Exigen abogados revocar el nombramiento a magistrados exonerados por la Corte

 * Presidentes de colegios piden al Congreso y  al gobierno buscar los mecanismos para lograrlo * Proponen reestructurar al Poder Judicial y reformas de fondo a la Constitución del Estado

 Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo * Presidentes de Colegios de Abogados del Estado de Guerrero propusieron la “reestructuración” del Poder Judicial, así como hacer “reformas de fondo” a la Constitución Política del Estado y  exigieron también al gobierno del Estado y al Congreso local buscar “los mecanismos para que revoquen el nombramiento” a los magistrados Jesús Martínez Garnelo y Miguel Maya Manrique así como a la juez María del Pilar León Flores.

En conferencia de prensa la presidenta del Colegio de Abogados de Acapulco, María de la Luz Reyes Ríos, dijo que con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que “deja sin efecto el juicio político” interpuesto en contra de los magistrados y la juez, “constituye una ofensa a la sociedad guerrerense”.

Fue en agosto de 2001, cuando mediante el juicio político que interpuso el empresario gasolinero, Javier Ibáñez Sandoval (quien fue asesinado el 11 de marzo de 2002), el Congreso del Estado inhabilitó de sus cargos por seis años a los magistrados Jesús Martínez Garnelo, Miguel Maya Manrique así como a la juez María del Pilar León Flores acusados de dejar en libertad al secuestrador Carlos Alberto García Castro, alias El Calilla, quien participó en el secuestro de su hijo, Javier Ibáñez Reyes, en 1996.

La reinstalación de los magistrados que mandató la SCJN en noviembre, dijo Reyes Ríos, que “nos orilla a expresar nuestra más rotunda inconformidad y rechazo, porque con ello se demuestra la falta de sensibilidad social, y refleja un deterioro institucional en la impartición del Estado”.

En la conferencia donde estuvo acompañada por el presidente de la Asociación de Egresados de Derecho y Ciencias Sociales de la UAG, región Acapulco, Victoriano Sánchez Carvajal; la secretaria de la Asociación de Egresados de Derecho de la UAG, región Chilpancingo, Josefina Hernández Catalán, así como por los abogados independientes José Ramírez Villalba y Pedro Ramíres  Millán, quienes interpusieron el juicio político en contra de los magistrados, insistió la abogada en que es una “ofensa para los guerrerenses”.

Exhortó Reyes Ríos al gobernador del estado, así como al Congreso local, a “buscar los mecanismos para revocar el nombramiento a los magistrados, ya que han incurrido en actos de corrupción”.

También exigió que se “reestructure” el Poder Judicial del Estado de Guerrero y se hagan reformas de fondo en la Constitución Política del Estado de Guerrero y no únicamente reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, como lo pretende el presiente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez”.

Indicó Reyes Ríos que “es necesario que se reflexione sobre la permanencia de los actuales magistrados, ya que hay algunos que tiene más de 20 años y es necesario imponer un sistema de control administrativo eficaz que lleve las estadísticas de productividad y eficacia de los servidores públicos del poder Judicial”

Argumentó la abogada que los magistrados que van a reinstalarse “no pueden tener una permanencia en el desarrollo de sus funciones, cuando han sido severamente cuestionados” por ello reiteró que el gobernador debe “buscar los mecanismos para que sean revocados del cargo los magistrados, ya que además al ser reinstalado vamos a tenerlo como inamovibles”.

La propuesta, destacó la abogada inconforme, es que se hagan “reformas a la Constitución Política del Estado, para que la figura de la inamovilidad sea reducida a un periodo y es que ante esta conducta de los magistrados, los abogados no tenemos credibilidad.”

Ante la reinstalación, dijo Reyes Ríos, “los abogados tenemos una desconfianza de quiénes van a administrar justicia, debido a que ya no hay probidad por parte de los magistrados Miguel Maya Manrique y Jesús  Martínez Garnelo, ya que la sociedad ha dictado su veredicto y los encontró culpables”.

Por su parte el presidente de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAG, región Acapulco, Victoriano Sánchez Carbajal, coincidió en que “la probidad es un elemento legal que se requiere para ser magistrado y si se ha perdido la confianza de la sociedad en estos tres funcionarios para impartir justicia, luego van a surgir reproches sociales”.

Hizo un llamado Sánchez Carbajal a los abogados para analizar y discutir la Ley Orgánica del Poder Judicial y es que recordó que la ONU envió al gobierno mexicano una recomendación para trasparentar el sistema judicial en el país, y aquí en Guerrero las autoridades locales, así como presidente del TSJ, Raúl Calvo Sánchez, deberían considerar estas propuestas.