, desde luego, no significa que con ello se esté respondiendo a las expectativas del cambio que cada ciudadano se formó en su cabeza a la hora de apoyar una opción electoral distinta del PRI.

Para continuar con nuestra evaluación del desempeño del primer gobierno municipal perredista de Zihuatanejo quisiera retomar lo que ya dije en mi anterior colaboración, respecto al poco énfasis que se da a los logros trascendentes frente al repetitivo método de acudir a las cifras para ocultar ineficiencias o falta de claridad en los objetivos.

Coincido con quienes sostienen que no es correcto festejar las acciones que se ciñen estrictamente a lo que por mandato de ley las autoridades están obligadas a ejecutar, aunque en contrario haya quienes digan que en los gobiernos anteriores ni siquiera con lo legalmente establecido se cumplía, pues el sentido y la profundidad de los cambios que se reclaman va más allá de lo que las leyes dicen.

Suele estar de moda ahora el argumento de que para hacer un buen gobierno se requiere de una contundente política recaudatoria que acabe con las viejas prácticas de que los impuestos, productos, derechos y demás, se cobren con discrecionalidad, con un alto porcentaje de lo recaudado para beneficio de los propios recaudadores.

Por eso el éxito recaudatorio de la actual administración, cuyo incremento en el presente año representa quizá el 10 por ciento del presupuesto anual, debe acompañarse de la información referida a las prácticas habituales de las administraciones pasadas, para que las redes de la corrupción queden expuestas ante la sociedad y sea ésta la que participe con una nueva actitud acorde a los reclamos de transparencia y honestidad en la gestión pública.

Los cambios que el país y los municipios requieren no pueden ser temporales ni estar sujetos a la bondad o maldad de las autoridades. Para ello se requiere de la participación social que será la que aporte la sustentabilidad y le otorgue institucionalidad a los cambios.

¿Cómo operaba y a quienes involucraba la red de corrupción y cuál fue el antídoto del actual gobierno?

Eso sigue ignorándose y, por tanto, seguirá latente el riesgo de que se repita mientras la sociedad se mantenga ajena al modo de operar de esa red.

Una práctica novedosa en la obra pública municipal por administración, en el presente año, cuya evaluación faltó en el informe, es la incorporación de los vecinos y beneficiarios como peones y albañiles en la mayoría de las obras ejecutadas, lo que significó la suma del ingrediente social que seguramente impactó la calidad y el precio de la misma, amén de la derrama económica que con ése esquema pudo tener mayor repercusión local.

Precisamente en ese ejercicio de la obra pública por administración el gobierno de Amador Campos experimentó exitosamente, hasta hoy, la pavimentación de una de las calles céntricas de la ciudad, la que aún con todos sus defectos de falta de jardineras y la obsolescencia del tendido de la red eléctrica, puede ostentarse como un esfuerzo multiplicable traído a la costa como experiencia técnica de lo que el gobierno de Andrés Manuel realizó en el Centro Histórico del Distrito Federal, para repavimentar las calles cuyo subsuelo es bastante parecido al del centro de Zihuatanejo.

Y para el redondeo esa evaluación cuyo éxito seguramente desalentará a tantos contratistas ineptos y corruptos que han amasado fortunas a la sombra de todas las administraciones, conviene recordar que todo gobierno que se repute como honesto está obligado a dar la cara y explicar cada uno de los casos en los que se le involucra como solapador, poco informado o cómplice de hechos delictuosos. Casos como la denuncia de inflación en la nómina de la pavimentación de la calle Nicolás Bravo, que circuló profusamente y, al parecer, fue la causa de la renuncia del primer director municipal de Obras Públicas, debe explicarse cabalmente para no enlodar reputaciones sin fundamento.

En su primer informe de gobierno Amador Campos insistió en señalar que el cabildo es ahora un foro de debates donde los desencuentros de sus miembros serían resultado de las nuevas prácticas democráticas sólo posibles si el presidencialismo que caracteriza a los gobiernos municipales fuera en retirada, lo que aparte de ser plausible, sería deseable. Sólo que para ello habrá que dejar claro el hecho de que, a excepción del presidente, los demás miembros del cabildo no representan en modo alguno la voluntad popular, como lo señala el presidente, sino la prerrogativa de los partidos.

Precisamente en esta parte es donde más se necesita avanzar para hacer de una declaración y un deseo, un hecho incontrovertible: la preeminencia de la figura presidencial y las difusas facultades y atribuciones de los regidores. Para ello sería recomendable la elaboración de un reglamento interno del ayuntamiento en el que se estableciera con detalle no sólo el formato de las sesiones públicas y abiertas, solemnes y secretas, sino las responsabilidades del cabildo en pleno y también las de los regidores cuyo trabajo no debería limitarse a la supervisión de los diferentes ramos de la administración municipal, que quiere decir conocer y evaluar el desempeño de los funcionarios, ni tampoco sólo de concurrir a las sesiones para el pase de lista consabido, sino efectivamente de trabajar y elaborar propuestas procesadas por el cabildo, encaminadas a mejorar la administración municipal, dejando de plano las ocurrencias.

Para otra colaboración dejaremos el asunto de la estructura que mantiene el ayuntamiento y de su numerosa plantilla de personal justificada con el argumento de “compromisos” políticos adquiridos para ganar, cuyo costo debe ser pagado con cargo a los contribuyentes.

Lo que no puedo dejar de señalar ahora es la sensación de que el mayor obstáculo para los cambios que la población espera lo constituye la pesada carga cultural priísta del ejercicio patrimonialista del poder.

Por un lado ceder a la tentación de utilizar los recursos públicos con ánimo proselitista y por otro, ahogar las aspiraciones plurales y democráticas con la uniformidad de los regímenes dictatoriales. Me refiero a que pasamos de los colores oficiales del PRI a los del PRD inundando la vida municipal. Claro, los priístas lo ven como un hecho natural, como parte de las prerrogativas que da el ejercicio del poder, por eso no chistan. En cambio los perredistas repiten las prácticas priístas convencidos de que la historia les ha dado la razón.Por eso la ciudad de Zihuatanejo pintada de amarillo no es un eslogan.