Pide la Codehum sancionar al alcalde de Chilapa por el desalojo del FDP

* Insistirán en el juicio político a Maclovio Ariza, dice la dirigente Clemencia Guevara Tejedor

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) emitió una recomendación al Cabildo de Chilapa a fin de que determine la sanción administrativa que corresponda al alcalde, Maclovio Ariza Acevedo, por el desalojo de indígenas en agosto pasado.

La recomendación 041/03 de la Codehum se refiere al desalojo de los miembros del Frente de Defensa Popular (FDP) el primero de agosto de un terreno que tenían tomado en demanda de que se autorizara la instalación ahí de un tianguis de artesanías, así como del desalojo del Palacio Municipal el 4 de agosto que habían tomado en protesta por el primer desalojo que sufrieron.

El presidente de la Coddehum, Juan Alarcón Hernández, confirmó que ya está lista la recomendación, pero se negó a proporcionar mayores detalles porque dijo que primero se entregaría al destinatario “y no después se diga que primero se dio a conocer a través de los medios”, argumentó.

Sin embargo la dirigente del FDP, Clemencia Guevara Tejedor, mostró a algunos medios de comunicación la copia de la recomendación 041/03 dirigida al Cabildo de Chilapa en donde se pide que esa instancia determine la sanción administrativa correspondiente al alcalde por su responsabilidad en los dos desalojos en contra de indígenas miembros del FDP.

“Ahora sí el presidente municipal ya no puede andar diciendo por ahí que es una blanca palomita, cuando ya existe esa recomendación”, indicó la dirigente de la organización.

Guevara Tejedor denunció que hasta ahora el Congreso del Estado ha protegido al presidente municipal Ariza Acevedo toda vez que no ha procedido en su contra la demanda de juicio político, “pero ahora con esta recomendación vamos a insistir para que se proceda con este juicio político en contra del presidente municipal”.

Señaló que los hechos de violencia contra indígenas el primero y cuatro de agosto, que tuvieron un resultado en el caso del segundo desalojo de lesionados y cerca de 30 detenidos, no pueden quedar impunes.