Jesús Mendoza Zaragoza

   Legalidad y falsos sacerdotes

 Desde hace más de 20 años, la arquidiócesis de Acapulco ha tenido que soportar la interferencia de falsos sacerdotes que, aprovechando vacíos pastorales y el precario número de sacerdotes, usurpan funciones y ocupan templos edificados por los fieles católicos. Hasta 1994, al no contar con personalidad jurídica reconocida por las autoridades civiles, la arquidiócesis no podía valerse de recursos legales para solucionar este problema. Pero a partir de dicho año, con la Ley de asociaciones religiosas y culto público, las iglesias son reconocidas por la ley, como asociaciones religiosas. En su momento, la Arquidiócesis de Acapulco, AR recibió su registro correspondiente, registrando todos los templos parroquiales y las capillas construidas por los fieles para el culto católico.

Resulta que la así llamada “Iglesia de Dios, católica, apostólica, nacional mexicana independiente” recibió, también, su registro de la Secretaría de Gobernación, registrando como propios varios templos ya anteriormente registrados por la arquidiócesis de Acapulco.

Hay que destacar que en ese tiempo, la Secretaría de Gobernación no tuvo el cuidado necesario para otorgar el registro a asociaciones religiosas, como la mencionada anteriormente, cuyo representante legal, Angel Torres se ostenta como obispo y acostumbra introducirse a los templos católicos a simular la celebración de los sacramentos. O los requisitos legales eran muy laxos o eran muy discrecionales o no se llenaron los requisitos que aseguraran el respeto a otras asociaciones religiosas. Se trata, en este caso, de una persona que encontró su modus vivendi en la práctica de engañar a fieles católicos haciéndose pasar como sacerdote, celebrando los sacramentos según los ritos propios de la Iglesia católica, en los templos construidos por fieles católicos y registrados previamente por la arquidiócesis de Acapulco. De esta manera, el registro legal que la Secretaría de Gobernación dio a dicha asociación religiosa afectó los intereses legítimos de la arquidiócesis de Acapulco al dar legalidad a la usurpación de funciones, a la ocupación de templos ajenos y al engaño doloso a los fieles.

Como este caso, se han dado otros más de falsos sacerdotes, cobijados con dicho registro legal o sin registro. Y la Iglesia católica los llama “falsos sacerdotes” por el hecho de que se presentan dolosamente y de manera ambigua engañando a los fieles católicos, celebrando de manera irregular y engañosa los sacramentos con los ritos católicos y afectando la acción pastoral de la arquidiócesis y de sus agentes de pastoral. Nada tendríamos que objetar en el caso de que dichos pseudo-sacerdotes manifestaran sin ambigüedades a los fieles que ellos no son ministros católicos y que no pertenecen a la Iglesia católica y, siempre y cuando, no invadieran los templos católicos, así como nada objetamos a los ministros protestantes quienes legítimamente realizan su ministerio sin interferir y sin engaños a los fieles católicos cuando ellos se manifiestan abiertamente como no católicos y respetan los templos católicos.

Ciertamente se respira un aire de tolerancia y de respeto en los ámbitos institucionales de las diversas asociaciones religiosas de nuestra región y es preciso que el diálogo siga siendo el medio usado para dirimir diferencias. Pero cuando se conculcan legítimos derechos de terceros y se presentan quejas fundamentadas, la autoridad correspondiente tiene que resolver conforme al derecho. Habrá que ver si el Reglamento de la Ley de asociaciones religiosas y culto público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre pasado, a cargo de la Secretaría de Gobernación cuenta con los recursos para dar solución legal a estos casos.