Jaime Salazar Adame

Juicio político  

Como consecuencia de las últimas elecciones municipales en las cuales el Partido Revolucionario Institucional dejó de gobernar a más de la mitad de los guerrerenses han aflorado situaciones de ingobernabilidad en diferentes municipalidades de la entidad, entre ellas destacan las de Chilpancingo, Zitlala, Zapotitlán y últimamente, como resultado de los recientes sucesos en el ayuntamiento de San Luis Acatlán, en las notas periodísticas fundamentalmente sobresalen las tensiones entre los comisarios de más o menos las tres cuartas partes de las comunidades y las autoridades municipales por ausencia de obra pública y desconocimiento del destino de los recursos para ellas. En esta polarización se ha llegado al secuestro de funcionarios y ediles municipales por los opositores como recurso de presión para obtener respuesta a sus reclamos, en los que incluso han planteado la demanda de juicio político contra el alcalde.

Algunas experiencias de cultura política han sentado el precedente de que los gobernantes corren el riesgo de ser depuestos del cargo cuando se conjugan tres factores en su contra: 1) Cuando el escándalo político erosiona su autoridad; 2) Cuando la opinión pública se moviliza en su contra, generalmente como resultado de malos resultados en la gestión administrativa; y 3) Cuando el gobernante carece de recursos para controlar al Congreso.

Algunas de las condiciones propicias para el descontento popular se dan cuando los presidentes municipales llegan al gobierno con amplio apoyo electoral y creen que esto es suficiente para garantizar la gobernabilidad y mantenerse en la cumbre. Confiados en el poder de su cargo por exceso de soberbia, presionados para cumplir compromisos con sus aliados políticos, desafían a otras fuerzas políticas y rompen patrones institucionalizados entre las esferas del poder. El aislamiento que esto le ocasiona y la apertura de múltiples frentes, en principio concebidos como muestra de fortaleza, al final prueban ser debilidades cuando su autoridad comienza a mirarse erosionada.

Los casos en los que la autoridad municipal resulta rebasada y socavada se produce cuando antiguos aliados pasan a integrar la oposición activa. Normalmente, esta situación involucra una simultánea incapacidad del presidente municipal para mostrar credenciales que respalden su autoridad moral para gobernar; presentar resultados de obra pública que eviten que la sociedad civil se movilice en su contra, y forjar una base de apoyo en el Congreso vía las fracciones parlamentarias, y los hilos que mueven a cada una de éstas. Sin esta red protectora se ocasiona el aislamiento político de la autoridad municipal porque le resta el apoyo de poderosos miembros de la élite, como la del gobierno estatal o el proveniente de la burocracia partidista por ejemplo.

Las crisis de gobernabilidad que pasan por los escenarios de la opinión pública generalmente han empezado en buena medida por la forma en la que los presidentes municipales entienden la naturaleza institucional de su cargo, y tal vez, es el elemento que da cohesión a los factores del escándalo, la debilidad legislativa y a la movilización popular. El estilo personal de gobernar como lo llamó don Daniel Cossio Villegas es lo que lleva al enfrentamiento con los sectores populares, sean representantes de las comunidades, de grupos de presión y en general de la sociedad civil y de la élite gobernante.

Cuando la demanda popular prospera, se puede producir el destronamiento de diversas formas, las más usuales son el permiso para disolver el ayuntamiento sin violentar al régimen político y el juicio político. Este lo entendemos en su generalidad como el proceso legal por el cual el Poder Legislativo delibera para revocar el mandato del presidente municipal, pero, como sabemos, la tradición política partidista en su generalidad ha dejado en desuso esta figura legal para reemplazarla con las renuncias por motivo de salud, por permisos para aceptar cargos en la administración pública de otro ámbito, y solamente en determinados casos se aplica el mandato constitucional, pero lo que priva son las negociaciones que establecen las fracciones parlamentarias para atenuar los costos políticos que electoralmente le puede acarrear en la entidad, de allí que resulte clave que los diputados aliados al cuestionado edil, se ocupen siempre de encapsular la crisis política dentro de un marco legal para evitar de este modo la dispersión del conflicto y sus fatales consecuencias.

Resulta difícil predecir la dirección que asumirá el caso de San Luis Acatlán o del comportamiento político de otros tantos ayuntamientos con riesgos de gobernabilidad, pero el fortalecimiento de la prensa independiente y la preponderancia de los medios masivos de comunicación social, así como de los mecanismos populares de la rendición de cuentas conducirán al fortalecimiento de la democracia.

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