En el juzgado tercero, la demanda de amparo del ex judicial Isidro Galeana

 * Sus actos fueron resultado de la “obediencia debida”, alega la defensa

 Aurelio Peláez * El juzgado tercero de Distrito dio entrada ayer a una solicitud de amparo interpuesta por el ex comandante de la Policía Judicial, Isidro Galeana Abarca, sobre quien Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) solicitó una orden de aprehensión desde el pasado 26 de noviembre.

La solicitud adolece de una serie de irregularidades, entre otras, que se presentó contra actos del juez segundo de Distrito, cuando la instancia que libró la orden de aprehensión fue la juez cuarta. Asimismo, en el listado de acuerdos oficial publicado en la página del Consejo de la Judicatura Federal en Internet aparece como solicitante “Isidoro” y no Isidro.

El trámite, de atenderse formalmente, daría tiempo a la defensa del ex jefe policiaco de solicitar y revisar el expediente a partir del cual la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión por la desaparición forzada de Jacob Nájera Hernández, en 1974, la primera solicitada en Guerrero por causas de la guerra sucia, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró el delito de desaparición forzada como imprescriptible.

El abogado de Isidro Galeana alega en defensa del ex judicial ahora perseguido que éste actuó en la desaparición que se le imputa cunpliendo órdenes, es decir, que sus actos fueron resultado de la “obediencia debida”.

El trámite de amparo podría resolverse incluso hasta enero del año próximo. Isidro Galeana, admitió su abogado Roberto Vázquez el pasado lunes, se encontraba formalmente prófugo, luego de que la Fiscalía demoró en la ejecución de la orden de aprehensión. Organismos de Derechos Humanos como la Red de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero reprocharon a la Fiscalía que no se haya dictado una orden de arraigo sobre el ex jefe policiaco, antes de solicitar su orden de aprehensión.

Los policías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), adscritos a la Fiscalía, no ejecutaron en siete días la orden de aprehensión.

La notificación de la entrada de la solicitud de amparo es la 1313/2003 a favor de “Isidoro Galeana Abarca”, es en contra de actos del “Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco y otras”, y fue promovida el 4 de diciembre.

Ahora, a partir del 4 de diciembre, el juez cuarto de la causa tiene 72 horas para enviar al juez segundo la averiguación previa, porque los abogados de Isidro El Chiro Galeana no tienen acceso a ella. Esto, si la documentación le es requerida por el Juez tercero, que es hacia donde se dirigió el trámite.

Pero de continuar el trámite, habría un periodo para la realización de una audiencia constitucional, que sería en 10 a 15 días, tiempo en el que la defensa argumentaría ante el segundo juzgado las causas que considera violatorias a sus garantías.

Si en ese tiempo el juez segundo determina que el ex comandante policiaco tiene razón, cuya defensa ha hablado de que sus actos fueron resultado de la “obediencia debida”, el amparo se podría resolver en enero.

En este periodo la AFI no podría realizar ninguna detención, hasta que se resuelva el amparo. Esto si el juzgado no está sobrecargado de trabajo y difiere su sentencia.

Con el amparo, el abogado de Isidro Galeana tendrá acceso al expediente y conocerá el contenido de las declaraciones de todos los que lo acusan, además de las que El Chiro realizó ante la Fiscalía.

Sin embargo quedaría otro caso hipotético. La AFI podría detener a Isidro Galeana, de ser real el error en el nombre del oficio entregado por el abogado, afirmando que buscan a Isidro y no a Isidoro. Para eso los agentes tendrían que cotejar el oficio interpuesto por la defensa.

Hay versiones que ubican al ex comandante policiaco ya fuera de Guerrero, y otras que señalan que se encuentra con su familia en El Embarcadero, en el municipio de Coyuca de Benítez.

En Guerrero, la integrante de la organización La Voz de los Sin Voz, perteneciente a la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Hilda Navarrete, reprochó que la Fiscalía no haya solicitado el arraigo del indiciado en un caso como el actual, el primero de cerca de 150 procesos que siguen familiares de desaparecidos durante el periodo de la guerra sucia de los años setentas.