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Moisés Alcaraz Jiménez*

Walmart, así operan las transnacionales

 

 

Desde 2005 The New York Times ha dado seguimiento a lo que ahora se ha convertido en un escándalo en Estados Unidos. Se trata de los cuantiosos sobornos que pudo haber pagado la empresa Walmart a autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno para hacer crecer vertiginosamente el número de tiendas que tiene en México, donde ha crecido a un sorprendente ritmo de 441 establecimientos tan sólo en 2011, periodo en que se inauguró mucho más de una tienda por día.

La transnacional también es propietaria de las cadenas Bodega Aurrerá, Mi Bodega Aurrerá, Bodega Aurrerá Exprés, Sams Club, Superama, Suburbia y restaurantes Vip’s. En ese año el propio corporativo reconoce que inauguraron 365 establecimientos de ese tipo en México, cuando a cualquier otra empresa le podría llevar hasta seis meses abrir tan solo un negocio debido a las trabas burocráticas que ello conlleva y a la red de corrupción que envuelve a los trámites de ese tipo.

El rotativo neoyorkino reveló este domingo que Walmart pagó sobornos hasta por 24 millones de dólares para fortalecer su presencia en el mercado mexicano como la propia empresa lo constató al enviar a nuestro país a investigadores que encontraron claras evidencias de pagos turbios por la cantidad señalada, aunque la cadena de supermercados nunca informó sobre la conclusión de esas investigaciones.

Los sucios procedimientos empleados por los ejecutivos de esa empresa –encabezados por el ecuatoriano Eduardo Castro-Wright, vicepresidente de la transnacional y cesado hace unos días de Met life– se sintetizan en la “entrega de dinero a autoridades o grupos vecinales con el fin de que realicen obras de supuesto beneficio social” (La Jornada, abril 26, 2012, pág. 4). El ejemplo paradigmático lo constituye la construcción de una tienda de esa empresa en plena zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, durante el mandato de Arturo Montiel, el gobernador más corrupto que ha tenido aquella entidad y tío de Enrique Peña Nieto.

En tiempo récord Walmart logró todos los permisos: ecológicos, de servicios públicos, de vialidad, de protección civil, de uso de suelo, etc, etc. Hasta el INAH entregó a la brevedad la licencia para construir la obra, a pesar de la importancia que para la historia de la humanidad tiene esa zona arqueológica.

Si las autoridades mexicanas asumen su responsabilidad e investigan este escándalo seguramente van a encontrar una sólida red de complicidades y serias irregularidades en el otorgamiento de permisos y licencias de construcción, así como toda una serie de violaciones a la legislación en esta materia.

En Estados Unidos este asunto ya adquirió niveles de escándalo: el Departamento de Justicia inició una investigación del caso y el Congreso ha iniciado las pesquisas promovidas por el Partido Demócrata. La propia transnacional creó un área encargada de vigilar que se cumpla la ley estadounidense que prohíbe sobornar a funcionarios de otros países.

Mientras tanto, el gobierno mexicano, aunque el Presidente Felipe Calderón se declare “indignado”, no ha realizado ninguna acción al respecto; por el contrario, la Secretaría de Hacienda dice que no cuenta con la información necesaria para llevar a cabo una investigación a la vez que la PGR se declara incompetente para indagar este caso.

La Secretaría de Economía prefiere dejar el caso en manos de autoridades estatales y municipales porque dice que el asunto no le corresponde y la Comisión Bancaria y de Valores afirma que Walmart ha cumplido con la ley y no realizará ninguna investigación. La Comisión Federal de Competencias niega prácticas monopólicas y la Secretaría de la Función Pública informa que próximamente, sin ninguna prisa, el gobierno mexicano solicitará a Estados Unidos la información sobre los sobornos que ejecutivos de Walmart habrían entregado a funcionarios mexicanos.

En fin, la red de complicidades puede ser mucho mayor a la imaginada y el caso ilustra cómo operan las transnacionales en los países subdesarrollados donde para ellos las leyes locales son letra muerta y los gobiernos están a su servicio. Este escándalo es tan sólo un ejemplo de tanta suciedad que encierran las inversiones extranjeras que vienen a los países tercermundistas a hacer las tropelías que en sus metrópolis no pueden hacer.

 

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Twitter: MoissAlcarazJim

 

*El autor es director estatal de Gobernación

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