Cancelan aprehensión a jornaleros de Guerrero acusados en Sinaloa

 * Laboran en los campos de esa entidad 41 mil  guerrerenses, entre ellos 11 mil niños, informa el asesor López Gracida

 Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo * El gobierno del estado de Sinaloa canceló las órdenes de aprehensión que giró el año pasado en contra de seis jornaleros agrícolas guerrerenses que pertenecen a la Unión de Indígenas del Sur del País (UISP), quienes estaban acusados de ocasionar daños al patrimonio de esa entidad, luego del altercado que se suscitó con la policía sinaloense en el Palacio de Gobierno en Culiacán, donde exigían mejores condiciones de vida, informó el asesor jurídico de la Procuraduría de la Defensa de los Campesinos, Alfredo López Gracida.

Entrevistado vía telefónica, López Gracida precisó que el pasado lunes, él y  el procurador de la Defensa de los Campesinos de Guerrero, Lennin Carbajal Cabrera, se entrevistaron con  el director de Gobierno de Sinaloa, Martín Prado Quintana, y tras plantearle la situación jurídica que guardaban los seis jornaleros agrícolas acusados el año pasado de dañar el patrimonio de esa entidad, el funcionario sinaloense mandató a la Policía Ministerial que “no se ejecuten las aprehensiones”.

Cabe destacar que los seis jornaleros  fueron detenidos por la policía sinaloense el 11 de  marzo del año pasado bajo la causa penal 39/2002, tras protestar en aquel estado en demanda de mejores  condiciones de vida. La protesta terminó con un altercado entre policías sinaloenses y los campesinos migrantes, y resultaron fueron varios vidrios rotos de algunos de edificios públicos de esa entidad, presuntamente del Palacio de Gobierno.

Entre los detenidos se encontraba el dirigente de la UISP, Nicolás Mendoza de los Santos, así como otros cinco integrantes de esa organización: Regino Julián Mendoza, Braulio Vázquez Melo, Alejandro Ortiz Vázquez, Natalio Vázquez Solano y Leonides Hernández Vázquez; quienes después del pago de una fianza  fueron puestos en libertad bajo caución, pero no cumplieron con este requerimiento legal, debido a que regresaron a Guerrero.

Entonces ante la situación jurídica que  según López Gracida presentaba los campesinos migrantes, el dirigente de la UISP, Nicolás Mendoza de los Santos, solicitó desde el mes de julio la intervención de la Procuraduría de la Defensa de los Campesinos,  para que “les brindara asesoría jurídica”, por la falta en que incurrieron al dejar de firmar el libro, por lo que el gobierno de Sinaloa había girado nuevamente órdenes de aprehensión en contra de los seis jornaleros agrícolas.

Por lo anterior, señaló el asesor jurídico, se trasladaron hacia el estado de Sinaloa para analizar la situación jurídica de los campesinos migrantes, obteniendo así que el director de Gobierno de aquel estado “cancele, las órdenes de aprehensión” contra los jornaleros guerrerenses.  

Asimismo López Gracida indicó que durante su estancia en Sinaloa exigirán además al gobierno de ese estado “mejores condiciones de vida, mejores salarios y educación” para los 41 mil  guerrerenses, entre ellos 11 mil niños que se encuentran laborando en los cultivos de esa entidad.