Obligados a proteger los derechos humanos, todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno

*Explica Eliana García el impacto de la Ley General de Víctimas en el contexto de la violencia. “Si lo madrearon es tortura, así lo establecen los tratados internacionales que ahora son jerarquía constitucional”, dice la funcionaria de la PGR. Las víctimas se volvieron un actor fundamental con el movimiento de Javier Sicilia, señala

Daniel Velázquez

Con la Ley General de Víctimas ninguna autoridad puede evadir su responsabilidad en prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, dijo ayer la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Eliana García Laguna.
Eliana García impartió en Acapulco la conferencia “Reforma constitucional de derechos humanos, enfoque multidisciplinario en los derechos de las víctimas”, en el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UAG, en la que anunció la realización en la universidad de un diplomado en ciencias forenses a partir del 22 de agosto.
“A partir de que se hace la reforma en 2011, los derechos humanos caen en cascada y ya nadie se puede hacer como el tío Lolo”, dijo.
Indicó que con la Ley General de Víctimas se protege a las víctimas a nivel federal, estatal y municipal, y “ninguna autoridad de ningún nivel puede decir no me toca, aquí ya no es no me toca, te toca porque la Constitución lo dice, porque la propia ley en el artículo 76 en el párrafo último, dice que si no hay comisiones ejecutivas estatales la gente va a la comisión ejecutiva nacional y la protege, aquí ya nadie se puede hacer pendejo, con esta ley nadie puede decir no me toca”.
En el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución se establece que “todas las autoridades, en el a?mbito de sus competencias, tienen la obligacio?n de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debera? prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los te?rminos que establezca la ley”.
Eliana García explicó que “todas las autoridades, la recepcionista del Seguro Social, la afanadora del ISSSTE, todas las autoridades, todas, absolutamente todas están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, todititas, aquí ya no cabe eso de que ‘ay no, eso sólo lo sabe el que está en la Comisión de Derechos Humanos’, no, tú eres servidor público, tú eres servidora pública, tú trabajas en cualquier institución, la que sea, trabajas en el centro de salud allá en La Montaña y te pagan con dinero público, federal, estatal o municipal, eres autoridad obligada a promover, respetar, proteger y garantizar, tú eres secretario de Salud en el estado, estás obligado igual que la señora que hace la limpieza en el centro de salud de La Montaña”.
Abundó que los tratados internacionales suscritos por México están reconocidos al nivel de la Constitución y el Ministerio Público y el juez deben aplicar esos preceptos.
Ejemplificó con el caso de una persona detenida por policías judiciales o municipales y al rendir declaración acusa a sus captores de tortura, “y entonces ahí el ministerio público tiene que sacar la Constitución, la Ley Federal Contra la Tortura, pero además tiene que sacar la Convención Interamericana en Contra de la Tortura y la Convención Internacional en Contra de la Tortura”, y de entre todas estas deberá ajustarse a la que proteja más a la persona e iniciar la investigación por tortura, “aunque no le hayan querido sacar una confesión, si lo madrearon es tortura, porque así lo establecen los tratados internacionales que ahora son jerarquía constitucional”.
Indicó que en México a partir de 2011 con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó el poeta Javier Sicilia, se reconoció a las víctimas, pero en México siempre ha habido víctimas y puso como ejemplo a Guerrero con la Guerra Sucia, donde los ciudadanos fueron víctimas del poder por parte de agentes del Estado, con personas desaparecidas y encarceladas.
Recordó que fue la movilización de las víctimas convocada por Sicilia lo que generó la Ley General de Víctimas, y hay consejeros ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Señaló que otros compromisos no se han cumplido, como tipificar la desaparición forzada.
“Las víctimas se volvieron un actor fundamental, determinante, legítimo en este país, antes de mayo de 2011 las víctimas estaban en silencio, las víctimas no eran un tema en el país, a partir de este movimiento de las víctimas, las víctimas se volvieron un actor político fundamental de la justicia”, dijo.
Las obligaciones del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar son los principios de la justicia restaurativa.
Explicó que investigar es el derecho a la verdad, a saber qué pasó, “¿qué pasó en Guerrero?, ¿dónde están los desaparecidos en la época del 60 a los 80’s?, ¿dónde están enterrados si es que los enterraban?”, y agregó que antes se pensaba cómo ir al fondo del mar para buscar los cuerpos de quienes se decía fueron arrojados al océano.
Agregó que ahora los desaparecidos posiblemente no existen porque los grupos criminales han empleado técnicas para desaparecer los cuerpos, como quemarlos con diesel y vaciar los residuos en el drenaje, o disolver los cuerpos en sosa cáustica, y otros asesinan a las victimas y luego mutilan sus cuerpos para dejarlos en bolsas de plástico.
Sancionar es aplicar la justicia a los culpables luego de que se sabe qué pasó, y reparar y prevenir es impulsar políticas públicas para que no se repitan hechos que menoscaban los derechos de los ciudadanos.
Planteó que las universidades deben formar profesionistas en “derecho victimal” para que atiendan a las víctimas de la violencia y de violaciones a los derechos humanos.
Alertó que en medio de la violencia generalizada se oculta la violencia familiar y la violencia política.

