Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Represión de viejo cuño: Mireles y Suástegui

Por todas partes se asoman los signos de regresión surgidos al calor del retorno del PRI al poder. Dos manifestaciones de ese mal se desarrollan ahora mismo en ámbitos tan dispares como la industria de las telecomunicaciones –donde la histórica y perniciosa alianza entre el régimen priísta y Televisa será ratificada hoy mediante la votación en el Senado de una ley reglamentaria que protege los intereses de esa empresa– y la estrategia contra la inseguridad pública, cuya característica más novedosa no es su efectividad contra los criminales, sino la batida que el gobierno federal emprendió contra el grupo residual de las autodefensas de Michoacán al mando de José Manuel Mireles.
La misma táctica avasallante con que el gobierno de Enrique Peña Nieto impuso en el Senado el dictamen para  hacer prevalecer los intereses de Televisa –aprobado en comisiones incluso con el voto de algunos perredistas, entre ellos el del guerrerense Armando Ríos Piter, cuyo alineamiento a los dictados de Televisa y del PRI salió a flote una vez más– fue aplicada en la ejecución del montaje para detener a Mireles.
Son tantas las similitudes entre la detención del dirigente del Cecop Marco Antonio Suástegui en Acapulco y la de José Manuel Mireles en Michoacán, que resultaría ingenuo pretender que se trata de hechos aislados y casuales. Líderes ambos de movimientos sociales que cuestionan y exhiben al gobierno, fueron escarnecidos y así mostrados en público para hacer sentir la fuerza inapelable de la autoridad. Suástegui fue torturado y Mireles encapuchado como el más vil de los delincuentes y sometido a las burlas de los agentes que lo detuvieron, según se comprueba en un video hecho público. El primero fue enviado a un penal de Tepic, Nayarit, y el segundo a uno de Hermosillo, Sonora, con objeto de obstaculizar su defensa jurídica. A Suástegui se le adjudicó primero el delito de tentativa de homicidio, que era tan desproporcionado que el juez reclasificó el cargo a lesiones, pero también fue acusado de robo calificado, por el cual es mantenido en prisión.
A Mireles lo acusa el gobierno federal de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, y sin que haya sido explicado el motivo lo presentó rapado en público. La imagen del dirigente michoacano sin pelo ni bigote y tras las rejas ha suscitado una ola de reacciones inusitadas. Después de un ex alcalde michoacano que se rapó en solidaridad con Mireles, su abogada Talía Vázquez difundió una fotografía en la que aparece igualmente rapada en protesta por la detención y el trato infligido al líder de las autodefensas.
Suástegui y Mireles –junto a Nestora Salgado García y los presos de la CRAC– son los símbolos más recientes de la represión lanzada por el gobierno federal para sofocar movimientos sociales cuyo activismo representa un severo cuestionamiento a la ineficacia gubernamental. Son líderes sociales, no criminales, pero son tratados como si lo fueran, o peor, pues no hay registro de que El Chapo, por ejemplo, haya recibido en su captura algún sufrimiento semejante.
La vena autoritaria restaurada con la reinstalación del PRI en la Presidencia busca incondicionalidad y la imposición de una visión excluyente del país, en el que cabe el culto al mercado y al dinero, pero no la disidencia y apenas (en calidad de presunción) la pluralidad política. Como antes. Es obvio que detrás de la reforma de las telecomunicaciones existe el objetivo de ofrecer a Televisa una jugosa retribución por los servicios que esta empresa prestó a Peña Nieto en su estrategia para hacerse del poder, como en su momento hicieron Vicente Fox y Felipe Calderón, cuyos gobiernos rindieron vergonzosos tributos a la televisora.
Está claro, por otra parte, que en lo que se refiere a la inseguridad pública, lo que más le interesa al gobierno federal no es combatir al crimen, sino decir y hacer creer que lo combate y que reduce las estadísticas de la violencia. En Michoacán el factor que decidió la lucha contra los cárteles –en el supuesto de que estuviera definida– fueron los grupos de autodefensa, sin los cuales no se habría reducido la violencia. Pero en lo que parece haber sido una determinación de administrar la situación y proyectar una apariencia de tranquilidad, las prioridades gubernamentales cambiaron y las autodefensas fueron convertidas en blanco del encono oficial. Por esa razón fueron cooptados o sometidos otros líderes comunitarios, como Estanislao Beltrán, conocido como Papá Pitufo por su barba estilo Santa Clós, e Hipólito Mora, quien también sufrió prisión por una acusación de asesinato que se reveló infundada. La existencia de autodefensas al margen de la “institucionalidad” repentinamente pasó a ser un acto de intolerable desacato. El desarme pactado en mayo y la conversión de los grupos de Beltrán y Mora en policías rurales legalmente incorporadas al sistema de seguridad de Michoacán dejó solo a Mireles, quien se había destacado por la claridad de sus posiciones críticas ante el gobierno. La disidencia de Mireles y su crecimiento como líder con arraigo social ciertamente es un peligro para un gobierno de tendencias absolutistas.
Aunque de otra clase, es vista igualmente como peligrosa por el gobierno de Peña Nieto la inconformidad social que se desarrolló en los pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec contra el proyecto de la presa La Parota. La voz más visible y activa de esa inconformidad es Marco Antonio Suástegui, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. Supone el gobierno federal (auxiliado con entusiasmo por el estatal de Angel Aguirre Rivero) que la detención de Suástegui Muñoz derribará la legítima postura de rechazo de los pueblos a la obra. La Parota es un negocio magnífico para los grandes intereses empresariales, pero cuyo impacto para las comunidades sería devastador desde todos los puntos de vista. Es posible que la oposición a La Parota no hubiera crecido tanto ni tan unánimemente, si los pueblos hubiesen sido tomados en cuenta desde el principio. No fue así, y el gobierno de Peña Nieto ensaya la mano dura para imponerla a toda costa, por encima de cualquier derecho ciudadano. Es la represión como instrumento de gobierno, aquel viejo mal que regresó al país.
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