Demandan que la desaparición forzada sea delito grave en Guerrero

 * Los casos recientes y los de la guerra sucia no han podido castigarse en el estado, señalan

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) y organismos no gubernamentales de derechos humanos iniciaron ayer la Campaña Estatal para la Tipificación de la Desaparición Forzada de Personas como delito grave en Guerrero.

Con ello se busca que se aplique la ley en el ámbito local, incluso, a los responsables de las desapariciones de la guerra sucia.

Organismos civiles que participan en esta campaña coincidieron en que no confían en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), mientras que las desapariciones forzadas de los años recientes no han podido castigarse porque dicha práctica no está incluida en el Código Penal del Estado.

La campaña comenzó ayer con un acto en el salón de Cabildos del Ayuntamiento de esta capital, donde estuvieron el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández; la secretaria técnica de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Silvia Castillo; el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Edgar Cortés y el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Esos organismos recibieron también el respaldo de Amnistía Internacional (AI) que envió una carta leída por la esposa del desaparecido de Tierra Colorada, Faustino Jiménez Alvarez, Enedina Cervantes, así como de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), por medio de Tita Radilla.

En el acto estuvieron, en representación del alcalde Saúl Alarcón Abarca, el síndico Humberto Calvo Memije; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rómulo Reza Hurtado; el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Félix Bautista Matías y en representación del procurador Jesús Ramírez Guerrero, el sub procurador de Derechos Humanos, Manuel Saavedra Flores, así como familiares de desaparecidos tanto de la guerra sucia como recientes.

El presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, dijo que no es posible que la desaparición forzada de personas, que en el ámbito internacional está considerada como un delito de lesa humanidad y es similar al genocidio o la tortura, no esté incluida en el Código Penal como delito.

Informó que ese organismo oficial de derechos humanos hace un año emitió la recomendación 019/2002 que contiene los casos de nueve desapariciones forzadas de personas en Guerrero ocurridas en los últimos dos años y en las que están involucrados dos ex directores, un comandante, tres jefes de grupo y cuatro agentes de la Policía Judicial del Estado.

Indicó que solamente están siendo procesadas ocho personas: un comandante tres jefes de grupo y cuatro elementos de la corporación, presos en Tecpan, Acapulco y Chilpancingo, pero faltan por ejecutarse 14 órdenes de aprehensión. Señaló que en el caso de los procesados, por falta de figura jurídica no están siendo juzgados por desaparición forzada de personas que sería un delito grave, sino por secuestro, abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública.

Por su parte, la secretaria técnica de la Red Guerrerense, Silvia Castillo, dijo que la campaña se inicia ante los vacíos jurídicos en la ley, la ausencia de una cultura de derechos humanos en las autoridades encargadas de la justicia y por la desconfianza en los organismos encargados de la investigación y la aplicación de la ley.

El director de del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Edgar Cortés Morales, dijo que la Campaña Estatal para la Tipificación de la Desaparición Forzada de Personas como delito se da en el inicio, hace dos años, del proceso para juzgar los crímenes del pasado por medio de la Femospp.

Observó que la campaña se inicia a unos días de que se entregó el diagnóstico de la ONU al presidente de la República Vicente Fox sobre violaciones a los derechos humanos en México, en el que contiene “un importante número de recomendaciones al gobierno mexicano por la falta de respeto a los derechos humanos”.

Cortés Morales subrayó que Guerrero es uno de los estos con más incidencia en materia de desapariciones forzadas y que la campaña significa una lucha contra la impunidad y para exigir no solamente la reparación del daño sino también para que se adopten medidas para que este delito ya no se repita.

La representante de Afadem Tita Radilla, dijo que ese organismo siempre ha pugnado porque se castigue la desaparición forzada de personas, “una práctica que ha utilizado el Estado para desaparecer a los opositores”.

Dijo que al incluirse en el Código Pernal del estado la desaparición forzada de personas es posible que se investiguen y se aclaren algunos de los casos ocurridos durante la guerra sucia, como el de su padre, Rosendo Radilla, desaparecido en 1994.

Señaló que en la investigación de los casos de las desapariciones forzadas de la guerra sucia, la Fiscalía Especial no ha dado los resultados esperados, puesto que a dos años de que comenzó a trabajar sólo tres casos ha consignado y sólo se ha responsabilizado a funcionarios menores.

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachonillan, encargado de leer el documento rector de la campaña, dijo que ésta se inicia en el 52 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU.

En el documento se insiste en la ausencia de una legislación que proteja los derechos humanos y que la desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad, “es un delito del Estado, planeado, organizado y ejecutado por la autoridad”.

Barrera Hernández dijo que la propuesta para que se legisle y se incluya la desaparición forzada de personas en el Código Penal del estado será llevada por la Codehum y los organismos civiles que promueven la campaña al Ejecutivo del Estado, así como al Congreso local.