Acata el Congreso la resolución de la Corte de restituir a magistrados

 * Acuerdan descontar un día de salario a los que no asistan o abandonen la sesiones

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * En su sesión de Ayer, diputados del Congreso local aceptaron, literalmente a regañadientes, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) que invalida el juicio político con el que la 56 Legislatura local destituyó e inhabilitó a los magistrados Miguel Maya Manrique y Jesús Martínez Garnelo, así como a la juez, María del Pilar León Flores.

Para dar cumplimiento a dicha resolución los legisladores aprobaron por unanimidad la abrogación del decreto 344 que deja sin efecto el primer decreto con el que la anterior legislatura destituyó e inhabilitó a los dos magistrados y a la juez, a quienes, como consecuencia, restituyeron en sus respectivos cargos.

En la misma sesión los legisladores aprobaron en los mismos términos la ley para la protección de los no fumadores y la ley para el desarrollo social del estado.

El Congreso Local recibió de la SCJN el 3 de diciembre la notificación de la resolución de la Controversia Constitucional 328/2003 por medio de la cual se declaró la invalidez de la resolución del Congreso local del 28 de agosto de 2001 con la que los magistrados Martínez Garnelo y Maya Manrique, así como la juez Pilar León Flores, fueron destituidos e inhabilitados de sus cargos.

Con la aprobación del decreto por el que se abroga el decreto 344 en cumplimiento a la resolución de la SCJN emitida en la controversia constitucional 328/2001 se deja sin efecto la destitución y la inhabilitación de los funcionarios judiciales y están en posibilidad legal para reasumir sus funciones, según se especifica en dicho decreto.

Uno de los diputados que subió a la tribuna para inconformarse por la resolución de la Suprema Corte, –aunque votó a favor del decreto–, fue el del Partido de la Revolución del Sur (PRS), Heriberto Noriega Cantú, quien insistió que el Congreso local sí tiene la facultad legal “suficiente e irrenunciable” para resolver juicios políticos en contra de los magistrados y jueces.

Por ello dijo que tras la notificación de la resolución de la Suprema Corte la pregunta sigue siendo si el Congreso incurrió en deficiencia legal o procedimental y añadió que ante esto es necesario que el Congreso local trabaje en una nueva ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Guerrero.

Mencionó que el poder legislativo debe trabajar para reglamentar el conjunto de reformas que tengan que ver con la aplicación de sanciones a los magistrados y jueces. También dijo que se debe hacer efectivo el equilibrio de poderes y que haya un verdadero contrapeso.

Propuso aprovechar la deliberación de la reforma política que se va a dar en los próximos días para que no haya lagunas en la ley y se presenten sospechas de la invasión de esferas de competencia.

Noriega expresó que el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura no tienen legalmente, por ejemplo, órganos internos para enjuiciar a sus magistrados y aplicar sanciones a magistrados y jueces.

Al final el diputado del PRS dijo que a los legisladores “no nos llena muy bien el que se haya dicho que en esta Controversia Constitucional no hay vencedores ni vencidos”, en referencia a las declaraciones del presidente de la SCJN.

El diputado priísta Joaquín Mier Peralta, también en tribuna, dijo que –la resolución– “nos causa insatisfacción” pero dijo que el Congreso la acató porque antes que todo su actuación es de responsabilidad.

Ley de apoyo a no fumadores

En la misma sesión de ayer los legisladores aprobaron por unanimidad la Ley para la Protección de los no Fumadores del Estado de Guerrero que presentó el diputado priísta, Reyes Betancourt Linares, que tiene como objetivo “aplicar las medidas restrictivas del fumador, protegiendo la salud de las personas no fumadores de los efectos nocivos de la inhalación involuntaria de los humos producidos por la combustión de tabaco en cualquiera de sus formas”.

Dicha ley consta de 9 capítulos, 36 artículos y 4 artículos transitorios en los cuales se establecen las bases legales para la protección de la salud de las personas no fumadoras de los efectos nocivos del tabaco.

El médico Betancourt Linares dijo que en nuestro país las estimaciones indican que 144 fumadores fallecen por día, 6 por hora, a consecuencia de algunas complicaciones de este hábito, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Adicciones (Sisvea 2002).

“Por ello es importante que nuestro estado cuente con el instrumento que proteja la salud de las personas no fumadoras como es la presente ley que nos permite establecer las bases legales de protección a la salud con el objeto fundamental de aplicar las medidas restrictivas del fumador protegiendo y previniendo la exposición de los efectos nocivos del tabaco en las personas no fumadoras”, expuso el diputado priísta.

Otra de las leyes aprobadas fue la de Desarrollo Social del Estado de Guerrero presentada por el legislador del PRS, Heriberto Noriega Cantú y que tiene como objetivo “definir la política social del estado de Guerrero”, promover la participación y el acercamiento de los ciudadanos en las políticas de planeación, diseño y ejecución de los recursos para el desarrollo social del estado.

Dicha ley se elaboró con las 274 propuestas que se presentaron en 86 ponencias durante los foros que sobre la materia se realizaron a principios de año, según informó Noriega Cantú.

El legislador informó también que la ley se elaboró con el criterio de que en Guerrero existe la necesidad de establecer políticas públicas que permitan el desarrollo con equidad, universalidad y con coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Los legisladores aprobaron también un punto de acuerdo propuesto por Noriega Cantú con el cual se pretende obligar a los legisladores a asistir con más regularidad a las sesiones y permanecer en ellas hasta el final.

Esto según expuso porque algunos diputados sólo avisan de su inasistencia sin justificarla y otros acuden a tomar su asistencia pero después abandonan las sesiones.

El legislador propone en el punto de acuerdo, que fue aprobado por mayoría de votos, que a los legisladores que no justifiquen su asistencia o que abandonen la sesión se les aplique el descuento de un día de salario.

Al respecto el diputado del PRD, Marco Antonio López, demandó al diputado exigir a la mesa directiva que informe quienes son esos diputados que no acuden regularmente a las sesiones o que las abandonan una vez que les toman su asistencia.

Al finalizar la sesión el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Romulo Reza Hurtado, intervino para manifestarse a favor de que el Congreso local retome la demanda de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez para tipificar en el Código Penal del Estado la desaparición forzada de personas como delito grave.

El diputado perredista intervino recordando el 55 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos. Expresó que Guerrero es uno de los estados en donde más se vulneran los derechos humanos y citó los casos de las masacres de Aguas Blancas, El Charco y las desapariciones forzadas de la guerra sucia.

También comentó sobre la recomendación 019/2002 que contiene los casos de nueve personas desaparecidas, en las que están involucrados ex directores, comandantes y policías judiciales del estado.

Como respuesta el diputado priísta Joel Eugenio Flores dijo que su fracción también está en contra de la impunidad, a favor de la legalidad y por la aplicación de la ley y aseguró que el gobernador René Juárez ha enviado ya al Congreso local una propuesta de proyecto de adiciones al Código Penal del estado y al de procedimientos penales a fin de incorporar como delito grave la desaparición forzada de personas, así como elevar las penas por el delito de tortura.

El la sesión de ayer se eligió a la mesa directiva que funcionará el próximo mes y quedó encabezada por el diputado príista Constantino García Cisneros, como vicepresidentes fueron electos la panista Porfiria Sandoval y Virgilia Navarro Avila.