Estafadores engañan por teléfono con secuestros en Chilpancingo: Codehum

* Se une Alarcón a la preocupación de empresarios

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero (Codehum), Juan Alarcón Hernández, se sumó ayer a la preocupación de algunos dirigentes empresariales de esta capital por el incremento de la inseguridad pública en esta capital.

Aunque reconoció que no son propiamente secuestradores los que están operando en Chilpancingo en los últimos días, si se trata de bandas de “estafadores” que están amenazando por vía telefónica para obtener recursos mediante el engaño de que tienen a personas que van a secuestrar o que tienen secuestradas.

Expresó que en algunos casos quienes efectuan las llamadas se dicen policías y amenazan a familiares de la persona que presuntamente tienen detenida al decirles que si no les entregan determinada cantidad de dinero lo van a consignar a las autoridades correspondientes.

“Yo conozco ya de dos casos de personas que han sido llamadas por teléfono pero que no han presentado queja porque no se sabe quienes son los que llaman o de donde proviene la llamada”, dijo el presidente de la Codehum.

Mencionó que se trata de una “banda de estafadores o secuestradores que engañan por vía telefónica en el sentido de que tienen secuestrada a un integrante de la familia y amenazan que si no le entregan determinada cantidad de dinero la van a privar de la vida”, explicó.

Indicó que la Procuraduría de Justicia del Estado debe coordinarse con Seguridad Pública estatal a efecto de tomar medidas preventivas.

El presidente de la Codehum fue entrevistado ayer en las oficinas del organismo después de una reunión que sostuvo con miembros de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos con quienes trabaja la Comisión Estatal para elaborar una propuesta a fin de que se tipifique como delito grave la desaparición forzada de personas.

“Con los de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos estamos trabajando para demandar ante el Congreso del estado que se considere el delito de desaparición forzadas de personas”, informó el ombusdman guerrerense.

“Estamos trabajando en estas cuestiones porque consideramos que es necesario coordinar esfuerzos con todos los involucrados en la lucha a favor de los derechos humanos para que el delito de desaparición forzada de personas sea un tipo penal que esté contemplada en la ley porque es un delito que se está dando con mucha frecuencia, en primer lugar, y en segundo porque se debe proteger a través de la ley a las victimas. Es un delito grave y debe ser sancionado como tal”, insistió.

La reunión con los miembros de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Civiles se llevó a cabo en uno de los salones de la Codehum sin la presencia de los medios de comunicación.

Alarcón Hernández dijo que la propuesta que se elabora es para que la desaparición forzada de personas se incluya como delito en el Código Penal del estado, pues dijo que en Guerrero como en otras entidades del país, no está considerado ese ilícito.

“No es privativo de Guerrero, en muchos estados no existe el delito de desaparición forzada de personas y últimamente existe una corriente de opinión que ha venido impulsando este tipo penal”.

El Ombusdman citó el caso de la recomendación 019/2002, “es una recomendación que contiene ocho expedientes por la desaparición de nueve personas”, recordó Alarcón Hernández, “en ella se demanda a la Procuraduría General de Justicia la sanción correspondiente conforme a derecho en contra de elementos de la Policía Judicial del Estado, comandantes y dos ex directores, recordó.

Y es que explicó que la desaparición forzada de personas no es lo mismo que una privación de la libertad, “esta ahí queda y sólo se detiene por un tiempo”, mientras que las desapariciones forzadas son prolongadas y en muchos de los casos han sido asesinatos y secuestros.

Por ello señaló que la Codehum y los organismos civiles de derechos humanos “debemos cuidar y proteger a quienes en algún momento dado han sido víctimas de este delito que causa graves daños, no solamente a la persona que es desaparecida sino a la familia; y lastima a la sociedad porque los ciudadanos viven en zozobra de que en cualquier momento puedan ser objeto de desaparición forzada”.

Explicó que la desaparición forzada la comenten las autoridades y no es un delito entre particulares.

Alarcón Hernández no informó cuantos casos ha habido aparte de las nueve desapariciones forzadas de personas que están consideradas en la recomendación 19/2002, sin embargo aseguró que se han presentado algunos casos más.