Se suman 14 hombres indígenas de Ayutla a las denuncias de esterilización forzada

 * Presentan formal queja en la Codehum, y un visitador acudió a la comunidad de El Camalote a tomar las declaraciones de cada uno de los agraviados

 Maribel Gutiérrez, enviada, El Camalote (Primera parte) * Catorce hombres indígenas de esta comunidad me’phaa del municipio de Ayutla de los Libres fueron esterilizados mediante engaños, presiones y amenazas de un médico, una enfermera y un promotor de la Secretaría de Salud; 13 de ellos en 1998 y el más reciente en 2001. Más de cinco años esperaron a que les cumplieran las promesas de llevar beneficios al pueblo y a las familias con las que presionaron a los hombres para que aceptaran que los esterilizaran, y como esas promesas no se cumplieron, ahora hacen la denuncia y reclaman justicia.

Con apoyo del pueblo, de sus autoridades, de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, los agraviados presentaron la queja formal en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum). El lunes 8 de diciembre llegó hasta el poblado el visitador de ese organismo, Pedro Landa, con sus secretarios y el médico Pablo Sandoval Cruz, para tomar la ratificación de las declaraciones de los agraviados.

Esta denuncia de esterilización forzada a indígenas es la segunda que se presenta en Ayutla de los Libres, la primera, fue hecha en 1998 por 19 mixtecos de las comunidades de Ocotlán, Ojo de Agua y La Fátima.

En la comisaría, en el centro del pueblo de casas de adobe, rodeado por imponentes montañas tapizadas de jamaica y de maíz en las partes bajas y más arriba de bosques, en la región donde nace el río Velero, que se vuelve río Azul y Verde y en Acapulco Papagayo, se reunieron las víctimas de la esterilización forzada, que expusieron sus testimonios con la ayuda de su traductora, Andrea Eugenio Manuel.

Hasta esta comunidad, a tres horas de camino de la cabecera municipal de Ayutla, cerca de los límites con el municipio de Acatepec, llegó hace más de cinco años la política de la Secretaría de Salud para disminuir la natalidad por medio de la esterilización, en este caso forzada, de indígenas.

Los me’phaa esterilizados aceptaron que les practicaran la vasectomía, pero no fue una determinación libre.

De acuerdo con los testimonios, accedieron porque les prometieron a cambio que tendrían en la comunidad una clínica con un médico permanente y medicinas, becas para los niños, despensas, ropa y zapatos para la familia, y que el gobierno les iba a construir viendas. A los que dudaban los amenazaron con quitarles las becas del Progresa (renombrado Oportunidades por el gobierno de Vicente Fox), que reciben algunas mujeres y niños para alimentación y educación.

El llamado de la Brigada de Salud

En la queja que presentó en la Codehum el 24 de noviembre de este año el representante de los agraviados y delegado constitucional del lugar, Orlando Manzanares Lorenzo, expone que el 15 de abril de 1998, llegó a El Camalote la Brigada de Salud Número 3, de la Jurisdicción Sanitaria de la Costa Chica de la Secretaría de Salud, integrada por el médico Ernesto Guzmán León, la enfermera Mayra Ramos Benito y el promotor Rafael Almazán Solís, supuestamente para dar pláticas a las mujeres sobre salud.

Por la tarde, dichos empleados de la Secretaría de Salud solicitaron una reunión con toda la comunidad, y para eso tuvieron el apoyo del comisario de entonces, Romualdo Remigio Cantú, quien citó a todos los vecinos en la comisaría municipal.

En la asamblea, en la que estuvieron presentes las familias completas, con sus niños, el doctor con ayuda de los dos empleados, dijo a los vecinos que los hombres que tenían más de cuatro hijos se tenían que operar para ya no tener más hijos.

A cambio de la operación, “nos iban a construir una clínica en nuestra comunidad donde iba a estar un médico de planta y que la clínica iba a tener todos los medicamentos necesarios para nuestra atención y que además nos iban a dar despensa, ropa, cobijas, vivienda y que cada año nos iban a dar una beca para nuestros hijos”, dice el texto de la queja.

Explican porqué aceptaron y cómo se dieron las amenazas: “Debido a que las proposiciones de estos servidores públicos dependientes de la Secretaría de Salud del Estado eran tentadoras por la extrema pobreza que se vive en las comunidades indígenas, algunos aceptaron ser intervenidos quirúrgicamente, pero otros se opusieron, dijeron que ellos no se iban a operar, decían que porque operados ya no iban a vivir igual, que para ellos era un poco molesto.

“Sin embargo, a los habitantes que se opusieron a ser intervenidos quirúrgicamente, la enfermera Mayra Ramos los amenazó diciéndoles que si no se operaban les iban a quitar el apoyo de Progresa a sus esposas, pero a pesar de estas amenazas la mayoría de los habitantes de la comunidad no aceptó sus proposiciones”.

El Camalote tiene aproximadamente 130 jefes de familia, y sólo 13 aceptaron esterilizarse. A ellos, en ese momento los anotaron en una lista en la que decía que se comprometían a operarse.

Dicen que los motivó principalmente el ofrecimiento de tener una clínica con médico permanente y medicinas en la comunidad. “Manifestaron que la clínica era muy importante, que ya se había metido la solicitud, pero que no era seguro que se la aprobaran, y ya que tenían la oportunidad de asegurar que se las aprobaran a cambio de una operación, lo iban a hacer”.

Cinco años y ocho meses después, El Camalote sigue sin tener clínica y menos un médico permanente ni medicinas.

Narran que al día siguiente de la reunión, el 16 de abril de 1998, a las 4 de la mañana en una camioneta de la Secretaría de Salud trasladaron al Hospital General de Ayutla a siete personas.

Primero los invitaron a desayunar, y como a las 10 de la mañana comenzaron a operar, uno a uno; cada operación duraba aproximadamente 30 minutos; terminaron con el grupo a las 2 de la tarde, los dejaron descansar, y horas después los llevaron de regreso a El Camalote.

El 17 de abril se repitió el procedimiento con otros seis indígenas.

El caso más reciente de esterilización forzada ocurrió el 11 de julio de 2001. La víctima es Pascual Eugenio Cruz, que declara que en varias ocasiones fue a su casa una enfermera de la Brigada de Salud número 4, conocida como Yeny, quien lo presionó para que se operara para que ya no tuviera más hijos y a cambio le iban a dar vivienda, despensas y ropa para sus hijos, y amenazó con quitarle el apoyo para alimentación del Progresa que recibía su esposa si él no aceptaba que lo esterilizaran.