Propondrá la PGJE aumentar penas por secuestro y tipificar prostitución infantil

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) elabora una propuesta que será enviada al Congreso para incrementar las penas a los secuestradores y tipificar en el Código Penal el delito de prostitución infantil, informó ayer el procurador de justicia, Jesús Ramírez Guerrero.

Esto a una semana de que dirigentes empresariales de esta capital denunciaron que sólo en un mes en Chilpancingo se cometieron cinco secuestros, por lo que pidieron al gobernador René Juárez y al secretario de gobernación Santiago Creel mayores medidas de seguridad para los comerciantes y empresarios.

Ramírez Guerrero dijo que aún no existe una propuesta concreta con respecto al número de años de prisión que podría establecerse a los secuestradores y a los que cometan el delito de prostitución infantil, “porque apenas estamos analizando la propuesta”.

Actualmente el Código penal del estado establece una pena de 45 años de prisión a quienes cometan el delito de secuestro.

Mientras que con respecto a la prostitución infantil –que se comete con más frecuencia en el puerto de Acapulco– el procurador Ramírez Guerrero reconoció que este es un ilícito que no está contemplado como delito en el Código penal del estado y que con esta propuesta de reformas se busca incluirlo.

Informó que ambas propuestas se enviarán al Congreso local en un paquete de reformas al Código penal del estado “para que se revise si son propuestas que convienen a la sociedad”.

Ramírez Guerrero también demandó a los dirigentes de la Canaco, Pioquinto Damián Huato y al de la Canirac, Lorenzo Leonardo Arroyo, que proporcionen la información a la Procuraduría de los cinco secuestros que se cometieron en el último mes.

Sin embargo dijo que los empresarios “sólo tienen la apreciación o la presunción. Yo quisiera que nos dieran los elementos. Todo es bien venido, lo que no es posible es la confusión y la especulación irresponsable que muchas veces puede confundir a la sociedad”, dijo el funcionario.

Y con respecto a la denuncia de los indígenas del municipio de Zapotitlán Tablas de que a casi siete meses de la masacre de cinco de sus compañeros no se han ejecutado las ordenes de aprehensión, el procurador informó “se siguen cumplimentando las ordenes de aprehensión y actuaremos conforme a la ley. El director de la Policía Judicial está instruido para detener a esas gentes”, dijo.