Voluntad en la PGR de atender a víctimas

En su intervención, García Laguna dijo que el procurador Jesús Murillo Karam es el “principal aliado de las víctimas”.
Eliana García dijo que la diferencia del anterior gobierno con el actual es que “ahora sí el gobierno está buscando a los desaparecidos” y esa diferencia es enorme, porque “el que busca encuentra”.
“Hay esa voluntad en la instancia de procuración de justicia de acompañar de manera institucional, cumpliendo las facultades que le corresponden, la procuración de justicia para las víctimas”, dijo.
Agregó que el cambio en la actitud del gobierno a favor de las victimas se dio porque hubo una correlación de fuerzas y todos los partidos políticos tuvieron la decisión política de cambiar el sistema de justicia en el país.
Además, dijo, se están construyendo políticas públicas para prevenir la violencia.
Indicó que con el trabajo de atención a las víctimas se debe trabajar en la reconstrucción de toda la estructura de las instituciones para que funcionen en beneficio de las víctimas.
Agregó que falta trabajo especializado para la atención de las víctimas, como antropólogos forenses, odontólogos forenses, y eso es porque el país no estaba preparado para atender la crisis de violencia que ha vivido.

Crisis humanitaria

Al final de su exposición, la ex secretaria de la Mujer en el estado, Rosa María Gómez Saavedra, pidió a Eliana García que hablara sobre la crisis humanitaria que vive el país a causa de la violencia.
La funcionaria explicó que de acuerdo con expertos el problema de la violencia es porque los políticos están ocupados en otra cosa, “los gobernantes no asumen el tema de la seguridad de los ciudadanos”.
Dijo que no es el alcalde el que se ocupa de garantizar la seguridad de los habitantes de su municipio.
Precisó que se trata de seguridad en el sentido amplio, seguridad en el empleo, seguridad de educación, seguridad social y otras que son vitales para el desarrollo armónico de las personas, y cuando no se cuenta con esa seguridad “alguna parte va a descomponerse”.
Además de que se aceptan conductas delictivas que no se ven como graves y un régimen económico depredador “que va generando una situación de exclusión y marginación social que conduce a amplios sectores de la población a tener que actuar de manera ilícita porque la exclusión social está terrible”.
García Laguna opinó que la crisis humanitaria que vive el país es porque fue equivocada la estrategia de combate a la criminalidad.
Recordó que el especialista Edgardo Buscaglia habla de que a la delincuencia organizada se le debe combatir la estructura criminal, la financiera, la protección política y al mismo tiempo atender la reconstrucción social.
En el caso del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, dijo que sólo atacó a los capos y sicarios, lo que generó la aparición de más grupos y faltó trabajar en debilitar la estructura financiera de los carteles y la protección política.